AFP
El debilitado presidente de Bolivia, Carlos Mesa, arrancó hoy una semana difícil, acosado por marchas y presiones múltiples por una ley de Hidrocarburos aprobada por el Congreso, mientras los analistas vaticinan que el tiempo en el poder se le acorta.
El mayor foco de conflicto radica en una marcha de protesta que partió hoy hacia La Paz desde la localidad andina de Caracollo en demanda de la recuperación del gas para el Estado, según su promotor, el líder cocalero Evo Morales, jefe del principal partido opositor Movimiento Al Socialismo (MAS).
El clima social parecía encresparse más con una huelga de maestros, mitines de sindicatos de trabajadores y una movilización que partió también esta mañana desde la vecina ciudad de El Alto -donde se libró en 2003 la que popularmente es denominada "guerra del gas"- hasta La Paz para pedir la nacionalización de los hidrocarburos.
En previsión de desbordes sociales, la policía ordenó el acuartelamiento de sus efectivos en la ciudad de La Paz, según el comandante nacional, general David Aramayo.
La crítica situación del mandatario quedó gravemente complicada al fracasar un encuentro nacional previsto para el lunes, destinado a consensuar la nueva legislación y organizar la elección de prefectos (gobernadores), un referendo sobre autonomías regionales y una Asamblea Constituyente.
La precaria estabilidad del jefe de Estado llevó a afirmar al analista independiente Jorge Lazarte, ex miembro del tribunal electoral, que Mesa "ya está con un pie afuera" del gobierno.
Mesa amagó en marzo pasado con renunciar en un intento por alcanzar acuerdos políticos y sociales, pero fue ratificado por el Congreso, que desestimó, además, una propuesta de acortar su mandato que fenece en 2007.
Las protestas sociales defienden una fórmula aprobada en la Cámara de Diputados, luego modificada en el Senado, que mantiene en 18 % las regalías petroleras y eleva a 32 % los impuestos.
Un referendo vinculante realizado el año pasado por iniciativa de Mesa propuso a los bolivianos la "recuperación del gas para el Estado" y el pago de un "impuesto y/o regalía del 50 %".
Plasmada la fórmula en la ley, Mesa la consideró "suicida" para el país y consideró que haría inviables las inversiones extranjeras.