editorial

La autopista y el final del vínculo con Arssa

• El gobierno ha marcado los pasos para terminar con la concesión de la autopista y pretende resguardos técnicos y legales para alejar la posibilidad de juicios.

El gobierno de la provincia anunció que puso en marcha el proceso para terminar con la concesión de la autopista Rosario - Santa Fe, que desde hace poco más de cinco años explota una unión transitoria de empresas de la construcción bajo la denominación Arssa.

Meses atrás, la gestión de Miguel Lifschitz hizo pública la decisión de tomar a su cargo la repavimentación total del corredor debido a las deficiencias que presenta en gran parte del trayecto, motivo de permanente crítica por parte de los usuarios.

Uno de los compromisos centrales del concesionario era repavimentar toda la autopista en los primeros cinco años de gestión. Pero ahora se sabe que apenas cumplió con el 30% de lo comprometido, situación fácil de advertir para cualquiera que transite por esa obra, que marcó un hito en la historia vial del país.

El ministro de Infraestructura y Transporte de Santa Fe, José Garibay, fue muy cauto respecto de la forma que adquirirá la culminación del contrato, precaución entendible si se quieren evitar eventuales juicios contra el Estado, como ocurriera con otras concesiones dadas de baja. Al respecto, el caso más resonante es el de Aguas Santafesinas, cuyos accionistas tienen abierta la demanda contra la provincia en el Ciadi.

La semana próxima el gobierno contratará a las facultades de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), y de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para que realicen un estudio y evaluación técnica y económica integral sobre los cincos años de contrato con la concesionaria. Ese estudio pasará luego a manos de Fiscalía de Estado que será el organismo encargado de recomendar al Poder Ejecutivo provincial el camino a seguir.

Mientras tanto, se le encomendó a Vialidad Provincial la realización del estudio para determinar el costo que demandará la repavimentación total que asumirá el gobierno. La decisión siguiente será mantener el servicio concesionado aunque con otro tipo de contrato. El propio Garibay habla de un esquema similar al de consorcios que administran varias rutas provinciales como la 70-6, la 14 y la 18. Ese cambio de figura llevaría a producir modificaciones a la ley que habilita la concesión. Otro tema no menor son los 300 empleados que tiene Arssa y cuyo gremio ya ha marcado la necesidad de mantener las fuentes laborales.

El Poder Ejecutivo no se moverá de ese esquema de trabajo más allá del fuerte reclamo de legisladores tanto oficialistas como opositores para que se proceda a la inmediata rescisión del contrato por el manifiesto incumplimiento expresado en la falta de repavimentación. Es más, le aconsejaron al ministro que no tome por el camino de un acuerdo mutuo de finalización del vínculo.

No obstante, el contrato de los estudios apunta a tener mayores bases legales y económicas para tomar la decisión e, incluso, poner bajo análisis la revisión de lo actuado por el organismo de control previsto en la ley de concesión.

La autopista fue construida entre 1964 y 1972 y con el paraguas de la Ley 10.798 viene siendo concesionada desde 1994. Semanas atrás, coincidíamos con el gobierno en la necesidad de repavimentar todo el corredor, pero al asumir este costo es lógico que antes se determinen las responsabilidades del concesionario y de los encargados del control. Lo esencial es defender de la mejor manera los intereses de la provincia y de los usuarios del corredor, los que vienen pagando por un mal servicio, con el costo adicional de muchas víctimas fatales a consecuencia de accidentes que a menudo se relacionan con deficiencias de la vía y de su mantenimiento.

Es clave en esta etapa defender los intereses de la provincia sin perder de vista a los miles de usuarios que vienen pagando por un deficiente servicio.