El gobernador Jorge Obeid firmó el decreto que dispone la "ejecución íntegra de las garantías de cumplimiento de contrato y de la garantía de operación" de la concesión de Aguas Provinciales de Santa Fe.

Tal como ayer adelantó El Litoral , el Estado decidió apoderarse de las garantías de manera preventiva ante el incumplimiento de la empresa de no renovarlas. El plazo para que Aguas extienda la vigencia de esos documentos bancarios o constituya nuevos depósitos comenzó a correr hace 30 días y justamente vencía hoy. El decreto tiene fecha 27 del corriente y esta mañana fue difundido oficialmente.

Se trata de una cifra superior a los 60 millones de pesos, algo más de 50 millones por el contrato de concesión y otros 10 por la operación. La ejecución de las garantías no dejará al gobierno con las manos libres para disponer de esos fondos con otros fines, sino que deberá otorgarles la misma función que tenían hasta ahora: respaldar la existencia del contrato y la operación de los servicios.

El mismo decreto declara en su primer artículo que sigue vigente el contrato de concesión, al cabo de unos extensos e interesantes considerandos, en los que se advierte una estrategia destinada -en esta instancia- a impugnar más la forma como procedió Aguas al invocar la rescisión unilateral con culpa del Estado, que al fondo de los argumentos de la empresa.

En efecto, el gobierno le advierte a la compañía no sólo que el contrato sigue vigente (y que lo ha incumplido al no renovar las garantías); también, implícitamente, que enfrenta el riesgo de acumular nuevos incumplimientos porque considera que siguen vigentes sus obligaciones contractuales.

El primer artículo del decreto señala que en las actuales circunstancias "sólo procede la rescisión del mismo (el contrato) por declaración de voluntad extintiva producida por la administración (el gobierno) o por el órgano jurisdiccional con competencia a esos efectos".

Los últimos términos de ese párrafo son interesantes: refieren a los Tribunales judiciales santafesinos. Si se leen atentamente los considerandos del decreto, es allí a donde debió acudir Aguas, según el gobierno, para llevar a cabo el procedimiento previsto por el contrato para una rescisión unilateral con culpa del concedente.

Desde 1995 -y al cabo de poco menos de diez años de concesión-, jamás Aguas Provinciales acudió a la Justicia local, definida por el contrato como el ámbito para dirimir diferencias, no el Ciadi del Banco Mundial.

Todas las recusaciones de la empresa para con resoluciones del Enress o del Ministerio de Obras y Servicios Públicos terminaron siempre en el plano administrativo, pero con una reserva de derechos seguramente con vistas a un juicio en el ámbito arbitral del organismo financiero internacional, que presta fondos a grupos como Suez.

El decreto N° 1.024 cita resoluciones ministeriales, actuaciones de Fiscalía de Estado y actas del directorio del Enress, así como de su asesoría jurídica para añadir al expediente los motivos de la decisión de tomar en forma preventiva los fondos depositados como garantías.

El titular del Ejecutivo, además de valorar las recomendaciones en favor de ejecutar las garantías, también entiende que cabe continuar con los procesos de sanción por no haberlas renovado.

Oscar Barrionuevo, titular del gremio de Obras Sanitarias en Rosario, confirmó la denuncia de sus pares de nuestra ciudad respecto de la venta de vehículos, celulares, computadoras y otras herramientas de trabajo en Aguas Provinciales de Santa Fe. Ratificó que esos elementos se han vendido a cuadros de conducción de la firma a precios irrisorios.

El sindicalista -que apoyó decididamente la privatización de Dipos y en varias oportunidades avaló la posición de la empresa frente al Estado- dijo que en su seccional fueron los trabajadores quienes impidieron que se lleven vehículos especiales para la prestación del servicio a otras concesiones de Suez en el país (Buenos Aires y Córdoba).

