El Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara de Diputados de Santa Fe -creado en agosto pasado en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales- comenzó a desarrollar sus actividades. Las primeras reuniones fueron con representantes de la justicia y otros organismos de la provincia. Ya lo hicieron con el Procurador de la Corte Suprema, Dr. Jorge Barraguirre, y con el Presidente de la Corte Suprema, Dr. Rafael Gutierrez. Asimismo en los próximos días Martínez tiene planeado reunirse con el Secretario de Justicia Gabriel Somalia y con Raúl Lamberto, Defensor del Pueblo de la provincia.
En este marco el próximo miércoles 21 a las 19 hs por la plataforma Zoom se realizará una videoconferencia sobre la ley nacional de Derechos y Garantías de las Víctimas. Para el mismo se convocó a Asociaciones Civiles, entidades intermedias, Colegios de profesionales, legisladores, representantes de Municipios, Comunas y Concejos Deliberantes de la provincia. Los disertantes serán el Dr. Daniel Roggero, la Dra Donata Chesi y el Dr Cesar Mayer, todos ellos integrantes de la Asociación Civil Usina de Justicia -reconocida ONG a nivel nacional-, y participará también el Dr. Ramiro Gutiérrez, especialista en Seguridad Ciudadana y Psicología Criminal con una vasta trayectoria, quien es actualmente diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La reunión contará con la presencia del Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja Pablo Farías.
Sobre el mismo, el legislador expresó que “ en esta primera etapa del Observatorio creemos necesario el fortalecimiento de los vínculos con las instituciones relacionadas con los derechos y garantías de las víctimas en todos los ámbitos y en todos los poderes. Es por eso que estamos manteniendo reuniones con los diversos actores que tienen que ver con este tema. En ese marco también debemos prestar mucha atención a la existencia de legislaciones que se han dado en un grupo de provincias como Bs As, donde a partir de la participación ciudadana de las vícitmas a través de las Asociaciones, a partir de los Colegios de profesionales y de los expertos se ha podido avanzar en una ley provincial que garantiza la ampliación de derechos y de la participación de las víctimas de delitos y sus familiares en el proceso. Por eso van a ser sumamente esclarecedores los testimonios de los disertantes de esta reunión”.
Además sostuvo que “en nuestro país, la ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, existe desde 2017. A través de ella se da participación a las víctimas o sus representantes, dejando claro que es necesario fortalecer las instituciones a la hora de reconocer los derechos humanos de este actor olvidado del proceso. Estamos convencidos de que el Observatorio de las Víctimas de delitos es un instrumento importantísimo a la hora de fortalecer el acceso de las víctimas y sus familiares a la justicia. El desafío es que la balanza de la justicia se equilibre en favor de las víctimas, y que la asistencia y protección de las mismas se convierta en una política de Estado”.
Cabe señalar que el Observatorio de la Cámara de Diputados de Santa Fe tiene por objeto velar por el efectivo cumplimiento de la Ley N° 27372, cooperando activamente en lo concerniente a la investigación, monitoreo y seguimiento de asuntos relacionados con las víctimas de delitos y con la finalidad de arribar a diagnósticos eficaces que permitan el diseño de políticas públicas preventivas.
Es un órgano de investigación, monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas de delitos, sus familias y entornos, y tendrá como principales funciones participar en la elaboración de proyectos de ley que involucren los derechos de las víctimas de delitos. Además articulará acciones relacionadas con la difusión, promoción y protección de los derechos de las víctimas con las organizaciones de la sociedad civil y la totalidad de los poderes del Estado para hacer efectivo el reconocimiento de sus derechos. También será su función promover los protocolos de trabajo y manuales de procedimiento que contribuyan a la mejor articulación de las áreas y dispositivos destinados a la prevención, la asistencia y la reparación jurídica, anímica y social de las víctimas.