¿El Código Penal es sólo cosa de juristas y académicos?

Enrique A. Escobar Cello

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Un par de años atrás, nuestra presidente designó a cinco juristas para que le propusieran un proyecto de reforma del Código Penal. Tal borrador sería posteriormente objeto de análisis y edición presidencial, para luego ir al Congreso de la Nación y someterlo a su aprobación.

Al salir a la luz algunos puntos del borrador suscripto por los juristas designados, como por ejemplo la eliminación de la reincidencia como agravante de la pena, distintos sectores de la oposición, con matices, se ocuparon de repudiar el proyecto.

Todo este asunto ha derivado en un intenso debate de abogados, juristas, dirigentes políticos, diputados, senadores, jueces, camaristas y ministros de la Corte. Los que, muy enfáticos y apoyándose en un inmenso bagaje jurídico y académico, abogan en favor o en contra de distintas posturas.

Mientras todo esto se desarrolla con la intensidad descripta, el pueblo presencia, como un convidado de piedra, una discusión que afectará directamente la seguridad de nuestras vidas y de nuestras propiedades. En este tema, los argentinos “de a pie” no tenemos ni voz ni voto.

Somos conscientes de vivir una democracia en la que nuestro destino se gobierna y decide a través de nuestros representantes, pero también hemos sido testigos de cómo nuestros representantes resuelven cosas que han ido y siguen yendo en contra de nuestros más preciados intereses.

¿No habrá sonado la hora de que nuestro gobierno convoque a un plebiscito adónde los argentinos podamos manifestarnos con respecto a nuestra seguridad y a nuestro derecho de vivir en paz y dentro de un Estado de Derecho que garantice nuestra voluntad de seguridad y tranquilidad? (Hablando siempre de los delitos que más frecuentemente asuelan nuestra sociedad).

¿Por qué no nos preguntan a nosotros, en lenguaje llano y conciso, si consideramos justo que a quienes nos acechan para robarnos y muchas veces matarnos, les asiste el derecho de salir en breve lapso de las cárceles para reincidir sin que sus antecedentes se tengan en cuenta?

¿Es justo, a criterio de la sociedad argentina, que quien ha matado a un hijo, madre, hermano o padre, para robarle, a veces un auto, a veces un par de zapatillas, vuelva a la calle muy campante al cumplir un tercio de su condena? ¿Cuántos años debe pagar en prisión aquel que comete estas aberraciones con el único fin de apropiarse de lo ajeno? ¿Los queremos de vuelta en nuestras calles?

¿Y el violador, cuántos años debe estar en prisión un individuo que viola, a veces a mujeres, a veces a jovencitas y otras a niñas (y/o niños) que aún no se han desarrollado?

¿Qué pena queremos para aquel que le vende drogas a nuestros hijos, muchas veces en las puertas de los colegios? ¿Y los narcotraficantes, cómo creemos que deben pagar su deuda con la sociedad?

¿Queremos los argentinos que los delitos de corrupción que nos han llevado, al cabo de tantos años de latrocinio, al grado de pobreza material y moral en que vivimos prescriban, o, como muy bien promueve Elisa Carrió, sean imprescriptibles?

No importará, por cierto, que este plebiscito fuera o no vinculante, ni menos importa que sea o no “oportuno”. Lo importante es que nos serviría para saber qué piensan nuestros representantes, cuando promuevan esta o aquella reforma. Y les servirá a la vez a ellos para saber qué clase de leyes quiere el pueblo de la Nación. ¿Las quiere contemplativas en exceso para el asesino, el violador, el corrupto, el traficante, el tratante de personas o el corruptor de menores, o las quiere severas, siempre bajo el amparo del justo proceso?

La oportunidad de conocer la voluntad popular en un tema tan sensible como es nuestra seguridad y las penas a los transgresores deberían (pienso) resultar interesantes para todo político de auténtica vocación republicana.

No es tiempo de pretender emular al Napoleón codificador. Vivimos la era de Internet, de los e-mails y las redes sociales. Dejemos de lado las discusiones académicas y el oportunismo político para definir con sinceridad y sin poses qué modelo de país quiere la mayoría de los argentinos, vamos a las efectividades conducentes de Don Hipólito, por encima de etiquetas políticas y en favor de la Nación toda.

“La ley en una democracia es la voluntad del pueblo jurídicamente expresada”, sintetizó un estadista argentino (*).

Sería enriquecedor para la República que en este caso- nuestros gobernantes, legisladores y magistrados escucharan la voz y voluntad del pueblo, la tradujeran a lenguaje jurídico y la convirtieran en ley.

(*) Arturo Frondizi, 12 de mayo de 1958, en ocasión de tomar juramento a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación