Recientemente reglamentada
Claves de la ansiada ley de fertilización asistida
Para todos y todas. Esta política va de la mano del matrimonio igualitario. En los fundamentos, la ley insta a aceptar la diferencia y la diversidad cultural. Foto: Archivo El Litoral
Agustina Mai
amai@ellitoral.com
Un mes y medio después de la sanción de la Ley de Fertilización Asistida, la norma fue reglamentada la semana pasada a través del decreto 956/2013. La Ley 26.862 garantiza el acceso a los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida, a todas las personas mayores de edad, sin distinción de estado civil u orientación sexual, en el sistema público y privado de salud.
Hacía tiempo que las personas con problemas de fertilidad bregaban por esta normativa, ya que actualmente los costosos tratamientos deben ser pagados por los particulares. “Estamos muy contentos porque se reglamentó la ley”, manifestó Horacio Quesada, de Sumate Santa Fe que agrupa a pacientes con dificultades para concebir.
Los fundamentos de la ley sostienen la “intención de ampliar derechos, en tiempos de cambios y de más inclusión en el ámbito social y en el de la salud, en el marco de una sociedad que evoluciona, aceptando la diferencia y la diversidad cultural”.
“En la provincia de Buenos Aires, algunas obras sociales cubren parcialmente los tratamientos, con algunos requisitos: por ejemplo que los pacientes tengan menos de 40 años. Con esta nueva Ley de Fertilización a nivel nacional, el espectro va a ser mucho más amplio. Está muy bien para darle satisfacción a las necesidades de los pacientes”, señaló Sebastián Gogorza, presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (Samer).
Si bien esta política marca un hito, se trata del primer paso. Para que la ley rija en cada distrito, las provincias deberán adherir a la norma nacional. Santa Fe todavía no lo hizo. “Esta ley es muy importante, pero hay que tener paciencia y no desesperarse. En Santa Fe, tenemos que seguir luchando porque el Ministerio de Salud tiene que adherir”, advirtió Quesada, al tiempo que pidió paciencia a “las parejas que tienen dificultades para concebir, ya que ponerla en práctica va a llevar un tiempo”.
Habilitación
Para facturarle a las obras sociales, las clínicas e institutos que ofrecen los tratamientos de fertilización asistida deberán registrarse y estar habilitados por el Ministerio de Salud de la Nación y la Superintendencia de Servicios de Salud.
Desde la obra social Jerárquicos Salud, Juan José Sagardía remarcó la importancia del registro: “Habrá que ver qué establecimientos se inscriben como prestadores y cumplen con las normas del Ministerio. Para que la obra social cubra el tratamiento, el afiliado tiene que ir a un prestador que esté inscripto. De lo contrario, puede negarse la cobertura”.
Sagardía advirtió que esta ley tiene “una repercusión directa y muy costosa” en las obras sociales. “La legislación no dice quién va a pagar estos tratamientos, algunos de los cuales cuestan hasta 50.000 pesos. De un sueldo de 8.000 pesos, la obra social recibe unos 600 pesos. Si hace dos o tres intentos, el afiliado -pagando su cuota durante toda su vida- sólo va a cubrir esos tratamientos, ¿y con qué cubre el resto de las enfermedades o internaciones?”, planteó. Asimismo, planteó que los precios de los tratamientos pueden subir. “Si el Estado no fija topes, a partir del momento en que la cobertura es obligatoria para las obras sociales, las clínicas pueden aprovecharse y aumentar los precios”.
Consultado acerca de si actualmente Jerárquicos cubre algún tratamiento de fertilidad, Sagardía señaló que se cubre “parte de los medicamentos requeridos, pero los profesionales quedan a cargo del afiliado”.
En tanto, desde el Iapos confirmaron que se cumplirá con la ley, pero que existe un plazo de seis meses para establecer la cobertura. Asimismo, que tendrán que firmar convenio con los establecimientos de fertilización asistida, que previamente hayan sido registrados y habilitados.
El desafío de los hospitales
- En el país existen cerca de 40 centros privados de fertilización asistida. Actualmente sólo pueden acceder a los tratamientos quienes pueden pagarlos. Con la nueva ley, quienes tengan obra social podrán ser atendidos en estos centros, sin tener que pagar de sus bolsillos.
Además, la norma prevé que quien no posea una cobertura privada de salud deberá ser atendido en los hospitales públicos. Aquí se plantean otros desafíos: por un lado, no todos los hospitales cuentan con la tecnología acorde a estos tratamientos -algunos de alta complejidad- y, por el otro, por los costos que implicará al sistema público de salud. “Los hospitales están muy lejos del equipamiento necesario. Además, el Estado nacional tendrá que pagar parte de los tratamientos, y hay que ver si la Provincia también”, planteó Horacio Quesada del grupo Sumate Santa Fe, de pacientes con problemas para concebir.
Buena noticia. Las personas con problemas para concebir venían reclamando por esta ley hacía mucho tiempo. Hasta ahora, los costosos tratamientos eran solventados de sus propios bolsillos.
Foto: Archivo El Litoral