editorial

• La Argentina ocupa el podio entre los países exportadores de cocaína, a pesar de no ser productor de coca.

Narcotráfico: fruto del tiempo perdido

Las evidencias del desinterés de quienes gobernaron la Argentina durante los últimos años por enfrentar al narcotráfico afloran día tras día. A esta altura de las circunstancias, son cuantiosas las causas judiciales en las que aparecen vínculos entre truculentos asesinatos, la venta de drogas y el poder político.

En agosto de 2015, cuando habían pasado siete años del triple crimen de General Rodríguez -en el que murieron Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón-, el condenado Martín Lanatta denunció -a través de un programa de televisión- que existieron vínculos directos entre dichos homicidios y el kirchnerista multipropósito Aníbal Fernández.

Por entonces, la Justicia permaneció inmóvil. Pero con la llegada de Cambiemos al poder, las investigaciones comenzaron a avanzar. Ahora, ya no sólo Lanatta habla de Aníbal Fernández. El detenido Ibar Pérez Corradi, acusado de haber sido el autor intelectual del triple crimen, también involucró al ex jefe de Gabinete kirchnerista con el tráfico de efedrina.

En 2003, la Argentina había importado una tonelada y media de efedrina para usos farmacéuticos. Pero en 2007, la cifra creció un 1.363% y llegó a las 20 toneladas. La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) estaba al tanto de la situación.

Investigaciones de la jueza federal María Servini de Cubría demostraron que las importaciones de efedrina tenían como último destino a México, donde en 2011 hubo unos 13.000 muertos vinculados con el narcotráfico.

La Justicia también determinó que parte de la financiación de la campaña de Cristina Fernández en 2007 tuvo un origen probablemente relacionado con la droga. Tres laboratorios que aportaron fondos no lograron justificar de dónde obtuvieron el dinero. Uno de ellos pertenecía nada menos que a la esposa del asesinado Sebastián Forza.

Pero hay más. Una de las armas utilizadas en el homicidio, en 2008, de dos colombianos el shopping Unicenter de Martínez, provincia de Buenos Aires, apareció en la casa del ahora detenido ex líder de Hinchadas Unidas Argentinas, Marcelo Mallo, un hombre también vinculado con Aníbal Fernández y el kirchnerismo.

Frente a estos antecedentes, no parece casual que la Organización de Naciones Unidas incluya a la Argentina entre los países que conforman las “principales corrientes de tráfico de cocaína”.

El Informe Anual sobre las Drogas 2016 que publicó la ONU indica que “los países de América Latina más mencionados de origen, de salida y de tránsito para los envíos de cocaína en el período 2009-2014 fueron Brasil, seguido de Colombia, Perú, el Estado Plurinacional de Bolivia, Argentina y México”.

En mayo pasado, la canciller Susana Malcorra dijo ante representantes del Senado de la Nación que “la Argentina se ha transformado en el tercer país exportador de cocaína en el mundo, sin producir coca”.

El paso por la droga hacia otros destinos del mundo no resulta inocuo. El consumo de cocaína y de pasta base -conocida como paco- se incrementa en el país, mientras el dinero del narcotráfico corrompe a los poderes públicos, la política, las instituciones y también la actividad privada.

Ante los hechos consumados ya no existen posibilidades de recuperar el tiempo perdido. Lo único que resta es instrumentar rápidamente las medidas necesarias para evitar que este verdadero desastre continúe profundizándose.

Son cuantiosas las causas judiciales en las que aparecen vínculos entre truculentos asesinatos, la venta de drogas y el poder político.