Entrevista al presidente de la Corte Suprema santafesina
Rafael Gutiérrez: “No se puede
seguir judicializando la política”
Dice que el gobierno nacional se acuerda de la edad de los jueces cuando los fallos le molestan. Cuestiona al Consejo de la Magistratura y a los políticos que no aceptan las reglas del juego democráticas.
Como presidente de la Junta Federal de Cortes, Gutiérrez dice que la pretensión de hacer que los jueces revaliden sus cargos a través de un examen contradice la inamovilidad constitucional.
Foto: Amancio Alem
Emerio Agretti
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—La composición del Consejo de la Magistratura de la Nación es uno de los temas que divide aguas en el sector político y con el Poder Judicial. ¿Cual es su opinión?
—La posición que me tocó mantener desde la Junta Federal de Cortes fue lo que habíamos acordado en la tercera cumbre en Córdoba, en la reunión de jueces de todo el país, donde coincidimos en la necesidad de que, cuando hablamos de la designación y remoción de magistrados, debía respetarse el equilibrio que pide la Constitución en su formación. Que nadie inclinara la balanza y que se respetara el requisito de idoneidad, igualdad de oportunidades y la carrera judicial.
—¿Esto es lo que expresó en la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados?
—Ésos fueron los principios que defendí, considerando, además, que es necesario que al Consejo de la Magistratura lo encabece el presidente de la Corte. Porque yo soy partidario de los consejos de la Magistratura, pero no como en el orden nacional, sino como es en las provincias: exclusivamente para la designación y remoción de los jueces, y no para la administración del presupuesto. La reforma constitucional del ‘94, en el orden nacional, le otorgó también la administración y el poder disciplinario sobre los magistrados. Yo creo que, por esa situación, que nos plantea un Poder Judicial bicéfalo, donde hay un Consejo que suma mucho poder y que tiene potestades superpuestas con la Corte, es necesario que el presidente sea el mismo, porque ahí se definen las políticas del Poder Judicial.
—Esto coincide con lo que plantea la mayor parte del arco político opositor.
—Lo que pasa es que ahora uno no sabe cuál es la oposición y cuál el oficialismo, porque hay miembros del partido oficialista que son disidentes y hay referentes de la oposición que acompañan al gobierno. Pero creo que la gran mayoría ha tomado conciencia de que el Consejo de la Magistratura no está funcionando bien. Y que fundamentalmente no quieren que ninguno, más allá de la filiación partidaria, tenga derecho a veto.
—En este contexto, desde el gobierno piden renuncias de magistrados, incluso de la Corte...
—Cuando asumió el presidente Néstor Kirchner en 2003, prácticamente renovó la Corte Suprema, nombró cuatro ministros (Zaffaroni, Highton, Argibay, Lorenzetti), más uno que había entrado en la gestión anterior (Maqueda). Quedaron Enrique Petracchi y Carlos Fayt.
Una cuestión que se plantea es la edad de los magistrados. Cuando el Dr. Kirchner llegó a la presidencia de la República, el Dr. Fayt ya tenía más de 75 años. Hay un contrasentido en que, cuando además se le reconoce su capacidad, se pida el alejamiento ahora, después de algunos fallos que incomodaron al gobierno.
—Los problemas surgen, entonces, porque la Corte no está alineada con el gobierno.
—Y también con los fallos de jueces inferiores, como los referidos al uso de las reservas. Pero al Poder Judicial no se lo impugna por los micrófonos o los diarios, sino con los remedios que la misma ley prevé. Por otra parte, muchas cuestiones políticas que se han judicializado no han sido por acción de los jueces, sino del propio sector político. Entonces, la dirigencia tiene que aprender que, cuando pierde una votación, no tiene que ir a la Justicia, sino respetar las reglas de juego de la Constitución. Salvo que haya una irregularidad, que requiera un control de constitucionalidad. Pero lo que yo siempre digo es que lo más importante para los jueces, además de defender nuestra independencia, es mantenernos en nuestra órbita de competencia.
—¿Y esta idea de que los jueces rindan examen periódicamente?
