El control sobre la prensa y la desidia legislativa

Votación que dio el jueves pasado media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto oficial sobre el papel para la prensa. Foto: DyN

Hugo E. Grimaldi

(DyN)

Si el que compra dólares podría llegar a ser considerado un ‘terrorista’ por el Estado, y si los trabajadores que pretendan ejercer su derecho a la huelga van a ser catalogados de ahora en más como ‘extorsionadores’, nada bueno puede esperar el periodismo en su conjunto a partir de la sanción de la Ley que apunta a controlar el proceso de fabricación, comercialización y distribución de pasta de celulosa y de papel para diarios, cuyos fines no confesados parecerían ser digitar la asignación de ese insumo básico para cercenar la libre expresión y expropiar de modo indirecto a Papel Prensa.

Mientras los socios privados de la papelera y las asociaciones que nuclean a los diarios han expresado su repudio a la intervención del Estado en la actividad periodística, porque sostienen que si hay menos libertad de prensa bajará la calidad institucional y el control republicano, la propia Cristina Fernández ha dicho en defensa de la Ley que lo que se busca es ‘democratizar’ el uso del papel para diarios, para que todos puedan expresar lo que piensan.

Los discursos presidenciales son una fuente inagotable de bajadas de línea sobre determinados temas, muchos de ellos bajo el ropaje de frases sueltas con connotación hacia personajes o situaciones.

Esta misma semana cada alocución ha dejado mucha tela para cortar y Hugo Moyano puede dar fe en cuanto a las respuestas indirectas, en una pulseada que calentó hasta el paroxismo desde la tribuna el actual jefe de la CGT y que sólo se va a saldar cuando el camionero deje su sillón.

La verdad absoluta y no se discute

Otras veces, la presidenta exagera con el recurso, sobre todo en cuestiones económicas que presenta como verdades reveladas.

A veces cuesta creer que alguien tan preparado como la presidenta de la Nación, un cuadro político de experiencia sin igual y además extraordinaria oradora pueda decir cosas tan ligeras, por ejemplo, la cifra de 5 millones de puestos de trabajo creados en ocho años, un número ni siquiera avalado por las estadísticas oficiales, pero que ella repite hasta que se transforme en una verdad absoluta.

Si es una táctica, es vieja, y la realidad se ocupará de pasarle la factura, pero si ella realmente cree en lo que le dicen sus asesores en éste y en otros temas que terminan descolocándola, debería echarlos.

Pero más allá de creer o no en la palabra presidencial en el tema papel, el fundamento más objetivo para alejar el análisis de cualquier prejuicio en esta cuestión tiene tres patas: la experiencia del combo Ley de Medios/TV Digital, la distribución discrecional de la publicidad oficial y el uso arbitrario que suele hacer de la letra chica el Ejecutivo a la hora de las reglamentaciones, sobre todo a partir de una Ley que no ha pasado como se debe por el filtro republicano del Congreso.

Pese a las manifestaciones de pluralidad y también de democratización de la palabra o de acatamiento a la Justicia, en los dos primeros casos el Gobierno ha sido más que generoso para asignar frecuencias radiales o televisivas a los amigos ideológicamente afines, casi siempre nada comprometidos con el periodismo y ávidos por la pauta oficial, como así también para dejar afuera del reparto a quienes molestan con sus críticas.

Así, Canal 13 aún no tiene frecuencia asignada en el cuasifracasado sistema de Televisión Digital estatal, mientras que el fallo de la Corte a favor de la Editorial Perfil por discriminación publicitaria es ignorado olímpicamente.

Una vez que el Gobierno tenga esta Ley en sus manos, ¿por qué motivo su proceder con el papel para los diarios debería ser diferente?

Otro foco central que suma dudas al resultado de la Ley es la extrema pobreza legislativa, focalizada por ahora en la Cámara Baja, cuyo accionar de los últimos días ha sido, al menos, irresponsable, con muchos diputados del oficialismo expresando a viva voz cierto espíritu de venganza casi adolescente.

La palabra “debate” en este Congreso

Es como si el 54% que consiguió la presidenta en las últimas elecciones, con ellos colgados de sus polleras (boletas sábana), les diera derecho a ser chapuceros.

En este Congreso modelo 2011, la palabra debate (‘discusión, confrontación de opiniones diferentes’) ha sido archivada por el oficialismo, mientras la oposición sigue colgada de las cuerdas, confusa todavía por el mandoble del 23 de octubre. Si poco pudieron hacer cuando tuvieron una mayoría circunstancial, ahora sólo se dedican a hacer discursos testimoniales.

