El jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, será citado a prestar declaración indagatoria por su presunta responsabilidad en el incendio en el boliche República Cromagnón, en lo que respecta a la falta de control a la discoteca, que originó la muerte de 193 personas, informaron fuentes judiciales.

Los investigadores ya tienen decidido convocar a Ibarra para las próximas semanas, una vez que finalicen los interrogatorios a los miembros de la banda Callejeros, y de esta forma darán respuesta favorable al pedido de los familiares de las víctimas.

La decisión de convocar a Ibarra se viene analizando en el juzgado desde hace un tiempo, pero se aceleró luego de que ayer abogados que representan a 300 víctimas del incendio insistieron ante el juez Lucini con que "no se debe demorar un día más la inevitable citación a indagatoria" del jefe de gobierno.

Los familiares aseguran que en el sumario existen "pruebas concretas" sobre "alertas institucionales" respecto de "la específica y concreta situación en la que se encontraban los numerosos locales bailables de la ciudad".

Los querellantes acotaron que esas desoídas "alertas institucionales" son las que tuvo en cuenta Lucini cuando, días atrás, dictó el procesamiento de los ex funcionarios Fabiana Fiszbin, Ana María Fernández, Gustavo Torres, Rodrigo Cozzani, Alfredo Ucar y Víctor Tellas.

Además, recordaron que en la causa consta que la Defensoría del Pueblo porteña había sugerido al gobierno local que "disponga la inmediata clausura de los locales de baile que no cuenten con la correspondiente habilitación".

Según el defensor del Pueblo adjunto, Atilio Alimena, el 86 por ciento de los locales (222 sobre 258) carecía del certificado de bomberos, requisito para el funcionamiento de los locales "clase C", donde se verifican 1.500.000 de asistentes por mes.

Otro punto que el juzgado tendrá en cuenta es el reconocimiento por parte de Ibarra, cuando fue interpelado en la Legislatura, de que "nunca" estuvo dentro de las políticas de su gestión "la planificación y el control de los locales bailables".

Lo que aún se desconoce es si el interrogatorio será dispuesto por el juez de instrucción Julio Lucini o su colega María Angélica Crotto, la magistrada que originalmente tramitó la causa y que no se sabe cuándo se reintegrará porque está con licencia médica.

Otra novedad que se conoció es que el juez Lucini allanó el lunes pasado las dependencias del Servicio de Atención Médica de Emergencias (Same), dependiente del gobierno porteño, en el marco de una causa conexa a la de Cromagnon.

Allí el magistrado secuestró "actas e informes sobre la actuación del organismo" la noche del 30 de diciembre pasado, cuando ocurrió la tragedia, para determinar si autoridades y médicos del SAME incurrieron en "abandono de persona".

El magistrado analiza si funcionó la coordinación operativa del Same, esto es si se respetaron los procedimientos de prioridad para los heridos, y si las prácticas médicas sobre los heridos fue la adecuada, según indicaron los voceros.

Por otra parte, los camaristas Gustavo Bruzzone, María Laura Garrigós de Rébori y Rodolfo Pociello Argerich resolverán cerca de fin de mes si conceden o no la excarcelación a Raúl Villarreal, colaborador directo del empresario Omar Chabán.

Es que tras el rechazo de las excusaciones de los dos primeros, debe realizarse una serie de trámites, entre ellos informar a las partes sobre la composición final de la sala V, ratificar el pedido de libertad de Villareal y solicitar al fiscal Joaquín Gaset que fije su posición al respecto.

Además, el imputado concurrirá a una audiencia personal con los camaristas, tal como sucedió con Chabán, en la que pondrá énfasis en que desde que ocurrió la tragedia nunca se fugó e incluso declaró como testigo pocas horas después del hecho.

El lunes a las 9, en tanto, comenzarán las indagatorias a los miembros de la banda Callejeros y el primero en presentarse ante el juez Lucini será el vocalista del grupo, Patricio Santos Fontanet.

En principio, el jefe de Gobierno sería indagado por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", que tiene una pena máxima de dos años de prisión, y se analiza si se le imputará "homicidio culposo", que tiene un máximo de cárcel de cinco, dijeron fuentes judiciales.

Además de Ibarra, será convocado el ex secretario de Justicia y Seguridad Juan Carlos López, quien renunció a su cargo poco después de la tragedia y tenía bajo su órbita el contralor de los espectáculos de la ciudad.