Venom, la polémica arma que emplea la Policía de Colombia contra los manifestantes

Las protestas mayoritariamente pacíficas contra el Gobierno de Iván Duque en Colombia, han dejado también varias escenas de guerra urbana. Los violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías el pasado fin de semana en Popayán fueron particularmente perturbadores, con una ciudad iluminada de madrugada por los fuegos que aún ardían, tanquetas que embestían civiles a toda velocidad y policías antidisturbios que utilizaban un sofisticado sistema de lanzamiento múltiple de cohetes.

Sobre el asfalto de Popayán murió ese viernes otro joven manifestante. El estudiante Sebastián Quintero Munera, de 23 años, sufrió el impacto en el cuello de una granada aturdidora lanzada por los antidisturbios. A raíz de esa muerte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado para que el Estado de Colombia respete la vida y los derechos humanos, y advirtió sobre el uso indiscriminado de armas consideradas “menos letales” por las fuerzas públicas. Ese uso, sostiene la CIDH, debe desaconsejarse por la imposibilidad de controlar la dirección del impacto y sus efectos.

Es el sistema Venom, cuestionado por varias organizaciones. Human Rights Watch ya había denunciado el uso de ese artefacto para dispersar multitudes y había corroborado que también en Bogotá la fuerza pública ha usado tanquetas con esos proyectiles dirigidos a manifestantes.

“No conocemos antecedentes del uso de este lanzador de proyectiles múltiples en ningún otro país de América Latina”, afirma José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “Se trata de un arma con efectos indiscriminados y que, por lo tanto, es completamente inapropiada para manifestaciones pacíficas o mayoritariamente pacíficas. Además, la policía colombiana está empleando esta arma de forma peligrosa. Los cartuchos de gas lacrimógeno y aturdidoras siempre deberían dispararse de forma parabólica, y no de forma directa contra los manifestantes, como está ocurriendo en Colombia”, señala. Aunque son consideradas armas “menos letales”, emplearlas de esta forma es riesgoso y podría causar lesiones graves e incluso muertes, alerta.

El sistema Venom puede diseminar grandes cantidades de sustancias químicas irritantes en un área amplia casi al instante. Utilizarlo en zonas residenciales, y durante la pandemia, puede ser especialmente peligroso, advierte la Omega Research Foundation, con sede en Inglaterra, que investiga la fabricación y el comercio de armas y su uso en violaciones de derechos humanos. La organización coincide en que “el uso de estas armas en la aplicación de la ley no es necesario desde el punto de vista táctico y tiene, por naturaleza, un efecto indiscriminado”.

En una respuesta al Congreso, el ministerio de Defensa ha detallado que el sistema Venom, compuesto por 30 tubos lanzadores, cuesta 118.000 dólares, y cada cartucho, que puede producir estruendos, destellos o efectos lacrimógenos, otros 71 dólares. “El lanzamiento es parabólico, por lo tanto, no se produce un impacto directo”, ha defendido la policía nacional, que asegura que está contemplado en los protocolos internacionales. La idea es que el cartucho estalle en el aire y no golpee a las personas, pero en muchos de los videos no se observan esas precauciones.

Aunque el Venom es una novedad en esta oleada de protestas, las armas teóricamente “no letales” de las fuerzas de seguridad colombianas ya han sido cuestionadas en otros sonados episodios de uso excesivo de la fuerza. En las manifestaciones del 2019, un proyectil de los antidisturbios mató durante una marcha pacífica en el centro de Bogotá al estudiante de bachillerato Dilan Cruz, y el pasado septiembre dos patrulleros sometieron al estudiante de Derecho Javier Ordóñez a incesantes descargadas de taser a pesar de sus súplicas, en unas imágenes que desataron la ira ciudadana. Ordóñez murió después bajo custodia policial, víctima de múltiples torturas, y ese crimen provocó dos noches de disturbios en la capital colombiana.

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La controversia por el lanzador de proyectiles forma parte del debate más amplio sobre la brutalidad policial que ha dominado la discusión pública en las últimas semanas. Los abusos de los uniformados llevaron a que tanto el Senado como la Cámara de Representantes citaran el lunes y martes sendos debates de moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano, por “el tratamiento de guerra que se le ha dado a la movilización social”. La Procuraduría ha informado que adelanta 71 indagaciones contra integrantes de la policía por presuntas violaciones de derechos humanos, mientras que HRW ha recibido denuncias creíbles sobre 55 muertes desde que comenzaron las protestas el pasado 28 de abril. Las evidencias indican que la fuerza pública sería responsable de 14 homicidios.

También se produce en medio de una oleada de críticas externas a Colombia por la represión, que provocaron la renuncia de la canciller. Como parte de los múltiples reparos que ha ventilado la comunidad internacional, más de medio centenar de congresistas estadounidenses enviaron una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, en la que le pedían a la Administración de Joe Biden suspender la asistencia a la policía de Colombia. “Las fuerzas de seguridad de Colombia, especialmente su Policía Nacional, están más desatadas de lo que jamás hemos visto: cientos de videos ciudadanos muestran el uso agresivo e indiscriminado de armas letales y no letales contra ciudadanos en formas que violan tanto la ley colombiana como las normas internacionales de derecho humanos”, aseguran.