Últimos días de la mayoría kirchnerista en el Congreso

Bulimia de poder

El kirchnerismo no se priva de nada en materia de leyes y decretos para sumar poder y caja. Pero aún así, habrá que ver si le alcanza.

Sergio Serrichio

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CMI

La lista ya era extensa: facultades legislativas delegadas, para suspender la vigencia de un par de centenar de leyes; superpoderes, para cambiar partidas presupuestarias a piacere; extensión de una batería de impuestos, de modo de garantizar, hasta fines de 2011, un reparto de recursos que esquilma a las provincias; nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para reprimir la crítica y crear un esquema de propaganda y control tan vasto como sea posible.

Pero ni las prerrogativas que en los últimos años confirieron al matrimonio presidencial un poder cuasi monárquico, ni las extensiones y adiciones mencionadas aplacaron la voracidad del oficialismo, que en los últimos días consumó otra prórroga, esta vez por dos años, hasta el fin del actual mandato presidencial, de la ley de Emergencia Económica, blanqueó su intención de sancionar la ley de reforma política antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, emitió un par de decretos por la friolera de 34.000 millones de pesos y avanzó en su asedio pseudo judicial contra Papel Prensa.

Es dudoso, sin embargo, que esos u otros instrumentos curen la bulimia oficial, tanto por sus características patológicas como por la ineficacia de los supuestos remedios ante los problemas de la política, la economía y la sociedad argentinas. Peor aún, es probable que la terapia K agrave el cuadro.

En el frente político, la reforma unilateral del sistema de partidos, campañas y elecciones, incluyendo la crucial cuestión del financiamiento, podría romper de manera irreparable los puentes del kirchnerismo con sus aliados ocasionales de la llamada centroizquierda. Y en el frente socioeconómico, la concentración de recursos, para favorecer a los amigos, extorsionar a los díscolos y castigar a los enemigos, en el mejor de los casos disimulará los síntomas sociales y retardará al costo de empeorar- las consecuencias de una política económica insostenible.

La artillería oficial

Repasemos la reciente artillería oficial. La extensión bianual (hasta completar diez años) de la ley de Emergencia Económica es un reconocimiento de incapacidad de gestión. ¿Por qué un gobierno que viene de presidir se vanagloria de ello- el sexenio de mayor expansión del PBI de la historia argentina y la va de eficaz- prolonga tanto la excepcionalidad? Porque gobernar así está en su ADN. Y porque necesita cubrir sus retrasos. En 78 meses de gestión, el kirchnerismo firmó 59 renegociaciones con privatizadas de los noventa. Todas fueron transitorias, la mayoría se aplicó a medias y 18 ni se empezaron a aplicar.

De resultas, el sistema de servicios públicos e infraestructura (la electricidad, el gas, los trenes, las rutas, hasta las líneas de colectivos bajo jurisdicción federal) sigue atado con alfileres. Y no porque faltaran tiempo o dinero. Entre 2003 y 2009, los subsidios en esos rubros sumaron 55.000 millones de dólares. Todo para que la Argentina tenga hoy un 40 por ciento de gas y 10 por ciento menos de petróleo, con un horizonte de reservas en ambos casos inferior a los diez años.

También es ¿paradójico? que 40 por ciento de los más de 24.278 millones de pesos que asignó la presidenta con su reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) proviene de la asignación del aumento de las reservas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Si se suman la monetización de “ganancias” del sistema de Seguridad Social (el chanchito de los jubilados) y del Banco Central, resulta que más del 75 por ciento del súper-DNU es pura bicicleta financiera. Y la lógica del reparto, puro misterio. A la jefatura de Gabinete, por caso, irán 314 millones de pesos adicionales, pese a que entre enero y octubre gastó sólo 58 por ciento de su presupuesto anual. Y al ya difunto Ministerio de Producción, que en diez meses gastó menos de la mitad de sus partidas, le dieron una yapa del 15 por ciento.

El segundo decreto, de 9.000 millones de pesos, es otro golpe a las provincias, de las que el Tesoro tomó prestado 2.000 millones adicionales a los 7.000 millones que ya les había sacado sin permiso. ¿Qué le hace una mancha más al tigre?

Con esa artillería de leyes y decretos, más los caprichos que hagan falta, el gobierno decidió que a partir del 10 de diciembre el Congreso deje de ser una escribanía para ser un mero Parlamento. Todo lo que salga de allí sin su sello K será vetado, anticipó el jefe de los diputados ídem, Agustín Rossi. El desafío de la oposición (o, mejor dicho, las oposiciones) será interesar a la sociedad con propuestas relevantes, aunque no les dé el número, o extremar sus poderes investigativos, para apuntalar la acción de una Justicia lenta y remisa a molestar al poder.

Glotón insatisfecho

Pero lo trágico de la glotonería oficial, decíamos, es su incapacidad de satisfacerle el apetito.

La apuesta a dos años de bicicleta podría resultar si el viento mundial no vuelve a virar, como hizo temer el reciente remezón en Dubai. Por ahora, dinero es lo que sobra. Tanto, que en China hasta especulan en ajo (aumentó hasta 3.900 por ciento en los últimos ocho meses) y las tasas de interés en los mercados de capital vienen bajando al punto que incluso la Argentina podría emitir bonos con una tasa de interés inferior al 10 por ciento. Es la esperanza que abriga Néstor Kirchner y en la que trabaja el ministro de Economía, Amado Boudou.

Con todo, el hilo se corta siempre por lo más delgado. Y allí los candidatos son los fiscos provinciales y la situación social. El pago del aguinaldo es una prueba cercana para detectar la severidad de la situación de las provincias, inversamente proporcional a la libertad de los gobernadores de resistir lo que el ex presidente Eduardo Duhalde definió como el “liderazgo extorsivo” de Néstor Kirchner.

La respuesta K al conflicto social, en tanto, apunta a un mayor rigor policial (en sus recientes raids, Raúl Castells fue rápidamente detenido) y a la judicialización de la protesta del piqueterismo no alineado, como mostró la denuncia del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, contra Juan Carlos Alderete, el líder de la Corriente Clasista y Combativa. Todo reforzado, claro, con la alianza con Hugo Moyano (enfáticamente ratificada por la propia presidenta luego del cruce del jefe cegetista con la Corte Suprema de Justicia) y la eficacia de fuerzas de choque paraoficiales, como las de Luis D’Elía. ¿Alcanzará?

Sería lindo plantear preguntas más esperanzadoras, pero es lo que hay.

Opositores unidos

Los bloques opositores en la Cámara de Diputados buscarían cerrar filas para ejercer presión en forma conjunta y asegurarse el manejo de las comisiones y las vicepresidencias del cuerpo.

Según publica hoy el diario La Nación, ya habría un principio de acuerdo entre los bloques de todo el arco opositor: la UCR, el PJ disidente, Pro, la Coalición Cívica, el Partido Socialista, Proyecto Sur, Solidaridad e Igualdad (SI), el Frente Cívico (Luis Juez), el Partido Liberal de Corrientes, Diálogo por Buenos Aires y, posiblemente, Libres del Sur. Esto permitiría arribar a una mayoría que oscilará entre 135 y 138 votos.

La instancia definitoria probablemente se produzca en la reunión de presidentes de bloque convocada para el lunes a la noche. El martes se haría lo propio con el oficialismo, para establecer los términos de un “acuerdo civilizado” que permita arribar pacíficamente a la sesión preparatoria del jueves, cuando jurarán los 127 diputados electos el 28 de junio.

Néstor Kirchner