CHICAS DESAPARECIDAS

En la plaza Pueyrredón, hace dos semanas se llevó a cabo un acto para concientizar a la sociedad sobre un tema que genera más prejuicios que preocupación.

Foto: PABLO AGUIRRE

 

 

NATALIA PANDOLFO

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Un día vieron asomar lágrimas en los ojos del juez. Se impresionaron: habían ido a sacar copias de fotos de chicas desaparecidas, y se las mostraron casi al pasar. Esa mirada, acostumbrada a pasearse entre historias de terror, se detuvo ante esas otras miradas, ausentes desde el papel. Y se quebró.

Silvina Sierra y Paula Heredia, de la asociación civil Las Diversas, conocen bien el manual que se repite en cada caso: un día pasa una camioneta, se les acerca, las tienta con una golosina, un trabajo, algo distinto de lo que les regala la miseria cada día. No tienen motivos para decir no. En otros casos, tampoco tienen forma: directamente las atrapan y se las llevan. Algunas veces van con fierros: les golpean las rodillas por detrás, y en el reflejo del quiebre, las suben al vehículo.

El segundo paso es huir. Santa Fe está caracterizada en el siniestro mapa como un punto de captura: Córdoba, Buenos Aires y el sur del país son los destinos que, en general, las esperan. Antes se las doblega: violaciones y droga suelen ser los métodos más usados.

“A la mamá de Cecilia Castro le dijeron que tenía que aguardar 48 horas para poder radicar la denuncia. En ningún lugar está escrito que eso tenga que ser así”, dice Silvina Sierra. Y se rebela, otra vez, contra el prejuicio social que murmura: “Se habrá ido con un noviecito, ya va a volver”. La subestimación del problema funciona: el reloj saca ventaja. Hoy, en la provincia, hay 30 chicas desaparecidas; la mayoría es de Santa Fe capital.

Desde la Defensoría del Pueblo, Liliana Loyola coincide con la gravedad del diagnóstico: “Hemos visto casos en los que, cuando se va a hacer la denuncia, la policía no la toma como pedido de paradero, sino como fuga de hogar. Por otra parte, si bien el delito de trata es federal, muy pocas veces los tribunales santafesinos derivan el tema a los juzgados federales”, sostiene.

Ante la desesperación, son los padres los que se calzan el traje de detectives. Y arriesgan todo con tal de encontrarlas.

EL NIDO VACÍO

Cecilia iba camino a la escuela cuando la secuestraron, en Av. Freyre y General López. A los pocos minutos estaba rumbo a Córdoba. Unos días después, la mamá recibía un llamado de su hija que le decía que no la buscara más, que estaba bien. “Es como suelen actuar los proxenetas: hacerlas llamar para que los padres abandonen la búsqueda”, explica Paula, como quien intenta traducir una lengua ajena.

La mamá actuó desde el instinto: siguió a la caza de cualquier dato que apareciera. Pasaron dos meses. Cecilia cayó en una casa quinta que funcionaba como prostíbulo, y tuvo la suerte de que alguien le prestara un celular que la pondría en contacto con su liberación. “Fue un milagro que la hayan encontrado, porque no hubo búsqueda oficial”, afirma Silvina Sierra.

“Nosotras no podemos ser detectives privados; las familias, tampoco. Más allá de que no corresponde, no tenemos la estructura necesaria para ir contra una mafia”, aclara, como si fuera necesario, Paula Heredia.

La policía tiene una unidad especializada en trata. Pero, según la defensora adjunta, no cuenta con los recursos necesarios. “Ha habido cambios de personal y se trasladó a gente que se había capacitado. Hoy no hay una tarea de inteligencia para perseguir a los delincuentes”, advierte.

Y SI ACASO NO BRILLARA EL SOL

Las miradas ausentes desde el papel están ahora clavadas en el barro. El sol se adueñó de la siesta del domingo y la plaza Pueyrredón explota de colores, menos en un rincón, que es blanco y negro. Allí están las grandes fotos, las sonrisas congeladas, interpelando a los que pasan.

“La situación en Santa Fe es muy grave. Hicimos varios reclamos al gobierno, tenemos diálogo permanente, pero consideramos que, para hacer, es necesario asumir que el problema existe”, dice Paula.

