La comisión de Acuerdos que en la Legislatura santafesina integran diputados y senadores- emitió un dictamen por unanimidad, aconsejando la suspensión por 180 días del fiscal rosarino Gustavo Ponce Asahad. La medida incluiría el descuento del 50 % de su haber, tal como establece la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación.
Extensa reunión de comisión en la Legislatura santafesina
Acuerdos propone suspender al fiscal Ponce Asahad de Rosario
Marcelo Manera Imputaron a Ponce. El fiscal rosario Gustavo Ponce Asahad (centro) fue imputado por delitos vinculados con la denuncia del empresario de juego Leonardo Peiti de haberle exigido importantes sumas de dinero a cambio de protección judicial. En una audiencia, que tuvo un largo cuarto intermedio, los fiscales Gisela Paolicelli y Matías Edery le imputaron de exacciones ilegales, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y pedirán que quede en prisión preventiva. La sospecha que recayó en Ponce Asahad surgió de conversaciones halladas en el celular de un miembro de la red de juego clandestino y extorsión urdida por Los Monos y de la que Peiti fue acusado como miembro. 6:24
Además la comisión le solicitó la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, la urgente convocatoria a la sesión conjunta de ambas cámaras para votar el dictamen y hacer efectiva la suspensión del cuestionado funcionario. La decisión siguió a largas discusiones sobre los pasos a dar, tras el escándalo desatado en Rosario por los vínculos investigados entre el funcionario y el juego clandestino manejado por "Los Monos".
La reunión de la comisión comenzó con la presencia del fiscal general Jorge Baclini y la auditora del MPA, María Vranicich, quienes dieron explicaciones -reservadas- sobre lo ocurrido internamente en el ministerio. El diputado radical Fabián Bastía será instructor de la causa en la que se debatirá una posible destitución.
La auditora Vranicich dijo a los periodistas, tras el encuentro con los legisladores, que en el caso del fiscal Ponce Asahad, su actuación ha terminado en tanto es ahora el Poder Legislativo quién debe considerar su situación. Indicó que el ámbito de la auditoría del MPA a su cargo, solo continuará el sumario administrativo iniciado contra un empleado, que también fue acusado en la causa judicial contra los fiscales.
Explicó que lo mismo ocurre con el caso del ex fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, ya que al presentar su renuncia la cuestión debe dirimirse sólo en el ámbito del Poder Judicial. La inhabilitación por 10 años prevista por la ley que creó el MPA no puede ser aplicada porque su salida del órgano la Acusación ha sido una decisión personal, una renuncia, y por lo tanto no podrá ser impuesta esa sanción supletoria por parte de la sesión conjunta de ambas Cámaras.
El fiscal general, Jorge Baclini, prefirió no formular declaraciones y dejó que hablara la auditora. En la opinión del titular del MPA "los fiscales tienen poder", pero también están bajo "el control permanente de los jueces" que llevan adelante las causas en que éstos actúan, según sus declaraciones a un medio periodístico local. Baclini dijo que el control directo del desempeño de fiscales y defensores por parte de la Legislatura puede significar "alguna forma de presión" sobre los fiscales, frente a una investigación que roce a dirigentes políticos.
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