El reemplazante de José Luis Benaglia en la Subsecretaría de Justicia admitió que uno de los principales problemas que involucra a su área en la actualidad es el de la mora judicial. De hecho, ratificó que su pretensión es mantener el ritmo de trabajo en el Consejo de la Magistratura para la designación de nuevos jueces, y llamar a concurso para cubrir todos los cargos vacantes. Sin embargo, aclaró que la solución no se agota simplemente en ello.

"Tal vez ésa sea una de las principales vías, pero nuevos juzgados implican mayor infraestructura y presupuesto para el personal. Lo que hay que tener en cuenta es que los agentes privados -los abogados- pueden contribuir a reducir la mora si emplean algunas herramientas, como la mediación". Gabriel Somaglia aludió también a los otros actores principales: los jueces. "Hay algunos que trabajan más que otros. Igualmente hay que ser conscientes de la situación que se vive en la provincia".

En este sentido, adelantó algunos resultados provisorios de un relevamiento que ha iniciado para determinar el nivel provincial de litigiosidad y de administración de Justicia. Los datos corresponden a 2004; durante ese año ingresaron a los tribunales provinciales 456 mil causas que se distribuyeron entre los 321 jueces en ejercicio (ver En cifras). "Con esto se hace muy difícil manejar el tema; los jueces trabajan en una situación bastante extrema, aunque los hay buenos y malos", insistió.

El funcionario confirmó su intención de hacer hincapié en el servicio de mediación como método alternativo y voluntario de resolución de conflictos. "Creo que no ha tenido este sistema la difusión que merece. Es una asignatura pendiente de todos los agentes -colegios de Abogados, Poder Judicial, poder político- que giran en torno del tema". Según las estadísticas, en Santa Fe ha sido muy baja la resolución de controversias mediante este sistema. "Muy pocos conocen esta alternativa y en la contienda judicial, muy pocos se predisponen. Para crear la cultura de la mediación debe haber una política de difusión clara para que la gente tome conciencia de que, más allá de la iniciación del litigio, ésta es una chance para resolver muchas situaciones cotidianas". A su entender, debería modificarse la reglamentación de la norma porque presenta "algunos obstáculos" que dificultan su aplicación.

Consultado sobre el grado de actualización que demanda la legislación de la provincia, consideró que debe reformarse el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial. "Es necesario hacer los procedimientos más ágiles y no tan formalistas". También sostuvo que deben readecuarse las leyes referidas a honorarios profesionales y a sus cajas. "Deben revisarse aspectos de su organización que obstaculizan el servicio del profesional, e indirectamente la administración de Justicia".

Con respecto al juicio oral, consideró que no ha tenido la suficiente discusión. "Es una cuestión de cultura de ejercicio profesional. Igualmente, no sé si hoy están dadas las condiciones. Como todo cambio de sistema en la administración de un servicio, su instrumentación sería traumática en los primeros tiempos. Creo que es un proyecto que hay que planteárselo a largo plazo, que debe ser bajado y discutido desde el gobierno".

A su criterio, se han ido incorporando algunas herramientas útiles para agilizar la Justicia, pero sobre las que es necesario "machacar" para que sean tenidas en cuenta por los abogados. "No tenemos la cultura como abogados para adaptarnos tan rápido, porque siempre creemos que todo lo viejo fue mejor".

El gobernador Jorge Obeid ratificó días pasados la idea de someter al menos al debate la derogación de la ley de Enganche, que permite trasladar todo aumento salarial del Poder Judicial de la Nación al de la provincia. La discusión se reavivó a propósito del incremento autorizado a los pasivos del sector, que elevaron el tope de dicho ingreso a 11.300 pesos.

Consultado al respecto, Somaglia advirtió que la cuestión debe ser estudiada. "Como está presentado hoy en los medios, el tema es sensible a la población. Pero tenemos una ley que hay que respetar. Creo que la política salarial no es privativa de la ley de Enganche ni de la comunidad judicial estrictamente; no se circunscribe allí. Hay que estudiarla tanto desde el punto de vista legislativo como del gobierno".

A su entender, "los jueces deben estar bien remunerados; creo que su remuneración es buena, y que ellos están haciendo lo posible por eficientizar" el servicio de justicia. "Me parece que la cuestión salarial no pasa por una cuestión de los jueces; creo que los tres poderes del Estado tienen que estudiar las variables participantes para que no haya asimetrías en los sueldos. Hay desequilibrios en otros estamentos, incluso, del propio Ejecutivo", precisa.

Por eso insistió en que lo necesario es una revisión global de la política salarial. "Pero no soy partidario de mirar para abajo, sino hacia arriba. Debemos discutir esta situación. Creo que el juez es un profesional que debe estar remunerado a la altura de las circunstancias".

Sin confianza

"La sociedad está viviendo un momento de efervescencia producto de distintas insatisfacciones, porque no tiene confianza en la Justicia". Somaglia reveló el nuevo índice del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, que pone en la balanza la demanda de la práctica judicial y la confianza en la resolución. El nivel de demanda se ubica en el 70%, pero el de la confianza en el 30%. El promedio indica el nivel de administración de Justicia: 48%. "Esto se debe a una ausencia de cultura cívica. Hemos visto pasar muchas crisis donde los gobernantes trataron de sobrellevarlas haciendo lo que creían conveniente pero olvidándose de algunos preceptos jurídicos. Entonces, o cumplimos las reglas o actuamos por conveniencia".