El líder opositor ruso Alexey Navalny, en huelga de hambre desde hace tres semanas, se encuentra "muy débil" y "no recibe" asistencia médica, denunció este martes su abogada que pudo visitarlo en prisión y pidió que fuera trasladado.
Tras varias semanas sin comer, el opositor ruso tiene una muy alta concentración de potasio en la sangre y podría "sufrir un paro cardíaco" en cualquier momento
El líder opositor ruso Alexey Navalny, en huelga de hambre desde hace tres semanas, se encuentra "muy débil" y "no recibe" asistencia médica, denunció este martes su abogada que pudo visitarlo en prisión y pidió que fuera trasladado.
"Está muy débil, casi no puede sentarse ni hablar", dijo a los periodistas Olga Mijailova, tras exigir su traslado a un hospital civil de Moscú y revivir la tensión política en Rusia, al mismo tiempo que los aliados de Navalny convocaron a manifestaciones en todo el país para mañana, día en que el presidente Vladimir Putin hará su discurso anual ante el parlamento.
En paralelo, las potencias occidentales están redoblando su enfrentamiento con Rusia a fuerza de sanciones y advertencias, que una vez más el vocero del vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó de "injerencia" y adelantó que "no pueden ser aceptadas".
El dirigente opositor, que dejó de alimentarse hace tres semanas, fue llevado ayer a una unidad carcelaria hospitalaria en Vladimir, gran ciudad ubicada al noreste de Moscú, luego que sus familiares y sus médicos afirmaran desde el fin de semana que corre riesgo de muerte.
Horas antes, varios médicos, liderados por Anastasia Vasilieva, médica personal de Navalny y líder de un sindicato opositor, afirmaron no haber podido visitarlo, como ya ocurrió cada vez que intentaron hacerlo desde su encarcelamiento a principios de marzo.
Navalny, de 44 años, tiene una muy alta concentración de potasio en la sangre y podría "sufrir un paro cardíaco" en cualquier momento, advirtieron los médicos.
El dirigente opositor dejó de comer el 31 de marzo en protesta por sus condiciones de detención, acusando en particular a la administración penitenciaria de rechazar su pedido de visita de un médico, en tanto sufre una doble hernia discal y pérdida de sensibilidad en brazos y piernas.
Fue arrestado en enero, al regresar a Rusia tras cinco meses de convalecencia en un hospital de Alemania por un caso de envenenamiento del que acusa personalmente al presidente Vladimir Putin, quien no solo negó las denuncias, sino que afirmó que Navalny no mostraba pruebas de envenenamiento cuando partió hacia Alemania.
Putin acusó varias veces a Navalny y a las potencias occidentales, principalmente Estados Unidos y la Unión Europea, de "manipular" el caso para justificar la imposición de nuevas sanciones contra Rusia, medidas que finalmente anunciaron en las últimas semanas.
Tras su primera detención al volver a Rusia, Navalny fue condenado a cumplir el resto de una vieja condena por corrupción que tenía en suspenso, ya que la Justicia determinó que había violado su libertad condicional al salir del país hacia Alemania.
El opositor denunció una politización de su caso judicial y Estados Unidos y la UE coincidieron. Desde entonces, su encarcelamiento y las condiciones de su prisión se convirtieron en un tema más de tensión entre el Gobierno ruso y la oposición, y con las potencias occidental.
La madre del opositor, Ludmila, aseguró en Instagram que la nueva colonia penitenciaria es "peor" que la anterior.
La ONG Amnistía Internacional consideró que este traslado es "un castigo disfrazado de tratamiento médico", puesto que las autoridades se preparaban para "alimentarlo a la fuerza para romper su huelga de hambre".
Todas estas denuncias fueron incluidas ayer en la agenda de una reunión de cancilleres de la UE, y el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, y el canciller británico, Dominic Raab, señalaron a las autoridades rusas como "responsables" de la salud de Navalny.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en tanto, transmitió preguntas a Moscú sobre las condiciones de detención del militante anticorrupción, inquieto por saber si son "compatibles con su derecho a la vida".
Con información de Télam