Federalismo y rebelión estadística
En 2006 el secretario de comercio interior, Guillermo Moreno, intervino el Indec. El primer encontronazo con una provincia se produjo en agosto 2007, cuando la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (Deie) reportó para ese mes un incremento de 3,1% en el IPC, mientras que el organismo nacional, ajustado a sus cifras nacionales y populares, apenas consignaba 1,5 por ciento.
La situación se saldó despidiendo a Patricia Giménez, por entonces directora del organismo mendocino. Desde entonces la provincia acató mansamente la versión estadística que le dictaban desde Buenos Aires. El problema fue que, con el correr de los meses, la realidad económica de los mendocinos no condecía con los números dibujados.
En la tercera semana de febrero de 2011 el gobernador kirchnerista de la provincia, Celso Jaque, dio un paso atrás, resolviendo finiquitar el acuerdo con el Indec y anunciando que a partir de ese mes la medición del IPC vuelve a manos del instituto provincial. No sólo eso: también deberá calcular y difundir los valores de la canasta de indigencia y pobreza, en tanto gestiona una auditoria de la Universidad de Cuyo y certificaciones internacionales para avalar las nuevas mediciones autónomas.
La decisión, que conlleva una ruptura con el relato oficial por parte de un gobernador oficialista, fue producto de la creciente presión de todos los actores sociales y económicos. En declaraciones a la prensa, la nueva directora del Deie admitió que existía un reclamo de toda la ciudadanía mendocina, incluyendo sindicatos, cámaras empresariales, universidades, el sector académico en general y las consultoras privadas.
Debe saludarse la sana decisión mendocina -obligada por el consenso social- de mirar la realidad tal como ésta es y no un espejismo que se digita desde el poder central. De este modo, Mendoza se suma a las provincias de Santa Fe, San Luis, Entre Ríos, La Pampa, Chubut, Jujuy, Salta, Neuquén y Río Negro, que mantienen sus propias estadísticas del IPC, que como mínimo duplican las ofrecidas por el Indec.
También sería importante que provincias de gran peso económico, como Córdoba y Tucumán, se sumasen a la rebelión estadística y dejen de excusarse, advirtiendo en las páginas Web de sus institutos que los mismos no elaboran el IPC, sino que se limitan a recabar los datos y remitirlos al organismo nacional.
En Córdoba, frente a la desinformación, el sindicato Smata y la empresa Volkswagen acordaron revisar salarios según el IPC (UBA). Este índice es confeccionado por Graciela Bevacqua, la ex directora del Indec despedida por Moreno, y actualmente en la mira del gobierno en la embestida contra las consultoras privadas.
La rebelión estadística está desnudando la inconsistencia del instituto nacional progubernamental. Cabría recordar las palabras de Abraham Lincoln: “Se puede mentir a pocos, mucho tiempo. Se puede mentir a muchos, poco tiempo. Pero no se puede mentir a todos, todo el tiempo”.
