Bolivia es un país pobre y es un país injusto. Más del 70 por ciento de la población vive hundida en la pobreza, y si bien la mayoría es de origen indio y mestizo los que históricamente han gobernado son los blancos. Esto no tendría nada de malo si el balance de gobernabilidad fuera satisfactorio, pero como se sabe, desde hace décadas Bolivia languidece en la pobreza y, salvo la primera experiencia del MNR, no ha habido propuestas importantes de cambio que signifiquen una mejoría en la calidad de vida de la población.

Hoy la crisis de gobernabilidad vuelve a ser evidente y sus consecuencias no sólo son internas, sino que pueden llegar a afectar el equilibrio regional, en tanto las bruscas oscilaciones en política energética provocarían en los países vecinos -y en la Argentina de manera particular- un impacto cuyas consecuencias serían imprevisibles.

Esta situación es la que seguramente obligó al presidente Kirchner a respaldar a Mesa y dejar de lado sus imprudentes manifestaciones a favor del líder cocalero Evo Morales. De todos modos, la estabilidad de Mesa en el cargo no dependerá tanto de los apoyos externos como de su capacidad para generar consensos internos, capacidad que hasta el momento no se ha podido apreciar. Tanto es así, que se estima que la permanencia de Mesa en el poder depende más de la incapacidad de sus opositores para hacerse cargo del Estado que de sus propias habilidades para sostener su mandato.

Hoy el punto alrededor del cual se han tensionado todas las contradicciones es la ley de hidrocarburos, cuestionada por los conservadores por no respetar los compromisos adquiridos con las empresas extranjeras e impugnada por la mayoría de la oposición por no ir a fondo en lo que se califica como la recuperación de la soberanía.

Discutir la ley de hidrocarburos es abrir un debate nacional alrededor del tema de gestión de los recursos energéticos, las funciones que le competen al Estado, el destino de los recursos, las posibilidades de desarrollo, la calidad y extensión de las políticas sociales e incluso, la negociación con Chile y Perú respecto de una salida al mar.

La actitud de Mesa de no aprobar, pero no anular la ley de hidrocarburos, pone en evidencia los límites de un presidente que llegó al poder como consecuencia del fracaso de su compañero de fórmula; que es prisionero de sus lealtades al antiguo régimen y de la desconfianza que ese hecho produce a los opositores.

Las movilizaciones populares, los cortes de rutas, las manifestaciones callejeras, los reclamos de autonomía de varios departamentos, son otras expresiones de la crisis. Los límites del oficialismo para resolverla son proporcionales a las dificultades de la oposición para generar consensos interno y externo creíbles.

Se sabe que los recursos energéticos deben ser administrados de otra manera, pero hasta el momento a nadie le queda claro cómo se debe gestionar esa administración en un mundo donde no hay lugar para el aislamiento y en el que cualquier decisión que se tome reclama el pago de costos que es necesario asumir.