Andizhán, en el este de Uzbekistán, continuaba hoy en estado de sitio, acordonada por policías y militares, mientras las autoridades reconocen unos 70 muertos y testimonios concordantes hablan de por lo menos 500 en la sangrienta represión de la insurrección del viernes.

Unos 50 kilómetros al este, la calma retornó en la ciudad de Kara-Suu, situada en la frontera con Kirguistán y a donde llegaron refugiados provenientes de Uzbekistán para intentar cruzar el río que divide la ciudad, en medio de los dos países, constataron fuente de prensa.

Todo poder oficial parecía ausente en el sector uzbeko de la ciudad.

Al menos 600 personas murieron en las operaciones militares lanzadas tras la insurrección de Andizhán, indicó ayer un testigo que afirma haber visto los cadáveres.

Unos 500 cadáveres estaban depositados en una de las escuelas de Andizhán, precisó la responsable de la ONG uzbeka Animokur, Gulbahor Turdiyeva.

Otro centenar de cadáveres estaba en un colegio de la construcción, añadió Turdiyeva.

Profesores de esta ciudad de 300.000 habitantes del valle de Ferghana, interrogados en el lugar, indicaron que vieron unos 500 cuerpos en total en varias morgues. Varios de ellos estimaron que la población estaba "aterrorizada" y se mostraron pesimistas sobre el futuro.

Las autoridades uzbekas dieron hoy un balance muy inferior. Un responsable uzbeko en Andizhán indicó que según las cifras brindadas por el ministro de Interior, Zakir Almatov, más de 70 personas murieron durante los disparos del viernes y 70 "organizadores de disturbios" fueron detenidos.

Almatov dio estas cifras ayer, durante un encuentro con los principales responsables de la región, indicó este funcionario, que asistió a la reunión y pidió mantener su nombre en el anonimato.

"La gente está aterrorizada, ya no irá a manifestar", afirmaban hoy algunos maestros de Andizhán, en paro forzado, ya que todas las escuelas cerraron hasta nueva orden.

Del lado de la frontera, los guardafronteras kirguises anunciaron que impidieron a un grupo de 100 a 150 uzbekos pasar a Kirguistán en la región de Jalal Abat.

En Kara-Suu, donde la frontera fue reabierta ayer, el viejo puente soviético, roto hace seis años por la autoridades uzbekas, fue reparado por los habitantes de la ciudad. Los peatones podían así cruzar el canal de 14 metros de largo para pasar a Kirguistán, donde las autoridades verificaban los documentos de identidad y el contenido de sus efectos personales.

Ayer se multiplicaron las reacciones internacionales a la sangrienta represión de la insurrección.

La ONG Human Rights Watch fustigó a las autoridades uzbekas por haber ordenado disparar contra manifestantes con la excusa de la "guerra contra el terrorismo".

"No se trata de terrorismo, sino de personas que se expresaban contra la pobreza y la represión", declaró Holly Cartner, responsable de Asia Central en el seno de la organización de defensa de los derechos humanos, que indicó que teme "mayores represalias".

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (Osce) también exhortó a la dirección uzbeka a "tomar en cuenta los derechos de las personas" y su representante en Tachkent, Miroslav Jenea, propuso "la asistencia de la Osce para investigar las causas profundas de los problemas, con el objetivo de una solución viable".

Gran Bretaña denunció ayer "las violaciones a los derechos humanos" y "la ausencia de democracia" en Uzbekistán, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Jack Straw.

Pero el canciller uzbeko también reaccionó, expresando su "sorpresa", y preguntándose "cómo sabe Straw que las fuerzas del orden dispararon contra los manifestantes cuando eso no ocurrió", y le aconsejó leer el texto de la conferencia de prensa del presidente Islam Karimov.

El sábado el presidente uzbeko, Islam Karimov, desmintió haber dado la orden de abrir el fuego, justificando sin embargo la represión de un movimiento que estaría dirigido, según él, por los islamistas del partido prohibido Hizbi Tahrir.

Es una de las peores crisis que ha enfrentado el presidente uzbeko Islam Karimov, que desde 1991, dirige con mano de hierro este país de Asia Central, rico en gas y donde está instalada una base militar estadounidense.

La insurrección fue lanzada para protestar contra el proceso en curso de 23 personas acusadas de propagar ideas islamistas radicales, y obtener así su liberación.

Acceso a cooperantes

El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Joschka Fischer, reclamó hoy a las autoridades uzbekas que permitan el acceso de la Cruz Roja y el resto de cooperantes internacionales a la región de la crisis.

Ese acceso debe garantizarse para que puedan desarrollar su trabajo, pero también para que la comunidad internacional pueda hacerse una idea de la situación en el sudeste del país, donde grupos de personas están cruzando la frontera.

En un comunicado difundido hoy por su oficina, el jefe de la diplomacia alemana se declara "muy preocupado" por la situación, y reclama que se aclare cuántas personas murieron el pasado viernes en la ciudad de Andizhán.

"Hay que investigar con rapidez y con toda claridad las circunstancias del uso de la fuerza" en esa jornada, reclamó.

Grupos de hombres armados procedentes de Andizhán, se dirigen a la frontera con Kirguistán, informaron las autoridades locales.

"En dirección a la frontera kirguís se desplaza un grupo de hombres armados. Es posible que se trate de insurgentes o presos de la cárcel de Andizhán", señaló un funcionario de las órganos de seguridad de Pajtaabad, ciudad situada 30 kilómetros al oeste de Andizhán.

Ocho soldados y tres civiles murieron el pasado fin de semana cuando varios miles de uzbekos intentaron cruzar la frontera kirguís, que fue cerrada el viernes.

"No vamos a arriesgarnos a que se trate de guerrilleros. Ya hemos advertido a nuestros colegas de Kirguistán. La frontera está cerrada", agregó el funcionario.

Las autoridades kirguís han montado un campamento de refugiados a pocos kilómetros de la frontera con Uzbekistán, donde acogen ya a 549 uzbekos que el sábado pasado cruzaron la frontera cerca de Jalal Abat.

Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 18 refugiados presentaban heridas de bala.

La mayoría de los refugiados, a quienes les fue autorizada la permanencia en territorio kirguís durante 10 días, se niega a regresar a Uzbekistán.

Según fuentes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre 500 y 1.000 fallecidos sería el balance de la represión militar de la revuelta que estalló en la madrugada del viernes en el este de Uzbekistán.