En la décima sesión ordinaria del Concejo Municipal santotomesino, fue tratado como asunto 17175 y aprobado sobre tablas el proyecto de resolución que consta como expediente 3917, presentado por el edil radical Fabián Palo Oliver. A través del mismo, se dispone que el mencionado cuerpo legislativo -en la figura de su presidente, Sergio Ripoll-, proceda a solicitar por la vía oficial que corresponda al Ente de la Reconstrucción (ER) el listado de las personas con domicilio en Santo Tomé que han sido incluidos como afectados luego de la verificación territorial, así como también el estado en que se encuentran las tramitaciones pertinentes. Justamente, Ripoll confirmó a este medio que el 20 de mayo remitió la solicitud al ER.
Cabe destacar que la propuesta de Palo Oliver incluyó como elemento a tener en cuenta, versiones vertidas por el ER a medios periodísticos locales, las cuales aseguraban que las viviendas afectadas -concluida la verificación convenida-, son 179. Por ello es que se realiza la solicitud del listado pertinente, considerando que existe el decreto del gobernador de la provincia de Santa Fe N° 0676 -fechado el 22 de abril de 2005-, "mediante el cual se establece la suma de $ 4.000 como monto mínimo de reparación de menoscabos ocasionados por la crecida del río Salado durante los meses de abril y mayo de 2003", para los inmuebles ubicados en jurisdicción de los distritos alcanzados por la normas vigentes que regulan al respecto.
Para que esto pueda entenderse, es necesario aclarar que -tal cual lo expresó en el seno del Cuerpo el propio Palo Oliver-, antes del decreto había 30 damnificados notificados, de los cuales 9 rechazaron la reparación económica porque era de $ 1.200; después del mismo, 7 de ellos aceptaron ser indemnizados, porque les reconocieron $ 4.000; faltando mayores datos y precisiones sobre el resto de los 179 inmuebles declarados ahora.
También es válido mencionar que la constatación del ER anteriormente citada, se llevó a cabo según el convenio firmado el 1° de abril de 2004 entre la municipalidad y la Unidad Ejecutora de Recuperación de la Emergencia Hídrica y Pluvial, en el cual se acordaba lo siguiente: recepcionar a las personas afectadas por la catástrofe hídrica de 2003; confeccionar el mapa de la inundación y realizar la verificación territorial propiamente dicha.