Cuatro meses después

Causa del atentado a Antonio Bonfatti no tiene juez ni fiscal

El expediente en el que se investiga el ataque contra el gobernador estaba a cargo de la jueza Pérez Vara, quien renunció. El caso pasó al juzgado de Instrucción Nº 11, cuya jueza está de vacaciones. El fiscal Vescovo, al frente de la investigación, pasó al nuevo sistema procesal penal.

Germán de los Santos

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La causa en la que se investiga el atentado al gobernador Antonio Bonfatti -el 11 de octubre pasado-, cuando cuatro hombres en moto efectuaron 14 disparos contra el frente de su vivienda en Rosario, está parada en los tribunales de Rosario. Actualmente, el expediente deambula por los tribunales. Porque desde diciembre pasado la causa no tiene juez. La magistrada que estaba al frente de la investigación, María Luisa Pérez Vara, renunció a su cargo el 22 de noviembre pasado. Esta jueza, muy cuestionada por el Procurador de la Corte Suprema de la provincia Jorge Barraguirre, quien pidió su juicio político, tuvo un pobre desempeño en el marco de la pesquisa que se inició el 11 de octubre, a las 21, cuando cuatro personas en moto atacaron la casa del gobernador. Esa misma noche la jueza se hizo presente en la casa del mandatario. Pero prácticamente no se tomaron medidas, según señalaron fuentes judiciales.

El propio gobernador Bonfatti está muy molesto con el desempeño de la jueza en el caso y hasta dudó en firmar la renuncia que la magistrada presentó el 22 de noviembre pasado. Sin embargo, la jueza no tiene ningún antecedente ni sanción, según le informó la propia Corte Suprema.

Como la jueza Pérez Vara no está más al frente del caso, el expediente en el que se investiga el atentado contra Bonfatti pasó del juzgado de Instrucción 5º al 11º. Aunque están en el mismo pasillo, el trámite tardó varios días. Pero cuando llegó al juzgado que dirige Alejandra Rodenas, la magistrada se había tomado días compensatorios tras la feria judicial. La defensa del gobernador la ejerce el ex ministro de Justicia Héctor Superti.

El caso tampoco tiene fiscal, porque Aníbal Vescovo, titular de la Fiscalía Nº10, pasó a formar parte del Ministerio Público de la Acusación en el nuevo sistema procesal penal que se puso el marcha el lunes pasado. En los próximos días se va a hacer cargo del caso en el ámbito de la Procuración Carlos Covani, quien está al frente de la Fiscalía Nº 3.

Últimos movimientos

A mediados de diciembre pasado se produjeron las últimas novedades en la causa. El 17 de diciembre se llevaron adelante siete allanamientos que sumaron cuatro detenidos, entre los que se encontraban dos policías de la Unidad Regional II, que están sospechados de proveer armas a la banda que realizó el 11 de octubre pasado el ataque. Uno de los efectivos quedó en libertad unas horas después.

Entre las viviendas que allanaron efectivos de la TOE estaba la del cabo Luis Alberto Giacone, de 30 años, en Ituzaingó al 5500. En ese lugar, los uniformados incautaron dos armas: la reglamentaria y una 9 milímetros marca Astra con la numeración adulterada. Este efectivo se desempeñaba en la seccional 10º, que está ubicada a unas diez cuadras de la casa del gobernador y tiene jurisdicción en la zona.

Dos de las personas apresadas son María Elena Pérez, de 45 años, madre de Emanuel Sandoval, quien fue detenido a principios de noviembre en un altercado menor que se produjo en el shopping Portal Rosario, en la zona norte de la ciudad. El cuarto detenido es Lucas Aguirre, de 20 años, que está sospechado de ser uno de los autores materiales del atentado contra Bonfatti aquel 11 de octubre a la noche.

Una de las claves para que la investigación se haya centrado en la pista policial tiene que ver la detención de Pablo Espíndola, efectivo de la seccional 10º, el 5 de diciembre pasado.

Este suboficial empezó a ser investigado luego de que el 25 de octubre pasado llegaran a los tribunales y a los medios de comunicación anónimos que indicaban que en la comisaría 10º estaba el arma con la que se había atentado contra el gobernador. La TOE hizo un allanamiento en la seccional y en un patrullero que estaba estacionado en la puerta encontró una pistola 11.25. Pero luego de que se realizaran los peritajes se comprobó que esta arma no era la que se usó la noche del 11 de octubre. Los investigadores empezaron a sospechar que los anónimos fueron una maniobra de despiste. Por orden de la Justicia se incautaron computadoras y celulares de todos los efectivos que cumplían funciones en esa dependencia policial. Y a partir de ese momento empezaron a aparecer vinculaciones de Espíndola con un grupo violento de la zona norte de Rosario, que estaría liderado por Ema Pimpi. Este grupo que se autodenomina Generación 2000 se dedica a “apretar y matar” gente a cambio de dinero.

Con el avance de la investigación, en la Justicia creen que Espíndola no sólo colaboraba con esta banda sino que formaba parte de ella. Era conocido como el “rompe huesos”, contó a una fuente de la TOE.

En la causa por el ataque contra la casa del gobernador hay nueve detenidos. A los cuatro apresados a mediados de diciembre se suman Espíndola, Emanuel Sandoval, Manuel Martínez, barrabrava de Newell’s; Germán “Papaíno” Ramírez, quien cuenta con antecedentes penales por homicidios y a quien se le secuestró una pistola calibre 9 milímetros, y Saúl Sánchez, acusado después de la declaración de un testigo indirecto y por datos que revelan su estrecho vínculo con los otros detenidos.

Una jueza polémica y cuestionada

El 22 de noviembre María Luisa Pérez Vara, titular del Juzgado de Instrucción Nº 5, solicitó por medio de una nota a la Corte Suprema de Justicia de la provincia su renuncia por “motivos de índole particular” a partir del 1º de marzo. La magistrada pidió además a través del expediente 608/13 empezar a gestionar su jubilación. Ese mismo día, la secretaría del alto tribunal provincial señala que “no existiendo observaciones que formular a la dimisión manifestada por la magistrada” se ratifica la renuncia y solicita al Poder Ejecutivo que dicte el acto administrativo. El secretario de gobierno de la corte Eduardo Bordas envió el expediente Nº 1.639 al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde ingresó el 2 de diciembre. Tres días más tarde el secretario de Justicia Mariano Candioti envió otra vez el expediente a la Corte Suprema para que informe “si existen pedidos de juris, denuncias o sanciones disciplinarias pendientes que pudieran afectarse con la aceptación de la renuncia” de Pérez Vara. El 12 de diciembre Bordas señala que “no obran antecedentes relacionados” con el desempeño de la jueza. Después de un recorrido burocrático, finalmente el 30 de diciembre el gobernador firmó el decreto Nº 4.613 el 30 que autoriza la renuncia de Pérez Vara. El procurador general de la Corte Suprema Jorge Barraguirre ingresó el 18 de diciembre un pedido de juicio político contra la jueza por supuesto desempeño irregular en algunas causas emblemáticas.

Mientras el pedido de renuncia de la magistrada transitaba las oficinas del Poder Ejecutivo y Judicial, Pérez Vara seguía al frente de su juzgado, donde recaían crímenes que sacudieron la opinión pública.