Vuelve a la prisión domiciliaria la mujer del "Zurdo" Villarroel

Juliano Salierno

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La Cámara Federal de Casación Penal resolvió -en votación dividida- anular un fallo de la Cámara Federal de Rosario, mediante el cual les fuera concedida la libertad a Vanina Flores y Cristian Gamarra, la pareja y uno de los colaboradores directos del empresario narco de Alto Verde, Sergio “Zurdo” Villarroel.

Flores y Gamarra fueron detenidos el 10 de diciembre de 2016, junto al propio Villarroel y a Luis González, en el marco de un megaoperativo en el que se realizaron una veintena de allanamientos en Alto Verde, Santa Fe y San José del Rincón y del que participaron unos 300 hombres de fuerzas federales y provinciales.

Los cuatro fueron procesados con prisión preventiva el 26 de diciembre por el juez Federal Nº 2 de Santa Fe, Francisco Miño. A Villarroel lo procesaron bajo la figura de “organizador del comercio ilícito de estupefacientes”; y a los restantes como coautores del delito de “comercio y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, en todos los casos agravados por la “intervención de tres o más personas en forma organizada”.

La primera en revertir dicha situación fue la mujer de 38 años, Flores, que pasó a gozar de un régimen de “prisión domiciliaria” por ser madre de niños menores de 5 años.

Segunda instancia

Mientras tanto el abogado Claudio Torres del Sel apeló el procedimiento y la prisión preventiva en los cuatro casos. La causa pasó a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, donde -también en votación dividida- la Sala A, confirmó el procesamiento dictado por su inferior Miño; pero revocó las preventivas para Flores y Gamarra.

Entonces, quien discutió la medida adoptada fue el fiscal general rosarino Claudio Palacín, quien interpuso el recurso de casación, cuya audiencia se celebró el 12 de julio último y por la cual la Alzada se expidió el miércoles pasado -9 de agosto-.

Con votos afirmativos de los miembros de la Sala III, Eduardo Rafael Riggi y Juan Carlos Gemignani -disidencia de la Dra. Ángela Ledesma-, la Alzada hizo lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y decidió “anular” la concesión de las libertades para Débora Vanina Flores y Cristian Gamarra, ordenando “la inmediata detención de los nombrados”.

“El mismo día que salió la resolución se presentó Flores ante el Tribunal Oral Federal”, indicó el Dr. Claudio Torres del Sel, quien destacó que allí le permitieron continuar bajo el régimen de domiciliaria acordado en un principio. “El mismo día Gamarra se presentó en la oficina de Trámites y Libertades” de la policía y “quedó detenido en un comisaría”, pero en las próximas horas podría ser trasladado a una dependencia del Servicio Penitenciario, amplió su abogado.

Fundamentos

El camarista Riggi recordó los argumentos propuestos por el Ministerio público para anular las libertades, entre los que cuentan: “la gravedad del hecho atribuido; la magnitud de la pena en expectativa; las sospechas de vinculación de los imputados con integrantes de la Policía provincial y el consecuente riesgo de presión sobre testigos, así como la eventual connivencia con agentes de esa fuerza que pudieran tener interés en encubrir el delito; y la posibilidad de que la organización de la que habrían formado parte los acusados tuviese vínculos con personas de otros países”. Respecto de Gamarra agrega que “no existe ninguna documentación que acredite la supuesta actividad lícita que dice desarrollar”, como lo es el caso de “venta de pollos”.

“En suma, se advierte que el delito atribuido a los imputados no sólo es grave sino que, además, se encuentra avalado con elementos de convicción serios”, afirmó Riggi. “Estos extremos, sumados a que formarían parte de una trama más compleja con vínculos en el extranjero, en la que habrían participado varias personas, incluso personal policial, aspecto sobre el que los propios magistrados de la anterior instancia dispusieron profundizar la investigación, permiten fundar razonablemente la existencia de riesgo procesal que impide en el caso sustentar la libertad de los acusados”, completó.

Por su parte, Gemignani adhirió al voto de Riggi y la Dra. Ledesma dijo que “corresponde declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal”.

Ante la Corte

“Estoy presentando un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación”, destacó Claudio Torres del Sel, a cargo de la defensa de los cuatro imputados. “Considero que esta resolución (en alusión a la casación) contradice todo el criterio que tenía establecido la Cámara de Casación Penal, con un fallo plenario en la causa Díaz Bessone, es decir contradice lo que ellos mismos pensaron en Díaz Bessone”, cuestionó. “Además, siempre el criterio es declarar inadmisible el recurso y en este caso llamativamente declararon nula la resolución con un fallo dividido porque la vocal Ledesma continúa con el criterio de la Cámara”.

Tráfico y lavado

La investigación que inició el fiscal federal Nº 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, y por el cual se encuentra procesada parte de la organización narco criminal, transita dos carriles diferentes. Por un lado, el fiscal presentó hace dos meses la requisitoria de elevación a juicio para el “Zurdo” Villarroel, su pareja (Flores) y dos hombres de su confianza (González y Gamarra).

Según puntualizó el fiscal en la pieza acusatoria “la organización de actividades de tráfico de drogas se presentó circunscripta -en particular- al sujeto responsable del armado y funcionamiento de una estructura planificada para conseguir estupefacientes e introducirlos en los engranajes distributivos con el objeto de lograr una considerable ganancia ulterior”.

Entre los puntos centrales de la investigación, la fiscalía destacó los “rasgos distintivos de la organización” dedicada al comercio de estupefaciente. Esto es: “conformación de un esquema jerárquico entre sus ejecutores; vinculación con cadenas de aprovisionamiento trasnacional; logística de abastecimiento y distribución; esquema destinado a canalizar utilidades; entramado de protección policial; e influencia territorial a partir del asistencialismo extra estatal”.

Por otra parte, a fines del mes pasado, el mismo fiscal formuló un nuevo pedido de indagatoria para los implicados, aunque en este caso, para que se investigue un delito conexo, referido al narco-lavado, por el cual el juzgado todavía no los había convocado.