El nuevo escenario internacional

Sergio Serrichio

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Acostumbrada a culparlo de algunas dificultades domésticas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) recibió en pocos días varios llamados del mundo. La muerte de Hugo Chávez y la elección de Jorge Bergoglio, ex arzobispo de Buenos Aires, como Papa de la Iglesia Católica, plantearon cambios de escenario que la fuerzan a definiciones de gobierno.

Con menos cartel internacional, pero concretas e inmediatas repercusiones internas, a esa lista debe sumarse la suspensión, por parte de la brasileña Vale, la segunda minera más grande del mundo, del proyecto Potasio Río Colorado (PRC), que hasta su suspensión era el proyecto de inversión directa extranjera más grande en la Argentina.

La decisión, que afecta a más de 6.000 personas empleadas por Vale o sus contratistas y proveedores e involucra a cuatro provincias (Mendoza, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires), además de interpelar al gobierno nacional, debía ser el punto central de la próxima reunión de CFK con su par brasileña, Dilma Rousseff. Un encuentro ya dos veces postergado (debido primero a la tragedia que dejó 233 muertos en una disco en Rio Grande do Sul y, luego, a la muerte de Chávez) y al que se van agregando espinas, y que quedó salvado en lo protocolar con el saludo intercambiado ayer en El Vaticano, pero sin avanzar sobre las cuestiones bilaterales de fondo.

Diferencias

Por caso, el hecho de que mientras en la Argentina algunos elucubran cómo rescatar el proyecto PRC (recurriendo, por caso, al interés brasileño en la construcción de dos represas hidroeléctricas en la Patagonia, de un presupuesto inicial de 25.000 millones de pesos), Dilma podría llevar a la cita el problema que se le planteó en Estados Unidos a la estatal brasileña Embraer, la tercera fabricante mundial de aeronaves, por la venta de 20 aviones a Aerolíneas Argentinas.

El 13 de marzo, el día en que Bergoglio era elegido en Roma como nuevo líder de la Iglesia católica y adoptaba el nombre papal de Francisco, Embraer elevó a la Securities and Exchange Commission (SEC, ente que regula a las empresas con cotización bursátil en EE.UU.) el formulario K-6, donde refiere la continuidad de sus pesquisas internas sobre la venta de los aviones a la Argentina (y operaciones en otros cuatro países) para detectar si en ellas hubo pago de coimas.

Embraer debió iniciar ese proceso en septiembre de 2010, el año en que empezó a entregar los aviones vendidos en forma directa (sin licitación) a Aerolíneas-Austral. Lo hizo forzada por la ley de prácticas corruptas en el exterior (Foreign Corrupt Practices Act) de EE.UU., cuya aplicación depende de la SEC y el Departamento de Justicia. En su reciente presentación, la firma reconoce que “en caso de que las autoridades tomen acciones contra nosotros o las partes (involucradas en los negocios de Embraer que están siendo investigados) alcancen un arreglo de estas cuestiones, nos podría ser requerido el pago de multas sustanciales y/o podríamos incurrir en otras sanciones”.

La compra de aviones a Embraer, que en su momento CFK consideró “una cuestión esencialmente política” generó también denuncias de sobreprecios y una causa judicial (12.688/09) en la Argentina, en la que el juez federal Sergio Torres investiga al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, y a su asesor, Manuel Vázquez, por “defraudación contra la administración pública”. Algunos expertos calcularon el sobreprecio en 5 millones de dólares por nave, lo que llevaría el total a cien millones.

Torres allanó oficinas de Aerolíneas y en diciembre de 2011 envió un exhorto a la Justicia norteamericana, para que le informe del avance de sus investigaciones. El pedido pasó por el ministro de Justicia, Julio Alak, primer presidente de Aerolíneas tras la reestatización e iniciador de las gestiones con Embraer que concluyeron el actual presidente de Aerolínas, Mariano Recalde, y el entonces secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi (sucesor de Jaime y renunciante también él tras la masacre de Once), bajo la mirada de Julio de Vido. El BNDES, el banco de Desarrollo del Brasil, potencial financiador de las represas en el sur, financió el 85 % de esa operación.

