Brasil dice que hay acuerdo

Arrepentidos, ¿sí o no?

Si los fiscales logran acceder formalmente a los aportes de la “delación premiada” en los expedientes del vecino país, podrían hallarse las pruebas de coimas por U$S 36 millones durante el gobierno “K”.

Redacción de El Litoral

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Según el Ministerio Público de Brasil, ya está firmado el acuerdo para que la Argentina acceda a la información que los “arrepentidos” del caso Odebrecht aportaron al “Lava Jato”. Pero desde la Procuración General en Buenos Aires afirman que por ahora hay “negociaciones” a las que aún les restan algunas definiciones.

La Argentina es, con Venezuela y Angola, uno de los pocos Estados en los que el caso (se pagaron coimas por U$S 700 millones en 11 países) no se ha podido llevar adelante. La empresa constructora tenía firmado desde 2016 un acuerdo con el Ministerio Público brasileño, según el cual la información disponible en los expedientes sólo puede ser usada en ese país.

En septiembre de 2017 el Ministerio de Justicia brasileño ofreció a la Cancillería Argentina la posibilidad de un entendimiento para compartir las declaraciones de dos de los arrepentidos de Odebrecht, Luiz Mameri y Marcio Faria, quienes involucraron a empresarios y ex funcionarios argentinos en pagos de coimas por U$S 36 millones. Gustavo Segré señala hoy en Infobae que ese ofrecimiento no había tenido respuesta hasta hoy.

Según el ministerio público brasileño, su par de Argentina aceptó que los arrepentidos no vuelvan a ser juzgados aquí por el mismo hecho por el que ya fueron procesados en su país. El acuerdo no precisa de la firma del Estado argentino; es suficiente que lo hagan los fiscales, según interpretan de aquél lado de la frontera.

De confirmarse esta tesis, la causa por coimas para el soterramiento del Sarmiento -obra que llevaba adelante Odebrecht por contrato durante el gobierno de Cristina Kirchner- sería la primera en tener avances concretos, ya que impulsaría la acción del fiscal Franco Picardi.

El contrato para el soterramiento del tren Sarmiento entre Capital y Buenos Aires es investigado por el juez Martínez De Giorgi; la obra se cotizó e U$S 3.000 millones y fue adjudicada originalmente al consorcio integrado por Odebrecht, Iecsa (por entonces en manos de Ángelo Calcaterra), Ghella y ComSa SA. En junio del año pasado la firma brasileña se retiró de la obra.

Cabe recordar que los arrepentidos del caso Odebhecht tuvieron que aportar pruebas sobre los pagos para poder acceder a los beneficios de la “delación premiada”. El detalle de la ruta del dinero sería decisivo si se puede constatar de este lado de la frontera.

Sin ese aporte, la información que pueda llegar desde Brasil a las causas en la Argentina no harían avanzar los expedientes, ya que nuestro país no tiene ley del arrepentido. Y en el Senado nacional sigue pendiente el tratamiento de la ley de extinción de dominio que le permitiría al Estado recuperar bienes producto de actos de corrupción.