"Necesitamos un diálogo profundo, urgente, transversal, para afrontar una situación muy concreta como es frenar los contagios, y avanzar, con recursos, en una batería de políticas de asistencia económica a los afectados por las restricciones". Así concluye un documento emitido por los bloques de senadores y diputados de la Unión Cívica Radical tras una reunión realizada este jueves en Legislatura para evaluar el impacto de las últimas medidas anunciadas por el Gobierno de la Provincia -Decreto N° 386- y aspectos relacionados a la segunda ola de la pandemia del Covid 19.
Como corolario los legisladores elaboraron un petitorio a Omar Perotti basado en tres ejes: cuestión sanitaria, situación económica y distribución de recursos a gobiernos locales. La reunión fue encabezada por los jefes de bloque: Felipe Michlig y Maximiliano Pullaro. Estuvieron presentes los senadores Rodrigo Borla y Leonardo Diana; los diputados Marcelo González, Fabian Bastia, Jimena Senn, Silvana Di Stefano y Sergio Basile. Los restantes siguieron la reunión de manera virtual.
La nota en cuanto a la vacunación requirió que sea "más uniforme ya que existe una diferencia porcentual entre los distintos departamentos. En algunos, se vacunó el 20% de la población objetivo, en otros ya se superó el 35% siendo que son regiones en rojo por la gran cantidad de contagios". Aclararon que "vemos que la Ministra de Salud, Sonia Martorano, oportunamente tomó nota de este reclamo y esa diferencia porcentual se va achicando". Ante la faltante de vacunas pidieron gestiones propias de compra o bien con la Región Centro.
El radicalismo requirió intensificar la campaña de vacunación con un criterio más preciso en las distintas franjas determinadas, priorizándolos a ciudadanos que tienen edad avanzada y/o comorbilidades que aún no han sido contemplados, ni convocados, pese a estar inscriptos, lo cual es preocupante porque son personas con mayor grado de riesgo.
También pidieron mayor cantidad de testeos y se asegure mayor presencia policial para controles en rutas y en accesos, y para fortalecer operativos de los gobiernos locales.
El documento insistió con la refuncionalización y jerarquización de los Comités de Emergencia Departamental "que han demostrado ser una eficaz herramienta de coordinación y de conocimiento territorial para tomar las mejores decisiones en relación con la pandemia". Se habla del mal estado de la infraestructura hospitalaria en general, falta de recursos humanos y el mal estado de las ambulancias, muchas en estado obsoleto. También se propuso que el Gobierno analice la posibilidad de implementar el boleto gratuito para trabajadores de la salud pública.
Los legisladores radicales repararon en la imperiosa necesidad de brindar asistencia a sectores afectados por la pandemia. Advirtieron que "en solo un año el PBI cayó un 9,9% pero para algunos sectores tal caída fue de mayor gravedad: hoteles y gastronomía cayó un 49%. transporte 17%, construcción 22% y servicios comunitarios un 38%. En este punto exigieron que se operativice la aplicación de la Ley N° 14.009 sancionada en octubre del año pasado y promulgada por el Poder Ejecutivo.
Explicaron que la Ley de Emergencia provincial al sector turístico y otras actividades, establece diferimientos, prórrogas y exención de impuestos, readecuación de la metodología de factores de servicios de energía eléctrica y agua y otorgamiento de subsidios o aportes no reintegrables hasta un monto de $ 500.000 por beneficiario, además de líneas de crédito, hasta el 30 de junio 2021, otorgando la facultad de prorrogar por 6 meses. Además, crea el Fondo de Asistencia Financiera específico por $ 800 millones.
Otra cuestión directamente vinculada a la pandemia que los legisladores reclaman al Gobierno Provincial es "la escasa distribución de los recursos creados por Ley N° 13.978, -Fondo COVID para municipios y comunas-. Ya con el avance de la segunda ola, la provincia solo transfirió $ 884 millones, menos del 30% de los $ 3000 millones aprobados por dicha Ley para atender necesidades derivadas de los efectos de la pandemia y emergencia sanitaria, social y alimentaria".
Los legisladores radicales manifiestan que "el petitorio pretende poner sobre la mesa los problemas que venimos señalando desde hace meses, que se agravaron, y que la provincia no está atendiendo en la medida deseada. También brindamos las herramientas a nuestro alcance por la importancia de empoderar con recursos a los gobiernos locales, y la urgencia de asistir económicamente, con eficiencia y un criterio de solidaridad, a los sectores afectados por las restricciones".
La Unión Cívica Radical tiene entre ambas cámaras el mayor número de bancas en Legislatura y una fuerte representación en municipios y comunas con unos 150 jefes locales propios. Más allá de los divisiones internas, siete senadores más 11 diputados que están en el Frente Progresista y otros dos con ese origen y que están en Juntos por el Cambio son afiliados a la UCR.
El documento radical hace notar que la distribución del Plan Incluir no llega en un plano de igualdad para todos los municipios y comunas, estando "contaminado de favoritismos y discriminación política, según el signo partidario de los gobiernos locales".
Destaca que del total de lo distribuido -según presupuesto 2020-, el 59% de los municipios y comunas del oficialismo recibieron estos aportes, y tan solo el 11,6% de la oposición. "En cuanto a cifra por habitantes, esto significa que los gobiernos oficialistas recibieron $ 358 y los de la oposición $ 96 por personas, la relación es casi de 4 a 1", señala.
Agregan que "la ley de presupuesto actual cuenta con una partida por $ 4.000 millones para el programa Incluir destinado a municipios y comunas. En cuanto a la ley 2021 incluye un capítulo especial de Exenciones Especiales para actividades afectadas por la pandemia".