“En el centro de la ciudad hay hoteles; en el oeste, casitas donde se las hace trabajar. En cada barrio hay bandas operando, que se compran mujeres entre sí, y que mantienen contactos con otros distritos del país”, define Silvina.

Para Paula Heredia hay distintos niveles de responsabilidades: “Existe complicidad policial y judicial: la compra y venta de mujeres implica una red en la que intervienen varios agentes”, sostiene.

También pone en la balanza el papel de los medios, “que tienen un planteo de la mujer como objeto, con una desvalorización absoluta del cuerpo”. Por último, el desinterés de la comunidad: “A veces nos preguntan: “Esto, ¿está pasando acá?’. “Sí, está pasando acá, a la vuelta de la esquina’”, dice.

Hay otro aspecto: “A partir de que se encuentra a una chica, lo que habría que hacer es seguir el circuito: buscar a la persona que secuestró, a la que vendió, a la que explotó, a la que trasladó. En cambio, la cuestión se cierra, en el mejor de los casos, con la aparición de la joven”, afirma Loyola.

“Los distintos organismos minimizan el delito. Tanto en la Policía como en el Poder Judicial, está instalado el prejuicio de que, seguramente, la chica se fue porque quería. Yo creo que, ante una situación de desaparición, lo más apropiado sería ponerle el nombre de trata y abordarlo desde ese lugar. Después, si no es eso, tanto mejor”, opina.

Por último, en los casos en los que finalmente se rescata a la víctima, no existe un sistema de protección que las contenga. Esto es: las chicas vuelven a la misma casa, a convivir con idénticos peligros, a ser testigos de las camionetas paseando por la puerta. El diario Crítica denunció, esta semana, que la mamá de Cecilia Castro renunció a seguir con la causa. Disparos y amenazas frente a su casa la convencieron de que era conveniente callar.

“Natalia era el eje de la familia: amorosa, alegre, siempre de buen humor”, definen los padres. Foto: NÉSTOR GALLEGOS

“No vamos a parar hasta encontrarla”

María Cristina se aferra a la foto de Natalia y no la abandona durante la hora de entrevista. A su lado, Ariel intenta ordenar algunas de las frases que su mujer dispara caóticamente.

Buscan a su hija desde hace dos meses, cuando testigos la vieron por última vez en la esquina de 25 de Mayo y Suipacha. Sabían, desde hacía algún tiempo, que Natalia Acosta trabajaba en la calle. Viven en uno de los pasajes de tierra del Centenario: desde el comedor sin revoque se ven los autos que pasan por la Mar Argentino. Entre la casa y la avenida, un basural empieza a tomar forma.

El 28 de mayo, Natalia acompañó a su mamá al médico y, luego, fue con su papá hasta Santo Tomé, donde la chica vivía con su pareja. Fue la última vez que tuvieron contacto con ella.

VOLVER A CASA

“Ella es mi reina”, dice la hermana, de 18 años. “Estábamos siempre conectadas, nos contábamos todo. Éramos una”, afirma Carmela, que también comparte con Natalia la opción de los piercings en el rostro. La familia se completa con ocho hijos más: algunos, compartidos; otros, no.

“Me la robaron”, asegura la madre, y se indigna con las hipótesis que minimizan su percepción. “Me dicen que quizá se haya querido ir, que a lo mejor se haya escapado con otro. Yo sé que eso es imposible”, afirma.

“Yo le pido al gobernador que se ponga una mano en el corazón y agilice la búsqueda de mi hija, así como la de tantas chicas desaparecidas. El gobierno tiene los instrumentos para hacerlo; nosotros, no. De todos modos, no vamos a parar hasta encontrarla”, sostiene el papá, mientras intenta reprimir la bronca con un cigarrillo.

En este tiempo María Cristina y Ariel organizaron marchas, hablaron con gente que solía verla en su puesto, siguieron pistas, buscaron datos, consiguieron un celular con cámara para reunir pruebas, deambularon por oficinas. Dos meses después, siguen esperando que en la puerta suene la melodía del “¡Hola, mamucha!” con la que la chica anunciaba su llegada a casa.

