Tribuna política

Hacia el mítico segundo semestre ¿de qué año?

Por Ángel Sciara (*)

A la espera del segundo semestre anhelado por el oficialismo nacional y ante el entramado económico actual, es fundamental elaborar una reflexión profunda acerca de lo ocurrido en el primer semestre en materia económica a nivel nacional.

El contexto adverso para el oficialismo nacional, donde su refugio argumentativo se retrotrae al pasado y confluye en que todos los males se resumen en la herencia económica recibida. No es un mal argumento, pero ese recurso justificador también lo veíamos con el kirchnerismo, que siempre se refería al “infierno del 2001”. La ausencia de aceptación de resultantes y de acciones políticas nos dirigen a una realidad en la que el ajuste se hace visible y golpea con fuerza a la capas medias y populares de la ciudadanía.

En los discursos, el objetivo de mediano plazo de la política económica del gobierno fue el crecimiento económico evitando, en el corto plazo, un ajuste de alto costo social, a sabiendas del importante “sinceramiento” de la economía en ciernes. El desafío era cómo empezar a ajustar dichos precios relativos, de manera que la nueva configuración de precios fuese sustentable en el tiempo y permitiera reactivar la inversión y el empleo privado. Ante el cepo a las importaciones y al movimiento de fondos externos, y un peso apreciado hacia diciembre de 2015, se optó por salir en shock del cepo y devaluar el tipo de cambio. Pero se sabe que para que una devaluación sea considerada “exitosa”, hay que evitar que se traslade a los precios, haciéndolos subir, y a los salarios reales, haciéndolos bajar (devaluación real o con mínimo pass-through).

No fue así. La inflación subió en forma extraordinaria, dejando rápidamente atrás la anunciada meta del 25%. Si tomamos como referencia el mes de abril, la variable inflacionaria alcanzó 6,7% (IPC Congreso), siendo el registro más alto desde 2002, y en mayo el reaparecido índice del Indec dio 4,2%. Si ampliamos el panorama estadístico y nos centramos en los primeros cinco meses del año, la situación es más preocupante al superarse el 20%, cualquiera sea el índice de precios utilizado (IPC Congreso, IPC San Luis e IPC Caba), por lo que las consultoras estiman una inflación entre el 35/40 % para 2016.

Por las expectativas devaluatorias de fines de 2015, los precios subieron anticipadamente y las pautas de recomposición salarial que se avecinaban comenzaron a ser muy superiores a las metas inflacionarias que el gobierno quiso establecer, en un fallido intento inicial de metas de inflación. Ni las empresas ni los sindicatos contribuyeron a la confianza que el gobierno necesitaba empezar a construir, ni el gobierno acertó con el supuesto de que la devaluación no se trasladaba porque los precios ya habían subido.

Pensar en bajar la inflación, altamente inercial y de costos, con política monetaria, esterilizando la emisión con altas tasas de interés, sólo se conseguirá a costa de una gran recesión. Más aun, manteniendo el precio nominal del dólar, o sea, apreciándose el peso con pérdida de competitividad precio, utilizándolo como ancla para detener la inflación.

Por el lado del consumo, la caída en los salarios reales, dado por aumentos salariales por debajo de la inflación esperada, provoca una gran contracción de la demanda, en especial en la canasta alimentaria, cuyo precio aumenta más rápido que la canasta básica, incrementando los niveles de pobreza e indigencia. La caída de los salarios reales puede llegar a ser insostenible socialmente. Más aun, se han acelerado los despidos (en construcción, textiles, gastronómicos y petróleo, entre otros sectores) y se han disminuido las horas de trabajo, agravando la caída del consumo y sus consecuencias. No se percibe reacción enérgica frente a estos problemas, que debieron haber sido anticipados.

Esta realidad se percibe más evidente con los datos exhibidos por los observatorios sociales de la CGT y de la CTA, que muestran que desde la asunción del actual gobierno, los despidos superan las 100.000 personas. A esto hay que agregarle las estimaciones de la mayoría de las consultoras que establecen un piso de 10% de desempleo para el próximo semestre.

En suma, la política fiscal no ha estado a la altura de las circunstancias. Son tímidas reacciones, por demás reclamada hasta por los defensores de las medidas tomadas, alertados por los elementos que amenazan al “modelo”. También se han bajado impuestos. Por ello, el déficit primario no disminuye, siendo muy difícil que suceda en el corto plazo, y su financiamiento sigue siendo un problema. Con una política monetaria restrictiva que hizo caer la base monetaria, la inflación en mayo fue de 4,2% y la financiación vía Lebacs tiene un alto costo parafiscal por su alta tasa de interés que, si bien se la comenzó a bajar, el tipo de cambio ha seguido estacado luego de una suba del 10%. El endeudamiento externo será entonces la fuente de financiamiento, blanqueo incluido, del déficit presupuestario.