Tras lamentar el desenlace de la concesión, dijo que había causado entre los empleados una mala impresión que se paguen altas bonificaciones especiales a cargos gerenciales, al tiempo que reclamó un trato igual para con los demás empleados en tributo a su desempeño durante los diez años de concesión. Agregó que una remuneración de ese tipo, para los empleados bajo convenio, se está gestionando ante la empresa, hasta ahora sin resultados.

Barrionuevo -que esta mañana habló con LT9 y LT10- dijo que hasta ahora la transición ha sido ordenada, y que el deseo de los trabajadores es seguir siendo en el futuro empleados del sector privado, no estatales.

También confirmó que sabe de conversaciones entre funcionarios del gobierno provincial y la empresa que presta el servicio de agua potable y cloacas en la provincia de Corrientes.

El gobernador Jorge Obeid confirmó que la empresa Latin Aguas (que tiene concesiones de servicios sanitarios en Salta y Corrientes) ha manifestado formalmente -y por escrito- que mantiene conversaciones con el grupo Suez, para la compra del paquete accionario correspondiente al operador.

El titular del Ejecutivo dijo -como en los considerandos de su decreto- que Aguas no tiene "ninguna facultad como para poder rescindir unilateralmente el contrato: es una facultad del concedente y los organismos regulatorios o de la justicia, de manera que hemos rechazado los términos de la nota presentada por el concesionario y en el mismo decreto dimos las instrucciones para que vencidos los plazos de las garantías, se proceda a las acciones para su liquidación".

Obeid dijo que en su despacho recibió la nota de Latin Aguas, que sin embargo esta mañana -por la emisora LT9- había desmentido su interés en la concesión santafesina.

El gobernador recordó que para que otra empresa asuma el rol que actualmente tiene Suez en la concesión, el gobierno debe evaluar si reúne las condiciones y antecedentes para ser el operador. El propio contrato y la ley 11.220 contienen disposiciones al respecto.

Latin Aguas "tendrá que conversar con Suez y con el gobierno de la provincia sobre la posibilidad de ser operadores", sintetizó.

"Esto no es reprivatizar", definió ante otra consulta, respecto de cuál será el futuro de los servicios sanitarios. Sería un esquema -continuó Obeid- donde el paquete accionario pasa de una empresa a otra, y la nueva empresa se hace cargo de las operaciones.

En cuanto a las obligaciones contractuales de la concesión, como la ejecución de obras de extensión de redes, Obeid señaló: "estamos diseñando distintos sistemas y mandamos el mensaje a la Legislatura con la creación de un fondo fiduciario conformado por el Estado, préstamos internacionales y particulares", y luego agregó: "eso es lo que tenemos que discutir", si se avanza en un cambio de operador.

El mandatario provincial reveló que también "otras empresas" estarían discutiendo con el grupo Suez.

En cualquiera de esos casos "la provincia debe decidir si el interesado reúne o no las condiciones para ser operador, en cuanto al paquete accionario es una cuestión privada: no tenemos nada que ver", afirmó.

Dijo a los empleados que "no hay ningún temor que tener" y aseguró que a los trabajadores "se los quiere alarmar". Tras recomendarles total tranquilidad subrayó que está "garantizada la relación laboral".

Por otra parte, el gobernador aseguró que no está completamente descartada la posibilidad de crear una empresa mixta.

Se mostró entusiasmado con la idea de una transferencia de acciones de Suez a otro operador, siempre que se trate de "un arreglo entre privados: que se transfiera el paquete accionario, que esto sea dentro de lo que ley prevé, y que sea beneficioso para la provincia y la prestación de los servicios".

Si nuevamente una empresa privada tiene en sus manos el servicio, ¿se habrá perdido la soberanía como usted manifestó?, preguntó una periodista en la rueda de prensa. "No -contestó el gobernador- porque nosotros con la creación de la Empresa Provincial del Agua vamos a ir actuando sobre las zonas que no están concesionadas: está en pie la idea de seguir adelante con una empresa de la provincia actuando sobre las zonas no concesionadas. Y si la presencia de una empresa que compre las acciones de Suez permite que siga adelante la actividad de la concesión, no nos parece mal tampoco".