La saturación de la capacidad de los institutos penales y la insuficiencia de las instalaciones atentan, entre otras razones, no sólo contra el cumplimiento de la finalidad de reinserción social que la Constitución les asigna, sino también de las exigencias derivadas de los tratados internacionales firmados por nuestro país e incluso la indispensable seguridad.

Así lo plantearon los asistentes al Primer Encuentro de Jueces Nacionales de Ejecución Penal, organizado por el Ministerio de Justicia y lo expuso en un oficio la jueza Liliana Ramos. En el escrito, la magistrada planteó diversos problemas atinentes a la ejecución de las penas privativas de la libertad, al cumplimiento de las medidas de seguridad y la situación de los detenidos sin condena.

Invocando ambos antecedentes, el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, sostuvo "la necesidad de crear mecanismos adecuados para dar comienzo a una etapa en que todos los sectores involucrados en la cuestión penitenciaria se interrelacionen para lograr, a la mayor brevedad posible, introducir las reformas institucionales conducentes a concretar una de las finalidades esenciales de la pena privativa de la libertad, cual es la readaptación de los internos para su reinserción a la vida social en condiciones de normalidad".

Con el propósito concreto de propender al más eficaz cumplimiento de las medidas de seguridad, correctivas y curativas, así como al análisis de la situación de los procesados -en función del principio de inocencia consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional-, fue creada en el ámbito del Ministerio la Comisión permanente sobre la situación de las personas detenidas a disposición de la Justicia Nacional integrada por jueces, legisladores, fiscales, defensores y funcionarios.

La comisión se desempeñará ad honorem y tendrá como cometido proponer medidas, proyectos y cursos de acción.

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En el mismo orden, Rosatti propuso al presidente Néstor Kirchner que, por la vía de un decreto, se conforme un comité de seguimiento, integrado por organizaciones no gubernamentales, que funcione como un observatorio para "prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".

Esta misión está encomendada por el Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanos o degradantes firmado por nuestro país y convertido en ley por el Congreso de la Nación. El mismo prevé que el organismo destinado a tal fin lleve a cabo visitas periódicas a los institutos carcelarios.

El proyecto de decreto establece que las autoridades deberán prestar toda su colaboración ante los requerimientos del comité, que estará facultado para elevar conclusiones y recomendaciones sobre casos y situaciones relativos a las condiciones de detención de los internos, incluidos los problemas de sobrepoblación carcelaria, malos tratos, características sanitarias y situaciones de seguridad. Y también, llegado el caso, podrá incluso requerir la intervención de la justicia.

En tanto, y en el marco de los convenios firmados con el Ministerio de Justicia, el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, y el intendente de Santa Fe, Martín Balbarrey, firmaron un convenio de Cooperación e Integración Técnica con el objetivo de conformar equipos interdisciplinarios para brindar ayuda y orientación a los liberados penitenciarios para su resocialización.

Rosúa manifestó que el propósito es conformar equipos interdisciplinarios que, en contacto con los liberados penitenciarios, brinden la ayuda y orientación necesarias para lograr la resocialización de los mismos, especialmente en la primera etapa posterior a la recuperación de la libertad por parte de los internos.

Balbarrey apuntó que Santa Fe se constituye en la primera ciudad de la Provincia en llevar adelante un programa de estas características, que - a manera de prueba piloto- se desarrollará, en principio, durante un año calendario, pudiendo ser prorrogado en función de los resultados que se obtengan.

El director provincial del Patronato de Liberados, Juan Garceche, expresó que es la primera vez que se encara, desde la órbita estatal, un programa de esta naturaleza, que -mediante la acción conjunta de abogados, psicólogos, trabajadores sociales, etc.- propende no sólo al control de los liberados, sino a favorecer, con acciones concretas, su reinserción armoniosa en la sociedad y su plena recuperación como persona útil para sí misma y para la comunidad.