Un clan familiar de la zona norte

La Fiscalía pidió enviar a juicio oral a líder narco que quiso ser concejal

La medida fue solicitada este lunes por el fiscal federal Walter Rodríguez y alcanza a unas diez personas, entre las que se cuentan dos policías de la provincia. Escuchas revelan un uso discrecional de teléfonos desde la cárcel.

Juliano Salierno

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El fiscal federal Nº 2, Walter Rodríguez, solicitó esta semana la elevación a juicio para diez personas, acusadas de formar parte de un clan familiar dedicado a la venta de estupefacientes en la zona norte de la ciudad capital, cuya particularidad fue que uno de sus líderes fue precandidato a concejal por el PJ mientras se encontraba tras las rejas.

Se trata de Luis Alberto Bergallo, alias “Coco”, un hombre de 46 años, empleado de Vialidad Provincial y precandidato a concejal por la lista Unidad Ciudadana para las internas de 2017. Fue detenido el 7 de julio del año pasado cuando Prefectura Naval Argentina realizó media docena de allanamientos en los barrios Yapeyú, San Agustín y Cabaña Leiva de la ciudad capital y en la localidad de Cañada Rosquín, donde también derramaba el negocio.

“Coco” y su hermano Darío Miguel Bergallo -que al momento de los allanamientos ya se encontraba preso por un homicidio en barrio La Tablada- fueron considerados por la fiscalía como los organizadores de la red y luego procesados por el juez federal Nº 2, Francisco Miño, por los delitos de “organización del comercio ilícito de estupefacientes”, en concurso real con “comercio de estupefacientes” y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” agravados por la participación de tres o más personas.

Segundo eslabón

En tanto durante el operativo, fueron aprehendidos el hermano de ambos -Fabián David Bergallo (36)- y tres mujeres: María Laura Lamanna (29), pareja de “Coco”; Silvia Elisa Díaz, pareja de Fabián Bergallo; y Judith Anahí Segovia (32), ex pareja de “Coco” Bergallo. Además, se encuentra prófuga Jimena Díaz -hermana de Silvia y pareja de Darío Miguel Bergallo-, según determinaron los investigadores. Estos últimos cumplían un rol secundario en la organización criminal y eran el de nexo entre los jefes y los vendedores barriales, por lo que se encuentran procesados como coautores de los delitos de “comercio de estupefacientes” y “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” agravados por el número de personas.

Durante los allanamientos, Prefectura secuestró en poder de los acusados unos 415 gramos de cocaína, y 482 gramos de marihuana, cuya finalidad inequívoca era la comercialización.

“Pata policial”

También se encuentra implicada otra pareja -Roberto Carlos Herrera (43) y Cándida Eulogia Sandoval (53)-, en este caso solamente por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. Y los policías Carlos Alberto Maldonado (41) y Adrián Alberto Nazara (31), involucrados en la causa como autores de “confabulación agravada” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” en el marco de un delito grave como lo es el de narcotráfico. En el caso de Nazara, éste se encontraba en pareja con una tercer hermana Díaz, la cual no se encuentra implicada en la causa.

Respecto de la organización liderada por los hermanos Bergallo, el fiscal Rodríguez la definió como “un clan predominantemente familiar que recibía grandes cantidades de material ilícito para ser distribuido por eslabones inferiores” en los que se encuentran los otros miembros de la banda.

A propósito de los policías, el fiscal destacó que su accionar delictivo quedó enmarcado en lo que formalmente se consideran “actos preparatorios”. No obstante ello, su sola presencia da crédito a la existencia de una “pata policial” que funciona como sostén de la organización. En tal sentido, Rodríguez atribuyó a los organizadores de la banda cierta “capacidad corrosiva” para ingresar a estructuras oficiales, a punto tal que uno de ellos -“Coco”- “emprendió una carrera política demostrativa de su intención de penetrar el cuerpo legislativo del municipio en aparente representación de intereses colectivos, paradójicamente mientras “desplegaba la actividad ilegal” por la cual la fiscalía pidió su juzgamiento.

Desde la cárcel

La causa se inició el 23 de agosto de 2016 con una denuncia en Asuntos Internos en la cual una persona no identificada relató quién era el narco de la zona norte y aseguró que “tiene arreglada a toda la policía de la seccional 7ª”. A partir de allí la labor investigativa fue encomendada a la Sección Inteligencia Criminal de Prefectura, producto de la cual se determinó que la organización no sólo manejaba droga, sino que además disponía de armamento, mantenía contactos dentro de las cárceles cercanas y tenía cierto código de comunicación atento a posibles intervenciones telefónicas.

En el caso de Miguel Bergallo, se encuentra detenido en Las Flores por un homicidio. Desde allí, mantuvo comunicaciones en las que se desprende que posee tres viviendas en los barrios San Agustín, Cabaña Leiva y zona centro donde practica la actividad ilegal. En cambio, su hermano “Coco”, mantenía otro perfil. Era empleado de la Dirección de Vialidad provincial e incluso se atrevió a candidatearse como concejal en las internas. Asimismo, era el más descuidado en las comunicaciones a la hora de tratar el negocio por teléfono; y en el último tramo de la investigación estuvo más abocado a la campaña, pero siempre con poder de decisión sobre su fuente de ingresos ilegales, sostuvieron los investigadores.