HASTA HOY NO SE CONOCÍAN LOS ARGUMENTOS DE LA CÁMARA

La Justicia dijo que Fraticelli y su ex mujer son inocentes

Los padres de Natalia fueron condenados a cadena perpetua y recuperaron la libertad en 2006, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación considerara que el sistema penal santafesino no garantizaba la imparcialidad del proceso.

La Justicia dijo que Fraticelli  y su ex mujer son inocentes

Carlos Fraticelli vive actualmente con la que fuera su terapeuta durante los años de encarcelamiento. Su ex esposa, Graciela Dieser, se encontraba hasta hace algunos días en la ciudad de Rafaela.

Foto: Archivo El Litoral.

 

José Curiotto

[email protected]

El día exacto en que se cumplían nueve años y medio de la muerte de Natalia Fraticelli -ocurrió el 20 de mayo de 2009-, la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto absolvió a sus padres, el ex juez Carlos Fraticelli y Graciela Dieser. Hasta el cierre de esta edición, no habían trascendido los argumentos de los camaristas, aunque los abogados defensores insistieron, durante años, en avalar la hipótesis del suicidio de la adolescente.

Fraticelli estuvo detenido cinco años, nueve meses y veinticinco días; mientras que Graciela Dieser permaneció en la cárcel durante seis años, cuatro meses y nueve días, hasta que en octubre de 2006 recuperaron la libertad luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijera que el sistema penal por el que ambos habían sido condenados era inconstitucional (ver nota aparte).

Este mediodía, el abogado Carlos Edwards -defensor de Fraticelli- viajaba desde Rosario a Venado Tuerto para conocer en detalle el fallo absolutorio.

A mediados del mes pasado, la Corte provincial intimó a los camaristas de Venado Tuerto para que resolvieran este caso antes del 27 de noviembre de este año.

Fraticelli y su esposa habían sido condenados a cadena perpetua. Desde que recuperaron la libertad, aguardaban una decisión que les permitiera saber cómo continuarían sus vidas. Mientras tanto, el ex juez siguió ejerciendo la docencia en un instituto terciario de Venado Tuerto, mientras ella se mudó a Rafaela.

El abogado defensor de Graciela Dieser durante el proceso fue ni más ni menos que el actual ministro de Justicia de la provincia, Héctor Superti. El destino hizo que fuera Superti quien tenga ahora en sus manos la delicada responsabilidad de actualizar un sistema penal, que él mismo se encargó de denunciar al defender a la esposa de Fraticelli.

Un caso que conmovió al país

A las 8 de la mañana del 20 de mayo de 2000, Natalia fue encontrada en su cama, recostada, muerta y con una bolsa de nylon en la cabeza. El primer especialista que analizó el cadáver -el Dr. Ulises Cardozo- concluyó con que se había tratado de un suicidio por la ingesta de psicofármacos. Sin embargo, los encargados de realizar la autopsia determinaron que, en realidad, a la adolescente la habían matado por estrangulamiento.

Las pericias médicas y científicas que se realizaron a partir de entonces resultaron contradictorias. Recientemente, el abogado Edward dijo que el ex juez era “totalmente inocente”, y que no hubo “causa violenta” en la muerte de su hija. Una vez más, remarcó que la muerte de la adolescente “se debió a la ingesta de un medicamento que tomó la menor como una acción suicida”. La chica sufría retraso mental.

Fraticelli y su esposa siempre sostuvieron la versión de que su hija se suicidó. Hace tres años, Superti dijo a El Litoral que “en el cadáver no había vestigios de violencia, ni signos que hicieran suponer un estrangulamiento. Además, al realizar la autopsia se cometieron errores técnicos graves y eso lo explicamos en su momento”.

Superti insistió en que la cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de Rosario confirmó que Natalia había ingerido entre 22 y 28 cápsulas de un antidepresivo que tomaba su abuela. Por entonces, el ahora ministro de Justicia de la provincia se mostraba convencido del suicidio de la adolescente, y hasta se animaba a hablar de los posibles motivos del desenlace: “En el cesto de basura del cuarto estaban rotas unas cartas. A Natalia le gustaba un chico de su edad y ella creía que él le estaba respondiendo sus notas. Pero se supo luego que, en realidad, era una broma de sus amigas que le hicieron creer esta historia. Este dato nos permite construir firmemente la hipótesis de la adolescente dolida, impetuosa, con un fuerte desengaño amoroso, que decide tomar esas pastillas y colocarse una bolsa en la cabeza para acabar con su vida”.

“En general -remarcó- los adolescentes que adoptan esta actitud fallan en el intento de suicidio. Pero en el caso de Natalia, las píldoras le provocaron una crisis epiléptica”.


Aquel giro inesperado

La situación de los Fraticelli sufrió un giro inesperado luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara revisar las condenas por considerar que el sistema penal santafesino no garantizaba la imparcialidad de los jueces intervinientes.

El caso Fraticelli le valió a la provincia una fuerte advertencia de parte de la Corte nacional y por entonces obligó a la Corte santafesina a dictar una acordada de emergencia para que las causas rotaran entre las distintas salas de las Cámara de Apelaciones, de manera que los mismos jueces que evaluaban los procesamientos, no fueran los encargados de confirmar las condenas.

Los argumentos de la Corte nacional fueron simples: dos de los tres jueces integrantes de la Cámara Penal de Venado Tuerto, que suscribieron el voto mayoritario a favor de la condena, eran los mismos que habían confirmado el procesamiento y la prisión preventiva de los imputados, por lo que no se podían considerar aseguradas las garantías constitucionales de imparcialidad.

Los jueces de la Corte, Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco, Carmen Fayt, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, coincidieron en avalar el planteo. Ricardo Lorenzetti, el único santafesino del máximo tribunal, no votó.

Según los pactos internacionales con rango constitucional a partir de 1994, no pueden ser los mismos jueces los encargados de investigar un crimen, resolver la situación de los sospechosos, analizar los procesamientos y las condenas.

De hecho, el Código Procesal Penal de Santa Fe terminó siendo reformado por ley, aunque la implementación de la nueva normativa continúa demorada debido a las carencias presupuestarias, a la necesidad de adaptar la infraestructura vigente, capacitar a quienes intervienen en el proceso y nombrar personal.

Recientemente, se dispuso por ley que el nuevo sistema penal debe estar totalmente vigente a partir de febrero de 2011.