La ortodoxia económica es siempre implacable sobre los libros contables. Y si bien carece de oportunidad sociopolítica para demostrar eventuales eficacias, demanda en cualquier caso esfuerzos argumentales que la argentina políticamente dominante suele esquivar a favor de los desequilibrios que la condenan.
"La estrategia de equilibrar las cuentas públicas a medida que la economía crezca está condenada al fracaso", asegura un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). Para el centro de estudios que dirige Jorge Colina, "el desorden del Estado cercena el crecimiento".
Según el "sendero fiscal" que trazó Martín Guzmán ante los gobernadores, la Argentina tendrá déficit hasta 2026 inclusive, plazo que el FMI no consiente. Y si bien el presidente Alberto Fernández insiste en que a la economía argentina se le permita crecer para pagar, el ministro no ofreció estimaciones de crecimiento del PBI o datos de superávit comercial, ni esquemas de tasas de interés.
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"El gradualismo fiscal lleva a alta inflación y estancamiento", afirma Idesa. Y lo argumenta: "el Estado absorbe ahorros privados con bonos públicos para financiar el exceso de gasto y el Banco Central con Leliq y pases para contener el impacto inflacionario de la emisión monetaria.
"Esto -dice- deja sin financiamiento a la producción lo que hace imposible que la economía se encamine hacia una senda de crecimiento. Por el contrario, es el ordenamiento del Estado lo que traerá la estabilidad de precios, incentivando a que los ahorros dejen de fugarse para ser canalizados a financiar la producción y el crecimiento".
En orden a los objetivos propuestos, sobran las preguntas después de la última exposición pública de Guzmán. El rojo del Sector Público Nacional estaría en el orden del 3% y habría alcanzado un punto más a no ser por el "regalo" de los U$ S 4.334 millones en DEG del FMI en 2021. El déficit es "endémico" según Idesa en base a datos del ministerio de Economías.
"Entre 1961 y el 2019 (antes de la pandemia) los ingresos públicos fueron del 24,3% del PBI promedio anual; el gasto público total fue de 29,0% del PBI promedio anual y en las últimas 6 décadas sólo el 85% del gasto se pagó con ingresos públicos, mientras que el 15% restante fue gasto en exceso". La deuda -cuando no la inflación- se contrae para financiar ese "agujero".
Más allá de la deuda de U$S 44 mil millones que se renegocia con el FMI, Idesa advierte que "el Estado nacional tiene una deuda pública total de U$S 350 mil millones, la cual creció en U$S 30 mil millones en los dos últimos años y la deuda con el FMI representa apenas un 12%. En otras palabras, el problema del endeudamiento público argentino trasciende con creces el tema del FMI".
Sostiene Idesa: "es inconsistente el planteo de que los desequilibrios se pueden corregir gradualmente esperando que el crecimiento económico aumente los ingresos públicos para financiar el exceso de gasto. Esto es lo que hizo el gobierno anterior financiando el exceso de gasto (supuestamente transitorio hasta que la economía crezca) con endeudamiento externo".
Según la Oficina Nacional de Presupuesto, acumularon a noviembre de 2021 -desde enero del pasado año- un total de 1.2 billón de pesos, lo que representa un 2,7% del PBI. El atraso tarifario eléctrico es el principal componente de ese rojo fiscal y es, además, factor de tensión entre la política kirchnerista y las demandas del Fondo Monetario. El resultado primario del total del sector público nacional es equivalente a los subsidios; si se añaden lo que se pagó de deuda en los primeros 11 meses, el acumulado es un rojo de ,99 billón.