—Va contra el principio de inamovilidad de los jueces, que dice que conservan sus cargos mientras dure su buena conducta. Además, ya hay remedios legales. Si hay un juez que desconoce el Derecho, es pasible de juicio político. Me parece que la experiencia en algunas constituciones ha demostrado que para lo único que servía establecer períodos de duración era para hacer zafarranchos y remover a los jueces independientes que molestaban, no a los que no servían.
Preocupan vacantes correccionales
El Colegio de Abogados de Rosario reclamó que se cubran las vacantes en los juzgados correccionales, después de que los jueces del fuero sostuvieran que existe una situación de “colapso”.
El presidente del Colegio, Ignacio Del Vecchio, mantuvo una reunión con los seis jueces penales correccionales de Rosario para tratar la situación del fuero, ya que sus integrantes informaron a la Cámara de Apelación Penal y a la Corte Suprema de Justicia que se encuentran “absolutamente imposibilitados” de ejercer las tareas propias de los juzgados a su cargo sumadas a las de los cuatro vacantes, a saber: 8ª, 5ª, 4ª y 10ª Nominación y algunos desde el año pasado.
Estos seis magistrados deben atender las 121.255 causas en trámite que existían al cierre del año 2009, según los informes estadísticos que se presentaron a la Corte, con más las 16.154 que se registran desde el inicio del corriente año a la fecha (22 de abril).
Los propios jueces califican de “colapso” la situación y advierten sobre “la gravedad de sus consecuencias”, por lo cual solicitan a los tribunales superiores que contemplen la posibilidad de requerir al Ministerio de Justicia la agilización de los trámites para la inmediata cobertura de los cargos vacantes a través del denominado “banco de suplentes”.
Por tal motivo el Colegio de Abogados de Rosario solicitó al secretario de Justicia de la provincia, Roberto Vicente, sendos informes sobre la conformación del banco de suplentes disponible en la actualidad para cubrir las vacantes en juzgados penales y sobre el procedimiento y tiempo estimado para la conformación del nuevo banco de suplentes en materia penal.
Asimismo el Colegio requirió por nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, que “se arbitren las medidas del caso tendientes a la pronta cobertura de las vacantes que se originan en los juzgados inferiores” ya que la situación genera “honda preocupación”.
400
mil expedientes quedarán en trámite con el actual sistema procesal penal, cuando empiece a regir plenamente la oralidad en la provincia.
Recursos e infraestructura
—¿Cómo ve la situación en la provincia?
—Estamos en pleno proceso de transformación del Poder Judicial que la Corte lleva desde hace muchos años, en materia informática, organización, equipamiento. Ahora se está ejecutando un crédito del Banco Mundial, que se hizo efectivo en la anterior gestión provincial, para equipar y modernizar la gestión y la administración. Son unos 1780 equipos para toda la provincia, un paso cuantitativo y cualitativo a fines de agilizar los procedimientos y la eficiencia.
—¿Y el nuevo proceso penal?
—En eso estamos todos comprometidos, pero hay dificultades. Hasta ahora hemos venido colocando parches, poniendo en marcha algunos institutos. La Corte ha tenido que dictar acordadas para posponer la implementación, pero el 1º de febrero de 2011 tiene que estar en marcha, y también hay que analizar la transición; que vamos a hacer con los expedientes que van a quedar en el sistema viejo. Porque vamos a necesitar recursos humanos para los nuevos trámites, pero también para terminar ésos.
—¿Se puede cubrir las necesidades de infraestructura?
—Y, en Santa Fe y en Rosario hay que hacer edificios; quizás en otras ciudades se pueda arreglar de otra forma. Pero, por ejemplo, yo le he planteado al gobernador a través de una nota que es un despropósito que aquí en Santa Fe se esté hablando de hacer un edificio en otro lugar de la ciudad, cuando nosotros tenemos expropiada desde 1970 la mitad de la manzana circundante al actual edificio de Tribunales. Ya se hizo un concurso de ideas y proyectos, con un jurado nacional y el gran orgullo de que lo ganó un estudio santafesino. Incluso ya tenemos los pliegos licitatorios.