Por el lado de la inversión privada productiva, las decisiones en tal sentido están demoradas y reemplazadas por activos financieros, como respaldo para un futuro incierto pero en recesión. La inversión extranjera directa también es remisa, no así los fondos extranjeros especulativos. Para la macroeconomía no es inversión la compra de bonos o de empresas en funcionamiento, sino los bienes de capital que aumentan la capacidad instalada de producción. La mejora en el “ambiente de negocios” y la transferencia de ingresos hacia los sectores económicos más concentrados no es suficiente. La lógica inversora del sector privado, particularmente de las Pymes, indica que si las expectativas del consumo son a la baja, porque los salarios reales disminuyen ante el aumento de la inflación, las decisiones de invertir se retraen. No sólo se afecta negativamente a los trabajadores sino que se limita la oferta futura de bienes. Hay una relación dialéctica y estratégica en la que el Estado tiene que estar presente, orientando la inversión hacia los sectores que lo requieren y ampliando el mercado interno para inducir nuevas inversiones.

La inversión pública merece un párrafo aparte, no sólo porque deberá anticiparse a la inversión privada. Si lo que se persigue con ella es su impacto de corto plazo sobre la demanda efectiva, cuando la misma no está pensada estratégicamente en un horizonte de largo plazo, alterando la estructura económica y social indiscriminadamente, es preferible hacerlo cavando pozos por la noche y tapándolos por la mañana, al decir de J.M. Keynes. En este sentido, debe decirse que las obras de infraestructura se diseñan por los bienes que ellas prestarán luego de su construcción, y ello requiere tiempo. La experiencia nos indica que, con una gestión adecuada, desde que se identifica el bien de capital que se necesita construir hasta que este comienza a producir los bienes finales o intermedios requeridos, pueden pasar entre 2 y 10 años, según la magnitud y complejidad del emprendimiento.

Por más regaños y enojos del gobierno con los empresarios, por su falta de colaboración y los llamados del Poder Ejecutivo para que cuiden el empleo, que no suban los precios y que inviertan más, es impensable una reacción proactiva. Esto es una ingenuidad, producida por ignorar las leyes que mueven al capitalismo, estando tan subsumidos en él. Desde hace siglos se sabe que sus conductas están movidas por sus propios intereses, por la maximización de la ganancia. Éste es el dios que los guía de la mano invisible del mercado. El gobierno nacional propone hoy que la lógica del mercado organice la sociedad además de la economía.

Ni la salida del default luego del pago a los holdouts, ni la visita de las personalidades extranjeras, ni siquiera las inversiones extranjeras directas, traerán efectos inmediatos sobre nuestro crecimiento, integración social y mejora en la calidad de vida de la población. A los dos primeros acontecimientos se les atribuyen los anuncios que 40 empresas, la mayoría extranjeras, han hecho de sus inversiones programadas para los años venideros, algo más de 22.000 millones de dólares en total, en los sectores energía, minería, telecomunicaciones, automotor, comercio y construcciones. Son anuncios de ampliaciones en plantas existentes y de obras nuevas, con montos en dólares de 3 millones a 3.000 millones. Enhorabuena, pero sabiendo que ello significa una intención, no una realización.

Además de la caída de la demanda y de la demora en las decisiones de inversión, las empresas, particularmente las pequeñas y medianas, ven aumentados sus costos de producción, básicamente por el incremento en las tarifas de servicios de energía, gas y agua y por el aumento del precio de los insumos importados y de los domésticos, devaluación mediante. También están jaqueadas por el aumento de las importaciones.

La transferencia de ingresos que todo ello provoca va, por un lado, al capital concentrado, particularmente en la cadena de comercialización y al sector agropecuario y exportador. No sólo por la devaluación sino, además, por la eliminación y/o disminución de las retenciones, efectos fortalecidos por el imprevisto aumento en el precio internacional de la soja y el petróleo.

La solidaridad con el gobierno no se ha visto expresada en sus comportamientos. Antes bien, demostrarían que no se ha logrado construir la confianza necesaria para el éxito de la política económica. Pretender que el movimiento de los capitales se realice sin la participación del Estado, orientándolo y regulándolo, es anacrónico, máxime en situación de un contexto económico internacional poco favorable (China crece menos y Brasil está en recesión) y un bajo nivel de competitividad sistémica de la industria argentina. Ocurre lo mismo con la competitividad precio ante la apreciación del peso por el estancamiento/caída del tipo de cambio nominal (por el ingreso de divisas) y la permanencia del proceso inflacionario en altos niveles.

Para que los principales actores económicos y sociales (empresarios, trabajadores, organizaciones de la sociedad civil, etc.) interactúen en función del beneficio social, el Estado tiene que regular, inducir, orientar, penalizar las acciones discordantes y tiene, para ello, los instrumentos (de política económica), las instituciones para los acuerdos y tiene el poder. Falta la decisión política. Decisión que hoy parece más encaminada a preparar un plan económico para las elecciones de 2017.

Pensar en bajar la inflación, altamente inercial y de costos, con política monetaria, esterilizando la emisión con altas tasas de interés, sólo se conseguirá a costa de una gran recesión.

(*) Ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe