El modelo estructural y financiero de la educación no va más. Y esto dicho por los propios funcionarios, docentes y padres, sobre la experiencia de tener hoy una enseñanza fragmentada, la imposibilidad de las provincias de sostener escuelas y maestros, la caída del presupuesto y la pulverización salarial de los últimos 15 años.

Luego del dedo acusador utilizado durante mucho tiempo desde el Ejecutivo Nacional, hoy ya no se discute que las provincias solas no están en condiciones de financiar la educación y mucho menos de hacerse cargo de los salarios docentes, con presupuestos que entre un 85 y un 95 por ciento, se van sólo en el pago de los haberes de los maestros.

No es un secreto que la transferencia de escuelas medias en los '90 achicó la inversión educativa con el retiro del Estado Nacional, que dejó de pagar salarios y sostener los establecimientos educativos en las provincias.

El lamentable diagnóstico continúa con un presupuesto educativo que entre el 2001 y 2002 descendió casi un 40 por ciento en términos reales.

Durante la época de la peor crisis y la devaluación, el posterior incremento del monto del incentivo a los maestros y del compensatorio sobre un nuevo valor de 700 pesos inicial por cargo en todo el país, no alcanzó a mitigar el impacto.

También la queja sobre las consecuencias de estos coletazos que dio la crisis fue que produjo "un achatamiento de la pirámide salarial que convirtió a la carrera docente en un tubo al cual se entra y se sale casi con el mismo ingreso", según los sindicalistas de Ctera.

A ello se suman las condiciones en las que tiene lugar la enseñanza, con los otrora palacios adquiridos para que funcionen escuelas del Estado, convertidos -en la ciudad y la provincia de Buenos Aires- por varias gestiones, en deplorables monumentos a la desidia y la indiferencia.

En consecuencia, luego de muchas líneas escritas acerca de estos males, muchas voces denunciando la caída de los recursos y de los chicos por el colador de la deserción, hoy nadie objeta la imperiosa necesidad de cambiar en primer término el modelo de financiamiento y luego continuar con el educativo.

Ni Ctera, ni Sadop, ni otros sindicatos docentes del orden nacional, ni el propio ministro de Educación, Daniel Filmus, se oponen a una Ley de Financiamiento para aumentar al 6 por ciento del PBI el piso de inversión, promedio que aconseja la Unesco.

Haciendo números, ello significaría elevar el actual 4 por ciento de PBI en dos puntos más, y cada punto equivaldría a unos 4.250 millones de pesos, lo que cerraría en los cálculos de Filmus y los gremios en la necesidad de garantizar desde la Nación y las provincias unos 9 mil millones de pesos para la concreción de las metas de la nueva ley.

Sin olvidarse de los chicos del NOA, el NEA, de las escuelas de frontera y de otras zonas desfavorables y riesgosas, la norma tiene que incluir, según demandan los sindicatos, un Fondo Nacional compensatorio de desigualdades en relación con la inversión.

A pesar del "espíritu" del nuevo modelo de financiamiento -si se aprueba en el Parlamento- subyacen dudas en una sociedad muy golpeada.

Muchas leyes en este país -aun la 1.420, de universalizar la enseñanza primaria (7 años de educación) impulsada por Domingo Faustino Sarmiento- no se cumplen y, sumado a ello, cuando a veces hay recursos y buena recaudación del Estado se privilegian otras obligaciones como el pago de créditos internacionales, muchos de ellos heredados.

Por eso, sin permitir que nos venza el escepticismo, habrá que seguir batallando por liquidar de una vez por todas la deuda interna.