Desde el jueves por la tarde los colectivos urbanos no prestan servicio en la ciudad de Paraná. El paro, por parte de los choferes agremiados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), se fundamenta en la falta del pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a junio.
El conflicto ahora desencadenó en la decisión de las empresas Transporte Mariano Moreno SRL y ERSA (asociadas en la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Buses Paraná, concesionaria del servicio) de solicitar el procedimiento preventivo de crisis. “Lo que presentamos en la Secretaría de Trabajo es un procedimiento de empresa en crisis, que contempla suspenciones, cambios de modalidad de trabajo. Con esto se trata de adecuar a la empresa para que pueda mantener seguir conservando los puestos de trabajo y encontrar alternativas”, señaló Marcelo Lischet, gerente de la empresa Mariano Moreno, en diálogo con EL DIARIO. A lo que agregó que “para ambas empresas hay una cantidad de personal que tendría que ser desvinculado y otro que debería ser suspendido”.
Acerca de cómo continúa esta situación y la posibilidad de que se levante el paro, el empresario sostuvo: “La Secretaría de Trabajo tiene que notificar a la UTA y en teoría tendría que estar levantando la medida de fuerza, porque una vez notificado la ley prevé que no se puede seguir con medidas de fuerza”, e informó que “dentro de los cinco días se llama a las primeras audiencias para ver qué se puede conciliar con el gremio”.
Lischet estima que de recibir el dinero de la deuda que la Municipalidad tiene con UTE Buses Paraná, que supera los $ 40 millones y se destinará a saldar el aguinaldo, el servicio volvería a funcionar. “Tenemos todos los coches a disposición para que la gente salga”, afirmó.
La incertidumbre ahora florece en torno a qué va a suceder con los 468 empleados que trabajan dentro de todo el sistema del transporte urbano de pasajeros. “De los 468 trabajadores, un 30% de ese total tendría que estar, la mitad con despido y la otra mitad con suspención”, aseveró Lischet.
“Llegamos a esta situación porque se desfazaron los ingresos de las empresas y en este momento podemos seguir prestando el servicio pactado que son 60 mil kilómetros mensuales, que con los ingresos que tenemos no nos alcanza para hacerlos, por tenemos que manejar todas las alternativas para que sea viable la prestación”, y aseguró: “La crisis es más profunda que solamente el aguinaldo”.
Hugo Ruíz, gerente de ERSA, dijo a El Once, que con esta solicitud, la unión de empresas busca “ver cómo salimos de esta disyuntiva del servicio, al no tener los ingresos correspondientes, se torna complicado el cumplimiento del servicio. Por lo tanto, hay que ver cómo se cumple con el servicio en esta situación tan difícil”, y añadió que no han tenido respuesta sobre la cancelación pendientes de pago que significaría poder hacer frente al medio aguinaldo de los empleados. “Es una suma de 45 millones de pesos y para abonar el aguinaldo, necesitamos unos $ 14 millones, que es lo que no hemos podido pagar. Hemos tenido comunicación con la Municipalidad y estamos a la espera de los expedientes. Todo lo que ingrese por esa parte, va directamente a pagar medio aguinaldo‘, remarcó.
Además, desde ERSA no descartan que en la capital entrerriana se repita la situación ocurrida en otras provincias, como en Córdoba, donde la empresa propuso abrir una etapa de retiros voluntarios, flexibilizar el vencimiento de las obligaciones salariales, realizar suspensiones rotativas de personal sin goce de haberes y establecer durante el período de 12 meses un 50 por ciento de los importes de los salarios como sumas no remuneratorias, entre otras medidas.