Causa Bolsafe

De la Redacción de El Litoral

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Casi medio centenar de personas se encuentran implicadas en la monumental estafa que dirigió el presidente de Bolsafe Valores, el contador Mario Rossini, que dejó en la ruina a 408 ahorristas y supone operaciones de lavado de dinero que durante sólo el 2012 rondaría los $ 40.000.000.

El fiscal federal Nº 2, Walter Rodríguez, presentó ayer un escrito de unas 60 carillas ante el juez federal Nº 2, Francisco Miño, acusando a los involucrados por “asociación ilícita para la concreción de una indeterminada cantidad de delitos financieros y patrimoniales”, entre los que cuentan “intermediación bursátil no autorizada; administración fraudulenta; y el posterior lavado o blanqueo de los fondos, fruto de aquellas maniobras ilícitas”.

En total el número de indagatorias solicitadas alcanza a 49 personas, entre ellas el propio Rossini, quien se encuentra detenido desde fines de 2012, cuando la Justicia provincial comenzó a investigarlo tras el cierre de Bolsafe Valores.

Junto a la Procelac

A propósito de la reciente presentación judicial, el fiscal Rodríguez participó de una charla, en la que apareció acompañado del titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), fiscal Carlos Gonella; y el coordinador del Área de Fraudes Económicos y Bancarios de ese organismo, Pedro Biscay.

El encuentro del que participaron damnificados, abogados y periodistas, tuvo lugar este miércoles por la tarde, en las instalaciones de la delegación local de la Prefectura Naval Argentina, ubicada en calle Mendoza y Dique 1, en el Puerto de Santa Fe.

Según informó el portal de internet Fiscales.gob, de los 49 operadores financieros implicados, 25 son empleados, productores y directivos de Bolsafe y BV Emprendimientos; 13 son directivos del Mercado de Valores del Litoral y 11 del Banco de Galicia.

Complicidades

El texto acusatorio identificó como responsable máximo de la operación fraudulenta al contador Rossini, quien “se valió de una estrategia consistente en la utilización de medios radiales, televisivos y gráficos como procedimientos de difusión masiva para atraer clientes”, explicaron los fiscales.

A grandes rasgos se trata de una organización que captaba ahorristas y luego se quedaba con sus títulos y valores. Claro que para hacerlo habría contado con la complicidad del Mercado de Valores del Litoral, que debía supervisar a los operadores, y del Banco de Galicia, entidad a través de la cual se materializó el lavado.

Del total de las operaciones investigadas surge que culminaron con el lavado de al menos 40 millones de pesos solamente durante 2012. Y si bien existen 408 víctimas identificadas en el expediente, Bolsafe “llegó a contar con 13 mil cuentas comitentes en cartera”.

La clave

Operación prohibida.

“Rossini mentía a sus clientes generando desconocimiento en las víctimas que ignoraban que las operaciones de alquiler de títulos ofrecidas por Bolsafe Valores S.A. estaban prohibidas por el mercado”, y que BV Emprendimientos no estaba autorizada para actuar, explicaron los fiscales.

El dato

Daño social.

“La maniobra cometida por Mario Rossini generó un grave daño social al afectar los intereses de cientos de medianos y pequeños inversores. El daño ocasionado trascendió así con creces los meros intereses individuales comprometiendo al orden público económico”, dijeron ayer los fiscales. En cuanto a los damnificados, éstos son “desde pequeñas sociedades de fomento hasta víctimas del terrorismo de Estado o sus familiares”.

Por acción u omisión

“La falta de acción del Mercado de Valores implicó su complicidad con la maniobra”, resaltaron los fiscales. Lo mismo vale para el Banco de Galicia que debió reportar ante la Unidad de Información Financiera (UIF), tal como lo estipula la ley antilavado, que las empresas de Rossini estaban realizando operaciones sospechosas de blanqueo de activos obtenidos -en este caso- mediante una defraudación. En ese sentido se detectaron operaciones de más de 80 millones de pesos que realizó la empresa en sólo ocho meses, cuando había declarado ante la entidad crediticia que su actividad principal era el desarrollo y la comercialización de software.