Ediles del PJ

Pidieron informes sobre varios temas polémicos

En la sesión de ayer se aprobó una batería de pedidos de informes al Ejecutivo sobre varios temas controversiales, entre ellos la deuda que el municipio mantiene con la Caja Municipal de Jubilaciones; el funcionamiento de la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana y los certificados de factibilidad emitidos por las empresas de servicios como gas, agua y electricidad para los permisos de edificación de grandes construcciones, entre otros. Los pedidos fueron presentados por Ignacio Martínez Kerz, Silvina Frana, Sebastián Pignata y Juan J. Saleme (bloque PJ).

En el primer caso, los justicialistas solicitaron al Ejecutivo que informe sobre la situación económica, financiera y presupuestaria de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de la ciudad, al 31 de enero pasado. Y requirieron saber si durante los primeros dos meses de este año, la Municipalidad tomó endeudamiento con entidades financieras por $ 16 millones para cubrir los haberes de los jubilados y pensionados municipales.

“No se puede especular con las jubilaciones de los empleados de la Municipalidad y de muchos otros que también han aportado o aportan a esta misma caja”, declaró la edil Silvina Frana.

El otro tema: la situación de inseguridad que padece la ciudad. Los ediles pidieron saber cuántas personas trabajan en la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana, su estructura orgánica y la capacitación profesional con que cuenta cada uno de los agentes. También requirieron que se informe cuál es el protocolo de procedimiento en casos en que debe intervenir un agente; el equipamiento actual con que cuenta la subsecretaría y una copia del mapa del delito en la ciudad, entre otros.

Finalmente, pidieron que en un plazo no mayor a 15 días se informe si todos los permisos de construcción -de edificios de más de 10 viviendas- otorgados se ajustan las disposiciones exigidas en la normativa vigente. Y si se ha presentado el caso de certificados de factibilidad emitidos por alguna de las empresas prestatarias de servicios sanitarios, eléctricos y de gas, “condicionando de una u otra forma la factibilidad en la capacidad de la prestación del servicio”.