El Litoral
Para la nueva investigación se analizaron durante un año unos 13,4 millones de documentos de dos empresas de servicios "offshore" de Bermudas y Singapur, en los que aparecen los nombres de más de 120 políticos, así como empresarios, deportistas o artistas de casi 50 países.
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DPA
Una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre paraísos fiscales, conocida como "Paradise Papers", reveló este domingo que hay vínculos comerciales entre miembros de la administración del presidente estadounidense Donald Trump y Rusia.
De acuerdo con la investigación, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, es accionista de una naviera con relaciones comerciales con un empresario ruso que fue objeto de sanciones por parte de Washington y con el yerno del presidente Vladimir Putin.
Pese a haber vendido otras participaciones antes de unirse a la Administración Trump, Ross mantuvo sus acciones en la naviera Navigator, apuntó "The New York Times", uno de los medios internacionales que participó en la investigación, como el alemán "Süddeutsche Zeitung", similar a la de los "Panama Papers".
El fiscal especial estadounidense Robert Mueller investiga actualmente posibles contactos entre el Gobierno de su país y Rusia durante la campaña presidencial y la posible injerencia rusa en los comicios para apoyar una victoria de Trump.
Para la nueva investigación se analizaron durante un año unos 13,4 millones de documentos de dos empresas de servicios "offshore" de Bermudas y Singapur, en los que aparecen los nombres de más de 120 políticos, así como empresarios, deportistas o artistas de casi 50 países.
#ParadisePapers - 13.4 million documents, 94 media partners, more than 120 politicians and world leaders. https://t.co/lHHyt9eLTS pic.twitter.com/mecTosLSxD — ICIJ (@ICIJorg) 5 de noviembre de 2017
Los periodistas del ICIJ no revelaron cómo accedieron a esta información.
La compañía de servicios "offshore" Appleby, con sede en Bermudas, admitió hace unos días que era posible que el ICIJ hubiera obtenidos material de forma ilegal. La empresa asegura que sus prácticas son legales y que se maneja dentro de los márgenes de la ley.
Además, considera que no hay indicios de que haya habido comportamientos incorrectos de parte de la compañía ni de sus clientes. Appleby no habla de una filtración, sino de un ciberataque ilegal.