El Litoral
El futuro político de la región española sigue encallado, pendiente de las negociaciones que están teniendo lugar entre los tres grupos independentistas que obtuvieron mayoría en las elecciones del 21 de diciembre- la coalición Junts per Catalunya (JuntsxCat), ERC y la CUP.
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Télam
La investidura del secesionista Carles Puigdemont como presidente del gobierno de Cataluña sigue lejos, a pesar de que el entorno del líder catalán avanzó este miércoles que existía un acuerdo sobre un plan para burlar a la Justicia española.
Por un lado, el principal socio de Puigdemont, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), rebajó las expectativas sobre un acuerdo inminente y, por otro, la también secesionista de Candidatura de Unidad Popular (CUP ) se mostró abierta a apoyar a un candidato alternativo.
El futuro político de Cataluña sigue encallado, pendiente de las negociaciones que están teniendo lugar entre los tres grupos independentistas que obtuvieron mayoría en las elecciones del 21 de diciembre- la coalición Junts per Catalunya (JuntsxCat), ERC y la CUP -, que no renuncian a investir a Puigdemont.
El ex presidente y actual líder de JuntsxCat, quien se encuentra en Bélgica huido de la Justicia, no puede regresar a España, porque sobre él pesa una orden de búsqueda y captura por delitos de rebelión, sedición y malversación por intentar la secesión de Cataluña de España, el año pasado.
El plan inicial era que fuese reelegido de forma "virtual", pero el Tribunal Constitucional, a pedido del gobierno español, advirtió que el acto de designación del Presidente regional, siguiendo la legislación actual, debía ser presencial.
De ahí que el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, de ERC, aplazó la sesión de investidura por tiempo indefinido con la intención de ganar tiempo para encontrar una fórmula para lograr la investidura de Puigdemont, algo con lo que Junts per Catalunya no estuvo de acuerdo.
A pesar de que el bloque mantuvo a Puigdemont como candidato, ERC marcó como "línea roja" que la investidura no implicara consecuencias penales.
Diversos medios catalanes adelantaron que JuntsxCat había llegado a un acuerdo, con calendario incluido, que contaba de tres fases.
La primera: un órgano denominado "Asamblea de Electos"- creada por los independentistas en 2016-, nombraría un "Consell de la República" con Puigdemont a la cabeza, que sería el Ejecutivo en el exilio, el 18 de febrero.
En la segunda fase, el Parlamento catalán cambiaría la Ley de Presidencia por la vía exprés, en lectura única, para permitir la investidura a distancia, mientras que una tercera etapa, Puigdemont sería investido presidente el 21 o 22 de febrero.
"Estamos trabajando en modificar potencialmente leyes que den más garantías a los diputados que van a votar" explicó hoy al canal regional catalán TV3 Elsa Artadi, vocera de JuntsxCat, quien adelantó que el acuerdo sería presentado mañana mismo.
"Evidentemente es importante investir a Puigdemont en el Parlamento de Cataluña, porque es soberano y representa la voluntad de los catalanes", subrayó la diputada, rechazando cualquier otra vía que suponga una designación "simbólica".
"Entendemos que si renunciamos a que el parlamento represente la voluntad popular estamos dando un paso atrás", añadió, si bien reconoció que los independentistas "no tenemos garantías de que las leyes no serán impugnadas por el Tribunal Constitucional".
Las expectativas, sin embargo, se enfriaron cuando el vocero de ERC, Sergi Sabriá, dijo en los pasillos del Parlamento catalán que "las conversaciones avanzan y se están tratando temas concretos".
No obstante, el diputado desmontó el calendario y calificó de "muy difícil" que se reforme la ley de Presidencia para lograr una investidura a distancia.
ERC insiste en que trabaja para legitimar a Puigdemont, lo que para el partido pasaría por reconocer que el ex presidente no regresará y, por lo tanto, tiene que haber un gobierno efectivo en Cataluña con otra persona al frente.
Precisamente, ante las dificultades jurídicas que está planteando la investidura de Puigdemont desde Bruselas, el tercer socio, la CUP, no descartó apoyar un plan B.
"No queremos subyugarnos a los mandatos del Tribunal Constitucional, pero el mundo no se acaba con una sola persona", dijo hoy la vocera del secretariado nacional de la CUP, Núria Gilbert, en declaraciones al medio digital La Xarxa.
Aunque no descartan nuevas elecciones, los anticapitalistas prefieren sacrificar a Puigdemont: "Si no puede ser presiente, pensemos en alternativas", argumentó Gilbert.