Solicitan la elevación a juicio de una megacausa por narcotráfico

Juliano Salierno | j[email protected]

El Fiscal Federal N° 2, Walter Rodríguez, presentó este jueves, ante el Juzgado Federal del Dr. Francisco Miño, el requerimiento de elevación a juicio para una banda de narcotraficantes formada por policías, gendarmes y civiles, que tenía como centro de sus operaciones las ciudades de Santo Tomé y Santa Fe.

Los principales investigados son Edgardo Oscar Baigoría (47), personal policial de la Unidad Regional Uno; y el rosarino Emanuel Maximiliano González (32), vinculado empresarialmente a la familia del también detenido Luis Alberto Paz.

Sobre ellos -Baigoría y González- pesa el mayor de los cargos que es el de organizadores de una empresa criminal dedicada a la comercialización y transporte de drogas que funcionó al menos desde diciembre de 2015 y hasta el 4 de abril de 2018 que fue cuando quedaron detenidos en el marco de múltiples allanamientos realizados en distintos puntos de la provincia.

Cuñado condenado

Al secuestro de estupefacientes hallados el día de los allanamientos en poder de la banda (1,270 kilos de cocaína), se acumularon cuatro causas judiciales que estaban en trámite en otras jurisdicciones del país (Formosa, Misiones, Salta y Reconquista), pero con ligazón intrínseca con los operadores locales del negocio ilegal.

De las cuatro causas foráneas, sólo una cuenta con sentencia firme y se trata de un expediente tramitado por la Justicia Federal de Formosa, que condenó a César Castagnino -cuñado de Baigoría- y a Javier Maximiliano Domínguez -un policía de Santa Fe- a 4 y 7 años de prisión por introducir al país 32 kilos y medio de cocaína vía Clorinda, en la provincia de Formosa el 12 de diciembre de 2015.

Causas acumuladas

En tanto, entre las que ya fueron remitidas al Juzgado Federal N° 2 del Dr. Miño figuran el secuestro de 561 kilos de cocaína el 8 de julio de 2016 en zona rural de Apóstoles, provincia de Misiones y cuyo transporte se atribuye a Baigoría y González. La causa tenía imputados NN en el Juzgado Federal de Posadas hasta que la investigación local permitió establecer las conexiones.

Otra que se inició en el Juzgado Federal N° 1 de Salta, cuando el 13 de diciembre de 2017 fue detenido Jorge Ramón Correa, mientras transitaba por ruta provincial N° 5 a la altura del pueblo Las Lajitas y llevaba consigo 4 kilos de cocaína, supuestamente provenientes de Bolivia. El vehículo, una Chevrolet S-10, había estado en Santa Fe un mes antes de ser confiscado, y tenía una autorización de manejo en favor de Baigoría hecha en una escribanía céntrica.

Por último, los allanamientos ordenados por el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, apenas unos días antes del gran golpe del 4 de abril. El 17 de marzo de 2018 la Justicia ordenó allanar una vivienda de Santo Tomé donde se secuestraron 1,100 de marihuana y 700 gramos de cocaína en poder de un tal “Tato” Amarillo, hijo de un ex policía que reveló a los investigadores que el muchacho estaba trabajando para Baigoría.

Civiles y gendarmes

Además de Baigoría y González, fueron procesadas ocho personas más: El ‘arbolito’ Carlos Alberto Ferrero (62), alias “Tincho”, quien según los investigadores, proveía los dólares destinados a las operaciones de compraventa de estupefacientes, principalmente en Paraguay y Bolivia.

Jorge Ramón Correa, un misionero de 40 años que fue detenido en la camioneta Chevrolet S-10 con autorización de manejo en favor de Baigoría con un cargamento de cocaína, disimulado en la rueda de auxilio.

A Cristian Pablo Alberto Mansilla (42), santotomesino, sobrino del “cabezón” Baigoría, se le atribuyó el delito de “tenencia con fines de comercialización” dado que en los allanamientos del 4 de abril pasado las fuerzas de seguridad hallaron en su casa de calle Lavalle al 3100 de Santo Tomé unos 33 gramos de cocaína.

Otra situación es la de Estela Mari Castillo (56), “la Mari”, de barrio Barranquitas; y su esposo Osvaldo Ramón Salva, alias “el Viejo”, jubilado de 61 años, también apodado “Diablo”. “Mari” y “el Viejo”, aparecen como un matrimonio de prolijos vendedores barriales de droga en la zona de Barranquitas y Villa del Parque, de la ciudad capital. El día de los allanamientos se secuestraron 1,119 kilos de cocaína en una de las propiedades de Pasaje Irala al 4400 del barrio Barranquitas.

Por último, un sargento y dos cabos de Gendarmería permanecen privados de la libertad, acusados de haber favorecido con ánimo de lucro, y a los fines de eludir las investigaciones judiciales que tenían como objetivo las personas de Baigoría y González. Se trata del sargento Damián Omar Sosa (también conocido por sus apodos de “Zurdo”, “Perro” o “Negro”), formoseño de 38 años, detenido en su casa de San José del Rincón. Y los cabos Santiago Armando Alejo, de 36 años, nacido en la provincia de Salta y detenido en provincia de Buenos Aires; y Jorge Ismael Britos, apodado “Chabón”, de 37 años, con domicilio en barrio Barranquitas.

La caída de Luis Paz

Para dimensionar el calibre de esta organización criminal que va camino al juicio oral, el fiscal Rodríguez abre un paréntesis en su pieza acusatoria para recordar que de la investigación de Baigoría y González surgen serios vínculos personales y patrimoniales con Luis Alberto Paz, detenido a fines del año pasado y procesado como jefe de una organización dedicada al tráfico de drogas así como al lavado de dinero de origen ilícito.

De hecho entre marzo y abril de 2016 se detectaron conversaciones telefónicas entre el policía Baigoría y el rosariono Paz, y cuyo tenor no tendría otra razón de ser que el negocio ilícito. En uno de los casos, Baigoría se comunicó con Paz (que estaba en Rosario), desde la ciudad de Posadas, un habitual punto de ingreso de la droga.

Como dato de color, Baigoría lo tenía agendado a Paz como “El Tío” o “Tío 2”, es decir, tenía más de una línea de contacto con el empresario rosarino cuyo hijo (Martín “Fantasma” Paz) fue asesinado en Rosario, en 2012 y por sicarios relacionados a la banda Los Monos.

Pero los lazos comerciales no acaban allí. Emanuel González también mantiene un fuerte vínculo con la familia Paz. Por ejemplo, es socio con las hijas del supuesto capo narco del country Los Molinos, en la empresa Paz SRL, una sociedad nacida en 2011 pero cuya actividad real se detectó recién dos años después.