Senado: se cuelan salarios en el debate por endeudamiento

Luis Rodrigo | [email protected]

El peso de la masa salarial de los empleados públicos en las cuentas del Estado Provincial, y su incremento al ritmo de la inflación por efecto de la cláusula gatillo, son -por primera vez en Santa Fe- parte de los argumentos que esgrimen los legisladores del oficialismo en el debate para autorizar la emisión de deuda por U$S 500 millones.

Esta semana, la Cámara alta santafesina celebrará su última sesión antes del receso legislativo de invierno y el bloque del Frente Progresista, Cívico y Social insiste en sostener el pedido de la Casa Gris: una ley que autorice a la Provincia a contar con ese instrumento financiero.

“Estamos ante un panorama muy difícil para las obras públicas en la Provincia, porque va a tener un impacto alto la masa salarial en lo que queda del año por la actualización de los salarios”, advierten algunos senadores del oficialismo que hasta ahora arguementaban a viva voz que Santa Fe sólo se endeudaba para llevar adelante obras de infraestructura.

Ahora no se dice que se van a buscar fondos frescos para pagar gastos corrientes, pero sí se admite que sin una ayuda extra “se desvestirá un santo para vestir a otro”. Que sin endeudamento, “va a sufrir la obra pública”, adelantan.

“A pesar de la volatilidad del mercado a nivel nacional, queremos tener lista la herramienta legislativa para que -en el momento más conveniente- se pueda salir a colocar títulos”, explican.

Tiempos

El oficialismo se ilusiona con la posibilidad de obtener la media sanción, cuanto antes, en la Cámara donde está en minoría, pero aún no hay certezas respecto de si el tema se podrá tratar antes de las vacaciones.

“Es probable”, dicen algunos en el peronismo. “No creo”, responden otros de la misma bancada, que por estas horas va a definir qué hacer con la metodología habitual: en una reunión de los once integrantes, que podrá extenderse por más de un jueves.

“Se puede estudiar... pero tampoco es necesario que lo saquemos ya como nos pide el oficialismo”, expresan los más proclives a mediar. Se admite que “el esquema que nos presentaron es razonable”, pero los dirigentes políticos saben que el hoy la palabra “dólares” asusta.

Del tema endeudamiento hablaron la semana pasada los senadores del justicialismo con el gobernador Miguel Lifschtz, en una cena que sirvió para superar algunos roces con el bloque opositor que le ha permitido gobernar sin sobresaltos.

Contexto

Una de las condiciones que se había impuesto internamente el peronismo en el Senado se ha cumplido o, cuanto menos, está en vías de cumplirse. Al derrumbe del proyecto de reforma de la Constitución sólo falta ponerle el moño. El PJ no iba a entregarle recursos a un eventual competidor en las elecciones a gobernador de 2019, y sin reforma (ni reelección) ese factor ya no pesa como antes.

En cambio, hay más dudas sobre el empleo del endeudamiento anterior, sobre el que se han hecho numerosas consultas a los funcionarios. Mientras el proyecto de reforma se mostró con alguna posibilidad de prosperar, ese fue el argumento más citado por el justicialismo.

Números

La Ley 13.543 autorizó al gobierno santafesino a tomar deuda por hasta U$S 500 millones en julio de 2016, justamente se sancionó en la última sesión anterior al receso invernal.

Hace dos años, el gobernador Miguel Lifschitz había solicitado que el endeudamiento fuera por U$S 1.000 millones, pero la oposición prefirió autorizar sólo la mitad, con el compromiso de volver a hacerlo una vez que se haya ejecutado una primera lista de obras.

Esa nómina fue el resultado de las obras propuestas por la Casa Gris más las que agregó el Senado, en un acuerdo entre el oficialismo y la oposición. En total, figuran 193 en el anexo de la norma mencionada. Según la información a la que accedieron los senadores del PJ hay 141 obras en distintas situaciones: con ejecución completa, en ejecución, con contrato firmado con el contratista, adjudicadas, en proceso de licitación o con proyectos elaborados listos para licitar.

“Con 500 millones encaramos obras por U$S 750 millones”, resumen en el gobierno. Así, de aprobarse otra autorización por el mismo monto, “quedarían U$S 250 millones que para el gobierno provincial signficarían tener la seguridad de poder pagar sueldos sin tocar la obra pública”, sostiene el oficialismo en sus negociaciones con la oposición.