Como ciudadano y consumidor, las personas gozan de diversos derechos que muchas veces no se cumplen y no se exigen debido al desconocimiento. En Argentina, los derechos están protegidos por la Ley 24.240.
Las leyes existen para proteger y garantizar un trato justo en las relaciones de consumo.
Como ciudadano y consumidor, las personas gozan de diversos derechos que muchas veces no se cumplen y no se exigen debido al desconocimiento. En Argentina, los derechos están protegidos por la Ley 24.240.
Para el servicio de colectivos, de acuerdo con la ley, en horarios nocturnos comprendidos entre las 22:00 y las 6:00, así como en días de tormenta o lluvia, las personas pueden tomarlos en cualquier esquina, incluso si no coincide con una parada establecida. Esta disposición también se aplica a aquellos ciudadanos que tienen alguna movilidad reducida, garantizando su acceso al transporte público.
Por otro lado, muchas personas desconocen una norma relacionada al suministro de agua potable en bares y restaurantes de la provincia de Santa Fe. Según la Ley de Jarras sancionada en 2020 por la Legislatura provincial, los clientes tienen el derecho de solicitar un vaso o jarra con agua potable de la red de forma gratuita, independientemente de las otras bebidas que consuman y paguen. Los establecimientos están obligados a servir agua de red de manera gratuita.
En cuanto a la adquisición de productos o servicios, es esencial tener en cuenta algunos derechos básicos.
Toda oferta realizada por un proveedor de bienes o servicios forma parte del contrato y debe ser cumplida. Además, los consumidores tienen derecho a recibir una factura o ticket fiscal como comprobante de su consumo, y el precio anunciado en vidrieras, góndolas o páginas web debe ser el precio final si se paga en efectivo, con tarjeta de débito o en una sola cuota con tarjeta de crédito.
La ley también establece que todos los productos y servicios tienen una garantía legal. Para productos nuevos, el plazo de garantía es de 6 meses, mientras que para productos usados es de 3 meses. El comercio puede ofrecer una garantía extendida, pero nunca menor a la establecida por ley. En caso de ser necesario trasladar el producto a un taller o fábrica, los gastos de transporte corren por cuenta del responsable de la garantía.
Además, se prohíbe la venta atada, lo que significa que los comercios no pueden obligar a los clientes a adquirir otro producto o servicio para obtener el que desean.
En el ámbito de las compras por internet, quienes adquieran un producto tienen un plazo de 10 días desde la recepción del producto para cancelar la compra y solicitar la devolución del dinero.
En el caso de las tarjetas de crédito, es importante saber que a quienes le debitaron consumos automáticamente o aparece en el resumen de la tarjeta un consumo que no se realizó, se puede hacer el desconocimiento dentro de los 30 días de recibido el resumen. También, pueden dar de baja la tarjeta informando al banco o emisor por el mismo medio en que fue solicitada, incluso si tienen una deuda pendiente.
El resumen de la tarjeta debe ser claro y preciso, indicando las fechas de cierre y vencimiento, así como los montos adeudados. Las empresas están obligadas a ofrecer la opción de pago mínimo para evitar intereses punitorios. Además, está prohibido acosar o intimidar a los consumidores por falta de pago, así como realizar llamadas repetidas a terceros para obtener información personal.
En el caso de las obras sociales y prepagas, se establece que deben garantizar el cumplimiento del Plan Médico Obligatorio (PMO) y el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Los aumentos en las cuotas deben ser autorizados por el Ministerio de Salud de la Nación, y en el caso de personas mayores de 65 años con más de 10 años de antigüedad en su obra social o prepaga, no pueden aumentarles la cuota.
En cuanto a los servicios públicos domiciliarios, como telefonía, electricidad, gas y agua, las empresas están obligadas a respetar las condiciones ofrecidas al momento de la contratación, sin utilizar publicidad o promociones engañosas. Además, deben garantizar el suministro del servicio y compensar a los usuarios en caso de interrupciones. No pueden modificar el plan contratado sin el consentimiento del consumidor. En caso de solicitar la baja del servicio, las empresas deben ofrecer un botón visible en su página web y responder dentro de las 72 horas.
Es importante mencionar que, si una persona quiere dar de baja la factura de internet y le contestan que tiene que hacerlo el mes que viene porque la factura ya cerró, es falso. La baja se tiene que tomar en el momento que la pide el cliente.
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