Caso Petroquímica Bermúdez: los fiscales apostaron a dejar sin efecto una resolución que ampara a los dueños de la empresa

Ignacio Pellizzón | [email protected]

La investigación por grave daño ambiental en Capitán Bermúdez, a través de la compañía Petroquímica Bermúdez (ex Electroclor), que tras un cuarto intermedio reanudó la audiencia imputativa este martes en los juzgados de San Lorenzo, no dejó muchas novedades con respecto a la causa.

Pero, sin embargo, sí pudieron dejar expuestos sus argumentos los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra sobre por qué creen que el juez Carlos Andrés Gazza debería dejar sin efecto la resolución dictada anteriormente por el magistrado, Juan José Tutau, que extingue la acción penal contra los dueños de la firma y que aún sigue vigente.

Según informaron a El litoral fuentes ligadas a la investigación, los fiscales –únicos oradores en la audiencia- explicaron sus motivos por los cuales creen que los dueños de la ex Electroclor, el empresario Sergio Tasselli, su hijo Máximo y su yerno Matías Gallego, representados por el abogado Mariano Cúneo Libarona, deberían ser imputados en la causa.

Tanto para Schiappa Pietra como para Edery, los dueños de la compañía tienen responsabilidad al tratarse de una causa de daño ambiental, que afecta al interés público y que no se la puede extinguir, haciendo una clara alusión a la resolución del juez Tutau que impide la imputación de los mencionados.

Mientras el actual juez, Carlos Andrés Gazza, evalúa su decisión, la próxima audiencia está fijada para el 11 de mayo. Allí, todas las partes, contestarán sobre cada una de las pruebas que se fueron presentando por las distintas partes a lo largo de los últimos meses.

Por ahora, solamente dos de los cinco implicados quedaron formalmente imputados. Se trata del exfiscal regional, Patricio Serjal, y el Fiscal de Estado adjunto Gustavo Luzzini, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por encubrimiento. Y a Serjal por omisión de persecución. A los titulares de la ex–Electroclor, los fiscales buscan que se los imputes por contaminación dolosa y perjuicio al medioambiente.

Una de las hipótesis con la que especulan Edery y Schiappa Pietra tiene que ver con los motivos que habría tenido el exfiscal regional, Patricio Serjal, para haber aceptado frenar la acción penal contra la empresa, que habría ocasionado un daño ambiental irreversible. Allí concentran la investigación.

La ONG que quiere participar

Recientemente la ONG Taller Ecologista solicitó formalmente involucrarse en la causa como tercería interesada, una figura jurídica que permite el ordenamiento jurídico justamente. La misma sería posible gracias a que en la ley general del Ambiente reconoce la posibilidad de ingresar a un proceso que ya está iniciado como un tercer interesado. De alguna manera, esta figura viene a colaborar en la investigación, a instar acciones, entre otras -siempre dentro de las atribuciones que luego otorgue el juzgado-.

La tercería fue presentada hace dos semanas y todavía está en despacho el expediente para ver qué resuelve el magistrado. Acto previo, se realizará un “traslado a las partes” para que todos “puedan dar sus opiniones” sobre la nueva incorporación y, finalmente, el juez Gazza pueda “tomar una decisión” al respecto, explicaron las fuentes a este medio.

La intención de Taller Ecologista es poder colaborar con la Provincia de Santa Fe en el control de las acciones que se están llevando a cabo actualmente en el predio de Petroquímica Bermúdez y, luego, poder avanzar en la determinación de cuál es el pasivo ambiental que quedó.

La investigación

El caso salió a la luz el 25 de marzo de 2015 cuando una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia señaló que la empresa Petroquímica Bermúdez SA incumplió los compromisos de inversiones a los que se obligó tras inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías, tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas y venenosas que exhibían deterioro por procesos de oxidación irreversibles.

Capitán Bermúdez vendría siendo contaminada por los residuos tóxicos de la ex Electroclor desde hace, por lo menos, siete años. Los desechos contaminantes, que se mantendrían a la intemperie en el terreno de la planta, lindera a Celulosa, estarían esparciendo toxicidades en el suelo, las napas y el aire.

La compañía fabricaba gas cloro como principal producto y como subproductos el hipoclorito de sodio e hidróxido de sodio. El gas cloro es un gas venenoso que también tiene características corrosivas por ser poderoso oxidante. Su inhalación en pequeñas cantidades, indica el informe, afecta las vías respiratorias al formar ácido clorhídrico con el agua de las mucosas nasales y una exposición mayor produce la muerte.

El propio municipio de Capitán Bermúdez detectó emisiones con los sensores de cloro y el 14 de enero de 2015 corroboró el mal estado de las instalaciones fijas, cañerías, compresores, motores, instrumental de control y tanques de almacenamiento de cloro, con gran cantidad de recipientes móviles para el traslado de cloro a clientes desperdigados por todo el predio, con cilindros oxidados por la sustancia corrosiva que contenían. En ese estado no es posible la producción de sustancias tóxicas debido al alto riesgo de generarse fugas de gases.

En este contexto, la empresa presentó un informe ambiental, pero la Secretaría de Medio Ambiente lo desestimó y solicitó otro sobre el pasivo ambiental de la compañía. De esta manera, el 16 de noviembre de 2016 la misma cartera provincial generó un documento sobre el estado deficiente de la empresa, que había dejado de funcionar en 2014. Se sospechaba que había presencia de residuos peligrosos. A la vez, se constató emisión de gas cloro que afectó a parte de los empleados de la firma lindera Celulosa SA proveniente de la ex Electroclor. Por esto, fue intimada al cierre seguro de su planta, pero no procedió a ello.

Cuatro meses después, el 27 de marzo de 2017, el aún gobernador de la Provincia, Miguel Lifschitz, ordenó a la Fiscalía de Estado iniciar todas las acciones que correspondiera contra Petroquímica Bermúdez para lograr el cese de cualquier actividad contaminante que constatara.

Esto derivó en una denuncia penal que tomó el fiscal de San Lorenzo, Juan Carlos Ledesma, que en septiembre de 2018 allanó el predio de Petroquímica Bermúdez SA. La intervención de un perito a instancias de Fiscalía de Estado, el ingeniero Andrés Salum, verificó graves problemas: bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.

Ledesma avanzó hacia una imputación, pero recibió a último momento la directiva del ex fiscal regional para favorecer a los implicados con un criterio de oportunidad que extingue la acción penal.

La idea que moviliza a los fiscales contra Serjal es que éste utilizó la decisiva influencia emanada de su cargo para no perseguir un delito gravísimo de contaminación constatada para la salud humana y el medio ambiente.

Cabe señalar que la empresa tiene presentado un plan de desgasificación que, con algunas sugerencias y observaciones, fue aprobado por el ahora Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y cuyas tareas ya iniciaron.