• La procuradora general de la Corte Suprema firmó un convenio con el gobierno de Santa Fe para que se coordinen acciones contra el crimen organizado. “La gente no entiende de jurisdicciones”, sostuvo el gobernador.

De la redacción de El Litoral

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Corresponsalía Rosario

“Hoy venimos a dar un mensaje claro: queremos una política criminal coordinada”, aseguró la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, tras firmar el convenio de cooperación con el gobernador Antonio Bonfatti para enfrentar el delito organizado. Este convenio implicará la creación de una fiscalía regional, que tendrá sede en Rosario y estará a cargo de la fiscal Viviana Saccone. El objetivo es que a través de la coordinación de información y acciones conjuntas se pueda enfrentar con más herramientas a las bandas narcocriminales.

El acuerdo, que tendrá una vigencia de dos años, contempla la cooperación entre las partes y el “compromiso de coordinar en forma conjunta programas o proyectos de carácter científico, técnico, de capacitación e investigación”.

“No podemos permitir que las organizaciones criminales que llevan adelante los mercados inhumanos de la trata de personas, del tráfico de drogas, con el inmenso daño social que implica, puedan permanecer impunes por una falta de interacción de los fiscales federales con sus pares provinciales, con las autoridades locales, ya sea policiales, políticas o judiciales”, agregó la procuradora en el aula Magna de la Facultad de Derecho.

A contramano

La llegada de la funcionaria coincidió con una decisión de la Justicia Federal que va a contramano de lo que Gils Carbó plantea en la teoría. La causa emblemática de narcocriminalidad como es el expediente 913/12 fue rechazado por el fuero federal. Tras procesar a 36 integrantes de la banda de Los Monos por asociación ilícita, el juez Juan Carlos Vienna envió en febrero pasado el expediente de más de 14 mil fojas a la Justicia Federal para que se investigue a este grupo por el delito de narcotráfico. Pero el voluminoso expediente volvió a los tribunales de calle Pellegrini, a instancias de un dictamen firmado en conjunto por el fiscal Marcelo Digiovanni y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Félix Crous. En el dictamen 157/2014, al que tuvo acceso El Litoral, Digiovanni y Crous señalan que “el magistrado (Vienna) no expresó cuáles serían los hechos concretos que deberían investigarse en el fuero” federal y que “no se ha declarado en forma expresa la incompetencia material de la Justicia provincial para intervenir en estos hechos”.

Un paso más

Pero más allá de este planteo particular, donde queda al descubierto la escasa coordinación que hay en la práctica entre los fueros federal y provincial, Gils Carbó dijo que participó de la jornada “para fortalecer algo que ya había empezado el año pasado a través de mesas de trabajo y reuniones cuando vinieron diputados de distintos bloques a la Procuración a plantearme las preocupaciones en cuanto a la lucha contra el delito. Hoy es un paso más en ese trabajo que venimos haciendo juntos”, acotó. Además se refirió a la creación de la figura de coordinador de distrito que, según explicó, “se trata de un fiscal por provincia para articular especialmente la actuación de los fiscales federales”.

“Este coordinador debe mantener de la misma manera un diálogo con los fiscales provinciales, porque cuando se trata de redes criminales, de crimen organizado, las leyes dan respuestas múltiples y esto deriva en que haya causas en las jurisdicciones federales y en las provinciales, y si falta el diálogo podría ser ganancia para las organizaciones criminales”, sostuvo.

El gobernador Antonio Bonfatti consideró que el acuerdo con la Procuración General “es muy importante”, pero admitió que “es algo muy difícil de contar, porque la gente no entiende de jurisdicciones. Las personas tienen problemas y está en nosotros darles respuestas”, apuntó el gobernador. “Este convenio es trascendente, porque la gente no distingue de delitos provinciales o federales”, agregó.

El dato

Amenazas

Pocas horas después de conocerse las amenazas contra el ministro de Seguridad Raúl Lamberto y el secretario del área Matías Drivet, Gils Carbó recordó también haber recibido “muchas amenazas”. Y aclaró: “Con eso no estoy disminuyendo el hecho, pero cada vez que avanzamos en algo nos vuelve la amenaza, así que hay que tomarlo con la calma que es propia de este tipo de procesos, pero no debemos subestimar la amenaza, y poner toda la atención”, dijo. La funcionaria admitió que las intimidaciones contra Lamberto y Drivet “preocupan especialmente a aquellos que llevan adelante las investigaciones en los ministerios públicos federales y provinciales”.