El titular del MPA cumplió este jueves con la obligación de informar a los legisladores de ambas Cámaras y tanto durante su exposición oral como cuando fue interrogado por diputados y senadores mencionó a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), anteriormente Registro Nacional de Armas de la República Argentina (Renar).
Baclini comentó que “como fiscal por ejemplo me parece importante saber, como fiscal, qué personas con nombre y apellido están autorizadas a tener 22 armas”.
Destacó que sin datos registrados del circuito legal de armas resulta más difícil combatir los circuitos ilegales, sobre los que -admitió- “no tenemos certezas en cuanto el origen de las armas”.
El diputado Carlos del Frade (Frente Social y Popular) y su par Héctor Caballero (Partido del Progreso Social) le preguntaron al jefe de los fiscales el porqué del aumento de armas en manos de los delincuentes, una duda que Baclini no pudo responder. Subrayó que hay investigaciones en marcha y dejó algunas pistas.
Dijo que en depósito judicial y en manos del MPA hay “muchas, muchísimas” armas, lo que constituye un potencial riesgo.
Describió un “muy lento y burocrático” trámite para la destrucción de las armas y si bien admitió que parte de ellas constituyen pruebas en procesos judiciales, aseguró que a lo largo de su gestión se han acumulado 1.300 pistolas de calibres 22, 9 y 38 milímetros.
El titular del MPA habló en el recinto de la Cámara de Senadores, aunque en las bancas hubo bastantes más diputados. Los representantes de los departamentos se contaban con los dedos de una mano y en cambio fueron alrededor de una docena los miembros de la otra Cámara.
El fiscal general brindó una exposición que duró bastante más de una hora y media y dejó un informe que cuenta con 65 páginas. Contiene datos estadísticos, cuadros sobre las tareas del MPA, con detalles sobre lo que ocurre en cada una de las cinco fiscalías regionales.
Entre otros datos, dijo que aumenta el número de detenidos en un 16,2% desde 2017 a 2018 y que si se compara 2014 con 2018 la suba es del 39,2%. En aquel eran 4.560 los presos y el año pasado llegaron a 6.346. De ellos están entre rejas y fueron condenados solo el 55%.
En cuanto a los presos federales en el último año se contaron 732% y “en un 99,9% de los casos” corresponden al narcotráfico.