Los sindicatos bolivianos salían hoy a las calles de La Paz y El Alto con el punto de mira puesto en el Congreso, obligado a definirse sobre la eventual convocatoria de una Asamblea Constituyente y de un referéndum autonómico.

Los manifestantes volverán a la carga tras la tregua concedida a las autoridades el fin de semana, durante el cual el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, apoyado por otras instituciones, entabló contactos con las partes en conflicto para evitar que la situación se desborde.

Albarracín demandó serenidad a las organizaciones sociales y sindicales que mañana pretenden cercar la plaza donde se encuentra la sede del Legislativo, en coincidencia con la reanudación de las sesiones en el hemiciclo tras doce días de receso.

"Es imprescindible que los sectores sociales que están planteando sus reclamaciones den la oportunidad a que el Parlamento haga viables sus demandas", manifestó.

Los campesinos andinos y de los valles, los más numerosos en las marchas registradas la semana anterior, volverán a protestar hoy acompañados de los maestros, que mantienen un paro de siete días, y otros sectores sindicales y sociales, como los mineros.

Los agricultores han amenazado además con bloquear las carreteras del país a partir del miércoles si el Congreso no aprueba una ley de convocatoria de la Asamblea Constituyente.

Por su parte, los vecinos de la población colindante de El Alto retomarán una huelga general con la que pretenden bloquear el paso desde la sede del gobierno al resto del país, y mañana descenderán al valle de La Paz para unirse a los otros sectores.

Estas amenazas apuntan a agravar la situación en un país que la semana pasada atravesó por un intenso proceso de desestabilización, con rumores de golpe de Estado y un pronunciamiento militar rebelde que fue rechazado y desacreditado por las Fuerzas Armadas.

El ministro de Gobierno (Interior), Saúl Lara, admitió ayer que en los últimos días "el pueblo boliviano vivió el más serio intento de conspiración para derrocar al gobierno de Carlos Mesa".

En una entrevista con el diario La Prensa, Lara manifestó que hay "sectores que persiguen la interrupción del juicio en contra de los anteriores gobernantes", cuyos partidos controlan aún el Congreso.

De esta forma aludió a la petición que analiza la Corte Suprema de Justicia para procesar al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y sus ministros por la convulsión que puso fin a su gestión y permitió a Carlos Mesa asumir el poder por sucesión constitucional.

El ministro garantizó una vez más que el Ejecutivo impondrá los mecanismos que le da la Constitución para permitir que las instituciones democráticas funcionen con normalidad, aunque anteponiendo el diálogo sobre la represión, opción que es criticada por los sectores más conservadores.

Con la excepción de una veintena de parlamentarios de un grupo que se ha denominado a sí mismo la "bancada patriótica", el gobierno de Mesa carece de representación parlamentaria y su rol en la crisis se ha limitado a contener a los manifestantes y a plantear escenarios de diálogo que no han prosperado.

Por tanto, el papel más complicado recae ahora en el Legislativo, que debe responder a las protestas sociales en La Paz y a las presiones de los líderes del departamento oriental de Santa Cruz, la más pujante del país y que aspira a fijar un régimen autonómico en su territorio.

El Comité Pro Santa Cruz, aglutinador de las demandas regionalistas, reiteró el domingo su intención de convocar sin respaldo legal a un referéndum sobre autonomías en caso de que los legisladores no satisfagan un plan avalado por la recogida del número necesario de firmas para llevar adelante la consulta popular.

Esta posibilidad es vista con recelo por los sindicatos que se manifiestan en La Paz y El Alto, partidarios de que la cuestión sea debatida en el marco de la Asamblea Constituyente.