Tribuna de opinión
Propuesta
Enrique A. Escobar Cello
Alcanzar una mayoría opositora en el Congreso Nacional en las elecciones de octubre entrante, es un imperativo para preservar la democracia republicana que nuestros mayores fundaron en 1853. Los proyectos de “democratización” que envió la presidente al Congreso son una clara prueba de ello.
Esa mayoría constituirá un blindaje que frene intentos hegemónicos, pero requerirá de una soldadura que lo haga creíble, dentro y fuera de nuestro país. Esto sería suscribir un compromiso de coincidencias básicas de los grandes intereses nacionales, asumido por los partidos políticos, el empresariado, la prensa independiente, los sindicatos y los sectores sociales con vocación democrática para cumplir y hacer cumplir el deber primero de todo ciudadano: construir una Nación mejor.
La confianza, interna y externa, se conseguirá rápidamente si los partidos de oposición suscriben un pacto sobre políticas de Estado que haga a la reconstrucción de nuestra democracia y la rehabilitación de la calidad de nuestras instituciones. Ese pacto tendría efecto inmediato para las elecciones de octubre y marcaría una clara tendencia para las de 2015, como prueba de convivencia democrática y madurez política.
El desarrollo económico (y consecuentemente cultural y social) debería figurar entre las políticas comunes prioritarias a suscribir, generador de inversiones destinadas a industrializar nuestro país, transformaría nuestra estructura económica de subdesarrollo y nuestra infraestructura de comunicaciones viales, elevando la productividad de las economías regionales e intensificando la actividad agropecuaria al liberarla de retenciones a las exportaciones. Promoviendo a la vez la reactivación de una política ganadera que nos devuelva nuestra posición tradicional en el mundo.
Esa política de inversiones en industrias y obras de infraestructura tendrá automáticamente un efecto multiplicador en la actividad económica produciendo puestos de trabajo, mejorando considerablemente la calidad de nuestra educación, salud pública y seguridad, generando a la vez, los recursos necesarios para devolver a la clase pasiva los fondos que le han sido saqueados por los gobiernos de los últimos 50 años.
Ínterin, se deberían mantener los subsidios a los desocupados y a la pobreza extrema, incluida la asignación universal por hijo, con valores actualizados, hasta que la ampliación del mercado laboral vaya reemplazándolos por trabajo genuino. Eliminando -y esto es fundamental- la intermediación política en su distribución, fuente de corrupción, arbitrariedad y clientelismo.
Energía
En materia energética, se debería impulsar al Ejecutivo, y respaldarlo, en la exploración y explotación intensiva de nuestros recursos naturales, procurando para ello las inversiones que lo hagan posible. Así recuperaríamos la autosuficiencia perdida y se favorecería a la industria en particular y a la ciudadanía en general.
Comprometerse a una política internacional basada en el cultivo prioritario de relaciones cordiales con las grandes naciones desarrolladas del mundo, sobrevolando coincidencias o discrepancias políticas. (Esta propuesta no sería excluyente, sino prioritaria). La Argentina debe volver a sentarse a la mesa con todas las grandes naciones del mundo para negociar su futuro económico y nuestro derecho a construirlo, sin ceder un ápice en nuestros derechos soberanos. No se logra soberanía con declamaciones, se ejerce con hechos concretos. Y no hay Nación soberana sin autosuficiencia económica.
La libertad de prensa quedaría asegurada con desarrollo económico, porque, como consecuencia natural del desarrollo, se incrementarían las partidas publicitarias contribuyendo efectivamente a que los medios se autoabastezcan con independencia de la pauta publicitaria oficial.
Los populismos no se interesan por las obras de infraestructura. Éstas no obtienen respuestas visibles e inmediatas en la población, requiriendo además estudios y trabajos que prefieren obviar. Se contentan con subsidiar la pobreza con dineros públicos, paliando en parte necesidades y problemas coyunturales, la mayoría consecuencia de su propia desidia.
Esta riqueza que se distribuye no ha sido generada previamente, por lo tanto es deficitaria y a la larga ruinosa; para la Nación y para los eventuales beneficiarios.
Las consecuencias de estos procedimientos demagógicos y del desinterés del oficialismo de no anteponer lo importante a lo demagógico, se reflejan claramente cuando lamentamos tragedias que pudieron ser evitadas: trenes que chocan, inundaciones...
Se debería proponer en el compromiso de coincidencias una drástica racionalización en la burocracia estatal. En los últimos cuatro años el gasto en salarios aumentó un 160 %. El crecimiento burocrático es otro recurso del populismo para disfrazar su ineptitud para crear puestos de trabajo genuinos.
A medida que la actividad privada vaya demandando empleos, el Estado debería reducir sus planteles, dejando a los más aptos en las distintas reparticiones y liberando a la absorción de la actividad privada al resto de los agentes estatales, luego de cumplir con todos los requisitos legales del despido. Esto ya se hizo con éxito en nuestro país en 1961. Entonces, 250 mil agentes públicos fueron absorbidos por la actividad privada. Si se hizo, se puede volver a hacer.
Las situaciones provinciales
Los gobiernos provinciales que no son afines al gobierno sufren el castigo autoritario gubernamental con una soberbia más propia de una monarquía plebiscitaria que de un gobierno democrático. Estas provincias son hostilizadas por el gobierno nacional y el régimen de coparticipación federal es el látigo para castigar el pecado de no pensar igual y no obedecer ciegamente. 25 millones de habitantes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sufren el castigo de no haber votado en su mayoría al partido gobernante. Lo sufren con inundaciones, deficiencias viales, inseguridad, falta de agua corriente, etc. Lo dicho escapa a todo criterio serio y sano, pero eso es lo que está pasando en la Argentina de hoy. La justa y estricta distribución de recursos federales a las provincias debería suscribirse también como compromiso.
En el aspecto político, el simple expediente del cumplimiento estricto de nuestra Constitución Nacional es más que suficiente.
¿Acaso los puntos propuestos difieren en lo substancial con la Argentina que desea el sindicalismo argentino, el peronismo disidente, el radicalismo, el socialismo, el PRO, y los partidos provinciales? ¿No es la construcción de una Nación seria y próspera, lo que persiguen? ¿Por qué no suscribirlo entonces y dar un ejemplo de madurez y generosidad ofreciéndole a la ciudadanía una alternativa política válida?
Admito sin reservas la posibilidad de que mucho, o parte, de lo propuesto es discutible y hasta puede ser errado. Pero elijo equivocarme proponiendo y eso hago.
La confianza, interna y externa, se conseguirá rápidamente si los partidos de oposición suscriben un pacto sobre políticas de Estado que haga a la reconstrucción de nuestra democracia y la rehabilitación de la calidad de nuestras instituciones.
Cámara de Diputados de la Nación, uno de los ámbitos que debería abrir los oídos a las propuestas ciudadanas. foto: Dyn
La Argentina debe volver a sentarse a la mesa con todas las grandes naciones del mundo para negociar su futuro económico y nuestro derecho a construirlo, sin ceder un ápice en nuestros derechos soberanos.
