Son 31 los detenidos

Financieras “truchas”, usureras y apretadoras

Se conocieron detalles de cómo operaban las organizaciones de prestamistas que fueron desarticuladas este viernes. Dos de las víctimas se suicidaron.

21-B-WHATSAPP IMAGE 2019-12-27 AT 20.jpg

En los 27 allanamientos , la policía secuestró -entre otras cosas- pagarés en blanco y firmados por víctimas. Foto: El Litoral

 

Joaquín Fidalgo

[email protected]

Intereses explosivos, “multas” impagables por mora, aprietes violentos, amenazas con armas de fuego, apropiaciones por la fuerza (robos)... así trabajaban las financieras “truchas” que fueron desbaratadas gracias a una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El megaoperativo desplegado este viernes incluyó 27 allanamientos que fueron realizados por la policía en distintos puntos de las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Uno de los procedimientos se llevó a cabo dentro de un barrio privado.

Según explicaron las fiscales Mariela Jiménez y María Laura Urquiza en conferencia de prensa, las tareas de inteligencia estuvieron a cargo de la Unidad Especial de Delitos Complejos del MPA y las irrupciones quedaron en manos de efectivos de Agencia de Investigación Criminal (ex PDI), personal de las Tropas de Operaciones Especiales y policías de Narcocriminalidad.

En total, fueron arrestadas 31 personas (entre hombres y mujeres), todas ellas mayores de edad y con distintas responsabilidades dentro de las organizaciones delictivas.

Además, se secuestraron 9 autos, 7 motos, 1 camioneta, 7 armas de fuego, droga (marihuana y cocaína), un millón y medio de pesos, 47 mil dólares, pagarés (algunos en blanco y firmados por víctimas), cheques, otra documentación y gran cantidad de información grabada en las memorias de teléfonos celulares y computadoras.

Se trataba de seis empresas que, aparentemente, sólo tenían en común la actividad y el modus operandi. No obstante, algunas de ellas compartían a alguno de sus miembros, como por ejemplo el cobrador.

Las víctimas eran vecinos y pequeños comerciantes, en su mayoría de la zona norte de la ciudad de Santa Fe. Verdulerías, kioscos y peluquerías, entre otros negocios, caían en las garras de los usureros para tratar de salir del agobio económico.

Los “financistas” ofrecían sumas de dinero a tasas de más del 1000 % anual, en créditos que debían ser devueltos en sumas mensuales, semanales o diarias, según el arreglo. La mínima mora era castigada con montos totalmente desproporcionados. Cada día de atraso podía significar una multa de 1000 pesos.

Si en algún momento dejaban de pagar, los prestamistas mandaban a los “cobradores” que no dudaban en utilizar la violencia para hacer los reclamos. Así, irrumpían en las viviendas y locales de las víctimas, que sufrían golpes, aprietes, amenazas con armas de fuego y robos de sus pertenencias (heladeras, freezers, televisores y vehículos, entre otras cosas).

Las “financieras” tenían un local en el que funcionaba la administración u operaban con la fachada de negocios de ventas de electrodomésticos u algún otro rubro comercial. Algunas de ellas llevaban años en el mercado.

Dos suicidios

Según trascendió, dos de las víctimas de estas organizaciones terminaron quitándose la vida y explicaron los motivos en sendas cartas de despedida, por lo que los responsables podrían también ser acusados de inducción al suicidio.

21-A-WHATSAPP IMAGE 2019-12-27 AT 18.jpg

Las fiscales del caso, Mariela Jiménez y María Laura Urquiza, brindaron una conferencia de prensa este viernes.

Foto: Ministerio Público de la Acusación

Apretadores

La investigación comenzó meses atrás, a raíz de una decena de denuncias de gente “desesperada” por la imposibilidad de pagar sus deudas y acorralada por las amenazas.

De hecho, ya estaba en marcha la tarde del pasado 4 de setiembre, cuando seis sujetos irrumpieron en una vivienda de barrio Guadalupe, en Padre Genesio al 2100.

A patadas abrieron la puerta de la casa.

Todos ellos fueron detenidos minutos más tarde, dentro del inmueble, por policías que llegaron al lugar alertados por denuncias de vecinos que observaron el ataque.

Luego, los moradores relatarían que se trataba de “cobradores” y que, mediante amenazas de muerte, buscaban llevarse por la fuerza distintos elementos para saldar una supuesta deuda por un crédito.

Los acusados fueron imputados por la coautoría de tentativa de extorsión, violación de domicilio y hurto. Además, se dictó la prisión preventiva para dos de ellos.