al mArgen de la crónica
Caza de brujas
Los asesinatos de personas que aparentemente practican la brujería, sobre todo mujeres, se han disparado en Papúa Nueva Guinea, un país con una población propensa a la superstición y a tomarse la justicia por su mano.
Amnistía Internacional estima que cada año se producen unos 150 casos de ajusticiamiento de personas relacionadas con la hechicería a manos de la gente, aunque el número es probable que sea mucho más elevado dado que la mayoría de las muertes ocurren en áreas aisladas y no son denunciadas.
“Las mujeres son acusadas seis veces más que los hombres de estos delitos”, afirma Kate Scheutze, la investigadora de AI que examina la discriminación de la mujer en la sociedad papuana.
En ese país, en el que está muy extendida la ignorancia y el temor a los poderes mágicos, existe desde 1971 la Ley de Brujería, que prohíbe realizar “magia negra o hechizos para causar daño” y permite denunciar, agredir y matar a las personas acusadas de brujería, sin necesidad de probar dichas acusaciones.
La ONU ha pedido al gobierno papuano que derogue la legislación en materia de magia negra y proteja a aquellas personas sobre las que recaen las sospechas.
Sólo la pasada semana fueron asesinadas ocho personas, entre ellas dos ancianas que fueron decapitadas. Estas muertes fueron presenciadas por la Policía que, tras el suceso, emitió una nota para explicar que no disponía de los efectivos necesarios para controlar a la ofuscada turba, provista de hachas y machetes.
En otro caso, siete personas desnudadas, tumbadas sobre hierros al rojo vivo y quemadas en la hoguera durante un ritual contra la magia negra.
Estas acciones violentas surgen como modo de resolver problemas domésticos. Y en ese país, donde no se emiten certificados de defunción, los “médicos brujos” perciben considerables sumas de dinero por realizar acusaciones “a pedido”.