Amigos de un millón

La historia de las represas es una guía al mundo K. Tras varios anuncios y licitaciones infructuosas, De Vido relanzó el proyecto, hizo gestiones en China y Rusia, rebautizó las presas (antes Cóndor Cliff y La Barrancosa, ahora Néstor Kirchner y Jorge Cepernic) y hace pocas semanas se abrieron los sobres con la propuesta económica-financiera, que dejó en pie a cuatro grupos oferentes. En todos ellos hay “amigos” K.

En uno, encabezado por la china Sinohydro, figuran Iecsa (su titular, Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, fue el principal aportante a la campaña de CFK en 2007), Austral Construcciones, de Lázaro Báez (ex cajero del banco de Santa Cruz, sospechado de testaferro de Néstor Kirchner y comprador a precio de ganga de 180.000 hectáreas que serían anegadas por las represas, lo que le valdría millonarias compensaciones), y Esuco, de Carlos Wagner (ex titular, actual vicepresidente primero de la Cámara Argentina de la Construcción y ganador de varias obras de gran porte en Santa Cruz).

En otro, liderado por la también china Gezhuoba, revista Electroingeniería, ubicua firma cordobesa que, amén de ganar contratos energéticos en serie (desde Atucha II a varias líneas de alto voltaje) compra medios de comunicación (Radio Del Plata, 360 TV).

En el tercero, están la brasileña Odebrecht con el grupo Pescarmona, de buenas migas con el kirchnerismo. Y en el cuarto, encabezado por la rusa Inter Rao, aparecen valores locales como Eleprint, presidida por Gustavo Weiss, actual titular de la CAC. Eleprint ya está construyendo el hospital de El Calafate y en 2012 ganó el premio a la “obra vial provincial del año” por la Ruta 28, en Formosa, que realizó junto a JCR Construcciones. JCR son las iniciales de Juan Carlos Relats, dueño de los hoteles Panamericano y administrador de Los Sauces, el hotel boutique de los Kirchner en El Calafate, por el que paga un canon exorbitante (es uno de lo ítems principales para “justificar” el crecimiento patrimonial de la familia presidencial).

La casita del árbol

En su última visita a El Calafate, cuando dijo que “los árboles son sagrados”, la propia presidenta inauguró las obras de ampliación del ahora aeropuerto “internacional” del lugar, que llevaron a cabo Austral, de Lázaro Báez, y los Eskenazi, ex socios de YPF pero aún dueños de los bancos Santa Cruz, Santa Fe y Entre Ríos y de la constructora Petersen, Thiele y Cruz. El concesionario del aeropuerto (de cuando Néstor gobernaba la provincia) es London Supply, cuyos dueños aportaron algunos de los millones con los que Alejandro Vandenbroele, presunto testaferro de Amado Boudou, pudo levantar la quiebra de la ex Ciccone. Lo hicieron de buenos nomás, igual que Gildo Insfrán.

Ese mundo de amigotes, contratos y favores es diferente del de Dilma Rousseff, que ya despidió media docena de ministros por sospechas de corrupción y bancó la condena judicial a diez años de prisión de José Dirceu, quien había sido el principal asesor de Lula. Es como si aquí, por ejemplo, CFK le pidiera la renuncia a De Vido o se bancara una condena de prisión a Aníbal Fernández. En cambio, y por mucho menos, su prioridad es domar la Justicia.

La actitud de Rousseff frente a Francisco también fue diferente: además de felicitarlo, lo invitó de inmediato a la Jornada Mundial de la Juventud que se realizará en julio en Río de Janeiro. CFK buscó marcarle la cancha desde la tribuna de Tecnópolis y consintió operaciones que, contra toda evidencia, buscaron desacreditarlo.

La presidenta tiene derecho a elegir El Calafate como su “lugar en el mundo”. Pero el mundo es mucho más grande que la pequeñez de sus obsesiones. Y la está llamando.

Ese mundo de amigotes, contratos y favores es diferente del de Dilma Rousseff, que ya despidió a media docena de ministros por sospechas de corrupción.

La presidenta tiene derecho a elegir El Calafate como su “lugar en el mundo”. Pero el mundo es mucho más grande que la pequeñez de sus obsesiones.