Si hubiera algo de seriedad en estos protagonistas de ocasión, deberían haber parado la pelota, ya que no se pueden recibir 14 proyectos de Ley, estudiarlos, debatirlos y eventualmente cambiarlos para que lleguen al recinto en condiciones de que cada uno fundamente su posición, antes de ejercer por mandato popular lo que debería ser un voto responsable que no sólo atienda a la pertenencia partidaria, sino también a la conciencia.

Así, lo que debería haber sido un maratón del toma y daca para asegurarle seriedad a las sanciones se transformó alegremente en una carrera de 100 metros y de esta forma no hubo modo de que alguien verifique, al menos, si estos proyectos presentan inconstitucionalidades. Si se habla en términos de un producto, ninguna de estas futuras leyes ha pasado por los controles de calidad necesarios, no sucederá en el Senado y finalmente serán todas ellas carne de la Justicia.

Lo peor que le puede pasar al Congreso es que sus decisiones se transformen en judiciables. Sin embargo, si el Ejecutivo está conforme, ¿a quién le importa? A los regimentados legisladores que levantan la mano como un resorte parece que no. ¿Y a los ciudadanos que salen a trabajar para subsistir o aquellos otros de clase media a los que el consumo les obnubila el panorama o los más adinerados que suponen que nunca les tocará?

El titular de Adepa, el periodista Carlos Jornet acaba de decir que, por esas circunstancias de la vida diaria ‘es probable que mucha gente no advierta el riesgo y menosprecie o al menos minimice el valor de un periodismo comprometido con la libertad’. También ha reconocido que ‘seguramente hemos fallado en transmitir ese concepto a la ciudadanía’.

Los elementos que surgen de los 41 artículos del proyecto aprobado por los diputados indican que no es ingenuo que se declare a toda la cadena del papel para diarios de ‘interés público’, ya que el Estado es su guardián natural y así podrá meterse con el amparo de la Ley en las decisiones del sector privado.

Un movimiento de pinzas sincronizado

Pero además, la tarea se la asume de un modo perfectamente sincronizado, a partir de un movimiento de pinzas, ya que esa intervención, en cantidades y precios, se va a dar a dos puntas: en la regulación de la oferta local y en una eventual restricción de las importaciones, que hoy no tienen ni siquiera arancel.

Este último punto hay que ponderarlo adecuadamente, ya que en buena parte de los primeros 39 artículos se marca con precisión que se trata de una Ley que apunta a favorecer la ‘industria nacional‘ del papel para diarios. Como la única fabricante local de este insumo es Papel Prensa, ya que Papel del Tucumán cambió de rubro pese a haber tenido originalmente el mismo objeto, no hay ninguna duda que para lograr papel nacional habrá que dotar a Papel Prensa de mayor capacidad de producción.

En este punto es donde adquieren singular relevancia los dos últimos artículos de la futura Ley, donde se manifiesta con toda la virulencia el deseo del Estado por sacar de la cancha a los socios privados de Papel Prensa, Clarín y La Nación. Hoy, todos los diarios del país consumen 230 mil toneladas anuales de papel, 170 mil se los compran a Papel Prensa e importan la diferencia, inclusive los que pueden hacerlo a un precio menor que al que vende la fábrica de la discordia. Algunos diputados de la oposición han señalado que esta figura está castigada penalmente en la Ley de Sociedades. Pero la cosa va más allá, porque si se decide cerrar la importación y el Estado pasa a controlar la fábrica, entonces se podrá poner un torniquete a quienes no piensen igual que el gobierno de turno, ya que el sistema de cupos es suficientemente conocido para que los no alineados reduzcan su cantidad de páginas y molesten menos al poder. Para preparar el terreno, el proyecto que pasó al Senado ha delineado mecanismos burocráticos de seguimiento que estarán en cabeza del ministerio de Economía y aunque no se dice expresamente, en manos de Guillermo Moreno, quien también controla la nueva secretaría de Comercio Exterior.

En este Congreso modelo 2011, la palabra debate (‘discusión, confrontación de opiniones diferentes’) ha sido archivada por el oficialismo, mientras la oposición sigue colgada de las cuerdas, confusa todavía por el mandoble del 23 de octubre.

Los elementos que surgen de los 41 artículos del proyecto aprobado por los diputados indican que no es ingenuo que se declare a toda la cadena del papel para diarios de ‘interés público’, ya que el Estado es su guardián natural y así podrá meterse con el amparo de la Ley en las decisiones del sector privado.