Dos casos, un espejo

A nivel nacional, los casos de María Fernanda Aguirre y Marita Verón se convirtieron en íconos del problema. Una lleva cinco años desaparecida; la otra, siete. Sus familias las siguen buscando.

MARÍA FERNANDA AGUIRRE

El 25 de julio de 2004 iba camino a su casa en San Benito, Entre Ríos, cuando la vieron por última vez. Tenía 13 años.

Hubo un sospechoso principal, que se llevó el secreto a la tumba: Miguel Ángel Lencina tenía una salida socio-familiar cuando ocurrió el hecho. Días después de ser detenido por el secuestro, apareció ahorcado en una seccional de Paraná.

La Justicia condenó a 17 años de prisión a la viuda de Lencina, Mirta Chávez, por considerarla coautora material del secuestro. Ella admitió durante el juicio haber hecho las llamadas a la familia para exigir un rescate, pero nada dijo acerca del destino de la chica. Cinco años después, el paradero de Fernanda sigue siendo un signo de interrogación.

MARITA VERÓN

Desapareció el 3 de abril de 2002 en San Miguel de Tucumán, cuando tenía 23 años. La lucha incansable de su mamá, Susana Trimarco, posibilitó la liberación de casi 200 jóvenes esclavizadas en redes de prostitución.

El año pasado, la telenovela “Vidas robadas”, inspirada en la historia de la chica, sirvió para concientizar sobre este tema. El Congreso Nacional sancionó la ley que penaliza el tráfico y trata de personas. Y Tucumán vio erigirse una Casa Hogar para víctimas de trata en la Argentina. Pero Marita sigue sin aparecer.

Son dos casos que reeditan el significado del término desaparición en la Argentina del siglo XXI. Como dijera un siniestro general: “El desaparecido es una incógnita. Si apareciera, tendría un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tendría un tratamiento Z. Pero, mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial: no tiene entidad. No está, ni muerto ni vivo. Está desaparecido”.

Romina había radicado en junio dos denuncias por violencia: una, en la comisaría del barrio; la otra, en la Defensoría del Pueblo. Foto: MAURICIO GARÍN

“Convierten a la víctima en culpable”

Suena a viva voz Arjona en los oscuros pasillos de la torre 8 de El Pozo. Cuatro pisos después, abre la puerta Silvia Kovacevich. Saluda, llora, intenta acomodar el desorden, barre nerviosa las cucarachas del piso, vuelve a llorar.

El dos de julio fue el último día que vio a su hija, Romina Arcuri, de 29 años. Sabe que la chica sufría violencia y muestra las postales de lo que parece ser una historia infernal: muebles destrozados, cortinas arrancadas, vidrios rotos, manchas que supone de sangre.

Romina estaba en pareja y limpiaba en casas de familia. Es mamá de dos hijas, de 7 y 4 años. “Por ahí sugieren que se puede haber ido con algún novio. Yo creo que es imposible que haya dejado a las nenas por propia voluntad”, dice Silvia. La casa está ahora vacía: el papá y las criaturas se fueron de allí, y la abuela no tiene acceso a ellas. “Las veces que intenté verlas, la familia de él me las negó”, afirma Silvia.

Quiere hablarles para ver si pueden darle algún indicio de dónde está su hija. Romina había radicado en junio dos denuncias por violencia: una, en la comisaría del barrio; la otra, en la Defensoría del Pueblo.

LA ANGUSTIA DE NO SABER

Un mes de silencio hace despertar las más variadas hipótesis. La más leve: que efectivamente se haya ido con alguien, buscando un respiro a su calvario. La peor: “No descarto nada. Ella es muy inocente y estaba pasando un muy mal momento: es probable que alguien se la haya llevado y que estemos hablando de trata”, sostiene la madre.

“Yo no sé qué pasó con mi hija. No sé si está muerta y enterrada en algún lado: no lo sé. Pero voy a la comisaría a hacer la denuncia y me dicen que ella tiene antecedentes de haberse escapado. Es verdad: cuando era adolescente se fue de casa. Ahora, esto, ¿es motivo para que no se la busque? Es absurdo, convierten a la víctima en culpable”.