La cantidad de ayuda humanitaria que entra en la Franja de Gaza aumentará en los próximos días, informó el domingo el Ejército israelí, citando nuevos corredores que utilizan un puerto marítimo israelí y pasos fronterizos hacia el enclave palestino.
"ELa cantidad de ayuda humanitaria ha aumentado significativamente y en los próximos días seguirá aumentando", declaró el portavoz del Ejército israelí
La cantidad de ayuda humanitaria que entra en la Franja de Gaza aumentará en los próximos días, informó el domingo el Ejército israelí, citando nuevos corredores que utilizan un puerto marítimo israelí y pasos fronterizos hacia el enclave palestino.
Tras cerrar el acceso a Gaza después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra, Israel ha permitido la entrada de convoyes de ayuda en medio de la creciente presión internacional para aumentar la cantidad de suministros para alimentar a los 2,3 millones de habitantes de Gaza.
La creciente crisis humanitaria ha llevado a los socios occidentales y árabes de Israel a hacer más para facilitar la entrada de ayuda al enclave, donde la mayoría de la población carece de hogar, muchos enfrentan la hambruna, la infraestructura civil están devastada y las enfermedades muy extendidas.
"En las últimas semanas, la cantidad de ayuda humanitaria que entra en Gaza ha aumentado significativamente. En los próximos días, la cantidad de ayuda que entra en Gaza seguirá aumentando aún más", declaró en un comunicado el portavoz del Ejército, contralmirante Daniel Hagari.
Hagari explicó que el aumento de la ayuda se debe a la utilización del puerto israelí de Ashdod, así como a un nuevo paso fronterizo hacia el norte de Gaza y a más suministros procedentes de Jordania que entran por el paso fronterizo de Kerem Shalom, en el extremo sur de Gaza.
“Llevar ayuda a la población de Gaza es una prioridad absoluta, porque nuestra guerra es contra Hamás, no contra la población de Gaza", añadió. Por otra parte, la organización benéfica estadounidense World Central Kitchen informó que reanudaría sus operaciones en Gaza a partir de este lunes, un mes después de que siete de sus trabajadores murieran en un ataque aéreo israelí.
Al margen de la información anterior, en las últimas horas algunos funcionarios estadounidenses de alto rango dijeron al secretario de Estado de su país, Anthony Blinken , que "no consideran creíbles ni fiables" las garantías que ofrece Israel en cuanto a que está usando las armas suministradas por Washington de común acuerdo con el derecho internacional humanitario.
Otros dirigentes políticos, en cambio, mantuvieron su apoyo a la representación de Israel.
Según un Memorando de Seguridad Nacional emitido por el presidente Joe Biden en febrero último, Blinken debe informar al Congreso antes del 8 de mayo si considera creíbles las garantías de Israel de que su uso de armas estadounidenses no viola el derecho local o internacional. El 24 de marzo, al menos siete oficinas del Departamento de Estado habían enviado sus contribuciones a un "memorando de opciones" inicial para Blinken.
Las aportaciones al memorando ofrecen la imagen más amplia hasta la fecha de las divisiones existentes en el Departamento de Estado sobre si Israel podría estar violando el derecho internacional humanitario en Gaza.
"Algunos componentes del Departamento estaban a favor de aceptar las garantías de Israel, otros estaban a favor de rechazarlas y otros no adoptaron ninguna postura", declaró un funcionario. En un informe conjunto de cuatro oficinas se planteaba la "grave preocupación por el incumplimiento" del derecho internacional humanitario durante el desarrollo de la guerra en Gaza por parte de Israel.
La evaluación de las cuatro oficinas decía que las garantías de Israel no eran "ni creíbles ni fiables". Citaba ocho ejemplos de acciones militares israelíes que, según los funcionarios, planteaban "serias dudas" sobre posibles violaciones del derecho internacional humanitario.
Entre ellas atacar repetidamente lugares protegidos e infraestructura civil; "niveles desmesuradamente elevados de daños a civiles para obtener ventajas militares"; adoptar escasas medidas para investigar las violaciones o hacer rendir cuentas a los responsables de daños civiles significativos y "asesinar a trabajadores humanitarios y periodistas a un ritmo sin precedentes".
Otro envío al memorándum, de la oficina de Asuntos Políticos y Militares, que se ocupa de la asistencia militar y la transferencia de armas, advirtió que la suspensión del envío de armas limitaría la capacidad de Israel para hacer frente a posibles amenazas fuera de su espacio aéreo y exigiría que Washington reevaluara "todas las ventas en curso y futuras a otros países de la región".
Cualquier suspensión de las ventas de armas de Estados Unidos invitaría a "provocaciones" de Irán y las milicias alineadas, de acuerdo a la presentación, lo que ilustra el tira y afloja en el departamento mientras se prepara para informar al Congreso.
Manifestantes propalestinos fueron detenidos el sábado pasado en varios campus universitarios estadounidenses, mientras los activistas prometían mantener el movimiento que busca un alto el fuego en la guerra de Israel con Hamás, entre otras reivindicaciones.
El departamento de policía de la Universidad de Indiana, en Bloomington, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que 23 manifestantes fueron detenidos allí.
La policía estatal, junto con la policía de la Universidad de Indiana, dijo a los manifestantes que no podían montar tiendas ni acampar en el campus. Al no retirar las tiendas, la policía detuvo y trasladó a los manifestantes al Centro de Justicia del condado de Monroe acusados de allanamiento de morada y resistencia a la autoridad.
Las protestas propalestinas se extendieron a los campus universitarios de todo Estados Unidos, avivadas por la detención de más de 100 personas en el campus de la Universidad de Columbia la semana pasada.
Además de un alto el fuego, los manifestantes exigen que sus centros de enseñanza desinviertan de empresas relacionadas con el Ejército israelí y que se ponga fin a la ayuda militar estadounidense al Estado judío, así como una amnistía para los estudiantes y profesores que fueron sancionados o despedidos por protestar.
Los responsables de varias universidades han respondido la semana pasada pidiendo a la policía que desaloje los campamentos y detenga a quienes se nieguen a abandonarlos. Aunque afirman que defienden el derecho a la libertad de expresión para protestar, dicen que no tolerarán que los activistas infrinjan las políticas de los campus contra la incitación al odio o acampen en los terrenos de la universidad.
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