Tras cuatro días de reuniones maratonianas, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea llegaron este martes de madrugada a un acuerdo para poner en marcha un multimillonario plan de recuperación económica tras la pandemia de coronavirus.
Tras cuatro días de reuniones maratonianas, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea llegaron este martes de madrugada a un acuerdo para poner en marcha un multimillonario plan de recuperación económica tras la pandemia de coronavirus.
1. Subvenciones y préstamos por 750.000 millones
El acuerdo contempla la creación de un fondo de recuperación financiado con deuda común de 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 millones se desembolsarán en subvenciones y 360.000 millones en préstamos con el fin de ayudar a los países más afectados. La estrategia para salir de la recesión se apoyará asimismo en un presupuesto para el periodo 2021-2027 de 1,074 mil millones de euros.
2. Concesiones a los 'frugales'
Los llamados países 'frugales' --Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia-, a los que se sumó Finlandia, consiguieron que se recorte el volumen de ayudas, tener mayor control sobre las mismas y mantener sus descuentos en la contribución al presupuesto.
Se les conoce como frugales por su austeridad y estabilidad financiera. Estos países mostraron su rechazo al fondo de recuperación. Son partidarios de rebajarlo y endurecer sus condiciones de acceso, ya que sería una inversión que a ellos no les aportaría tanto beneficio como a los estados del sur de Europa.
Los grandes países, Alemania, Francia, Italia y España, como la mayoría de los Veintisiete, querían como mínimo 400.000 millones de euros en subvenciones, mientras que los frugales proponían 350.000 millones.
Finalmente, el compromiso se queda más cerca de la primera cifra, pero supone un recorte de 110.000 millones en las ayudas directas con respecto a los 500.000 millones de euros que propuso la Comisión Europea (más 250.000 millones en créditos).
3. Los recortes del fondo
La partida más importante del fondo de reconstrucción, el llamado Instrumento para la Recuperación y la Resiliencia, destinada a financiar reformas e inversiones, aumenta su dotación a 672.500 millones, pero el resto de programas del fondo sufren importantes recortes.
El de ciencia Horizonte Europa pasa de 13.500 a 5.000 millones; el de inversiones Invest EU, de 30.300 millones a 5.600; o el Fondo de Transición Justa para el clima, de 30.000 a 10.000 millones; mientras que el Instrumento de Solvencia propuesto por Bruselas para ayudar a empresas en problemas se ha eliminado.
4. Control y veto
Para contentar a Holanda, que pedía que los países pudieran vetar los planes de reforma e inversiones de sus socios, el acuerdo refuerza el control sobre la concesión de ayudas directas. Ahora, los países remitirán sus planes a la Comisión, y estos tendrán que ser aprobados también por una mayoría cualificada de los Veintisiete.
Después, a la hora de autorizar el desembolso de cada tramo de ayuda, si un país o varios tienen dudas, podrán elevar la cuestión a una cumbre de líderes, con lo que el pago se paralizará hasta que lo hayan abordado.
5. Descuentos a los 'frugales'
El acuerdo aumenta los descuentos que tienen los 'frugales' en su contribución al presupuesto por aportar más de lo que reciben, mientras que Alemania simplemente lo mantiene (en 3.671 millones de euros anuales). El de Holanda será de 1.921 millones de euros frente a 1.576 millones en la propuesta inicial, el de Dinamarca pasará de 197 a 377 millones, el de Austria de 237 a 565 millones y, el de Suecia, de 798 a 1.069 millones.
6. Estado de derecho
Se introduce por primera vez la condicionalidad ligada al Estado de derecho, a la que se oponían Polonia y Hungría (que tienen procedimientos abiertos en la UE en ese sentido), aunque el texto quedó aguado respecto a versiones anteriores.
El acuerdo apunta a la introducción de un "régimen de condicionalidad" para "proteger" el presupuesto y el fondo, para lo que la Comisión "propondrá medidas en caso de infracciones" del Estado de derecho para que las adopte el Consejo por mayoría cualificada.
También se fija por primera vez el objetivo de que el 30% del gasto del presupuesto y el fondo apoye objetivos climáticos.
Para que el acuerdo entre en vigor aún es necesario el visto bueno de la Eurocámara y de varios parlamentos nacionales.