Una investigación financiada por el Banco Mundial y encargada por el propio gobierno revela las principales razones de la sensación de impunidad que existe en la Argentina respecto de las denuncias sobre casos de corrupción.

El informe, que fue revelado por el diario Clarín , lo solicitó la Oficina Anticorrupción y derivó en la elaboración de un Mapa de Riesgos de Corrupción, que intentó explorar cómo se investigan estos ilícitos.

Los investigadores consultaron al azar 45 causas sobre hechos de corrupción, todas tramitadas en juzgados federales penales de Capital Federal. Luego las compararon con procesos penales comunes, por ejemplo, de asesinatos o robos.

Las conclusiones evidenciaron que las denuncias por corrupción suelen llegar tres y cuatro meses después de cometido el hecho. A su vez, los jueces tardan entre dos y cuatro para indagar a los sospechosos, y entre que se hace la denuncia y lo que demora la instrucción judicial, pueden pasar hasta ocho años.

El ritmo que se detectó en los procesos que deben investigar a supuestos corruptos es "cinco veces más lento" que el que se observa para los delitos comunes -un plazo promedio de Instrucción en un caso penal es de 11 meses; en uno de corrupción es de 66 meses.

También inciden los tiempos que se toman los magistrados para las indagatorias: en un proceso penal, los acusados son citados en las primeras dos semanas de iniciado el proceso, pero cuando se trata de hechos de corrupción, se verificó que "en el 40% de los casos analizados, ningún imputado ha sido llamado aún a indagatoria". Uno de los motivos que argumentan los jueces para justificar la dilación, es la demora que a su vez se producen en las pericias contables que implica una espera promedio de casi un año.

En cuanto a la demora que existe entre la concreción del delito y la denuncia, el informe la atribuye, en principio, al cambio de autoridades políticas; los hechos son develados recién cuando los responsables abandonan el poder.

Otros dos factores se suman a las razones que explican la impunidad en estos casos. Por un lado, la complejidad de las causas teniendo en cuenta la cantidad de imputados, de hechos que deben investigarse y su relevancia institucional -la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia que involucró Carlos Menem ya cumplió diez años.

Por el otro, los recursos de los abogados defensores y la cantidad de consultas ante la Cámara de Apelaciones. El relevamiento comprueba que en el ciento por ciento de las causas por corrupción donde los sospechosos fueron indagados, las resoluciones fueron apeladas. Y en uno de cada cuatro casos, las causas fueron al tribunal superior en 4 o más oportunidades. Sólo una muestra: la investigación que en 2004 terminó condenando a María Julia Alsogaray por enriquecimiento ilícito, se había iniciado once años atrás.