Reclamos y política
A la Justicia por los piquetes
El gobierno denunció al dirigente Juan Carlos Alderete. Preocupación oficial frente a nuevas protestas callejeras.
Viviana Mariño
CMI
Como parte de su estrategia para intentar limitar las protestas callejeras, el gobierno nacional presentó ayer una nueva denuncia penal contra el líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, quien había amenazado con bloquear accesos clave en diferentes puntos del país en reclamo de planes sociales.
A partir de una orden del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, la Policía Federal, a través de la División Operaciones del departamento Seguridad de Estado, formalizó la querella contra Alderete por el delito de “coacción agravada” que recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 11, a cargo del juez Claudio Bonadío.
La decisión del poder central de intervenir desde la Jefatura de Gabinete por la vía judicial fue confirmada oficialmente por la Casa Rosada.
La jugada del gobierno nacional fue decidida tras evaluar el posible impacto de la movilización y cortes, especialmente en los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires, que Alderete anunció para el martes próximo en caso de que el Ejecutivo nacional no cumpliera con el “compromiso” de pago de planes sociales a su organización. A esa protesta podría sumarse una veintena de organizaciones piqueteras y sociales críticas del kirchnerismo.
Antecedentes
En verdad, es la segunda vez que la administración nacional responde a una promesa pública del líder de la CCC con una denuncia. A principios de noviembre, tras una amenaza de Alderete de que militantes de su agrupación tomarían la sede del Ministerio de Desarrollo Social para exigir puestos de trabajo en los planes para cooperativas que administra la cartera a cargo de Alicia Kirchner, el gobierno nacional denunció al líder de la CCC ante el juez federal Julián Ercolini.
Ayer, tras conocer la decisión de la Casa Rosada, Alderete ratificó la protesta del martes próximo. “No me van a hacer bajar los brazos, van a tener que meter presa a toda la CCC para calmarnos”, prometió en declaraciones a un canal de televisión formuladas desde la provincia de Salta donde fue sorprendido por la nueva denuncia en su contra.
Preocupación
La reacción casi refleja del gobierno nacional descubrió ayer la preocupación del kirchnerismo por la secuencia de protestas callejeras que, desde el acampe piquetero en la avenida 9 de Julio que requirió la intervención de Néstor Kirchner para ser levantado, obsesiona al Ejecutivo que, en algunos casos, sospecha del aval de sectores de la oposición.
En ese territorio, el poder central ubica a las dos últimas acciones del líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (Mijd), Raúl Castells, quien ayer ocupó durante varias horas una sala del bingo de la ciudad de La Plata en reclamo de alimentos y planes de empleo e insistió con su pedido de “elecciones anticipadas”.
Fue apenas un día después de encabezar la toma en un supermercado del barrio porteño de Constitución.
El kirchnerismo sospecha que sectores del peronismo disidente participan activamente del armado de las protestas de algunas de las denominadas organizaciones de base que en las últimas semanas se movilizaron en las calles porteñas.
Las declaraciones de Castells acerca de que la “gente está harta de los Kirchner” no hicieron más que profundizar esa lectura.
